SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)
CCOO de Andalucía no ha participado en el acto protocolario de presentación de inicio del trámite parlamentario de la Ley de Función Pública de Andalucía porque "desconoce el texto definitivo de la Ley, porque el Gobierno andaluz no se lo ha facilitado pese a las reiteradas peticiones por parte del sindicato".
"No vamos a avalar un texto del que no conocemos su redacción definitiva ni su contenido global, teniendo en cuenta que se trata de una Ley muy importante que afecta al conjunto de los empleados públicos, y también a la igualdad y derechos fundamentales de la ciudadanía", asevera CCOO-A en una nota.
La central ha valorado que por parte del Ejecutivo se inicie la modificación de una Ley de tanta importancia para la Administración de futuro que se diseñará en Andalucía, y ha puntualizado que ha participado en los diferentes grupos de trabajo que analizaban partes de la Ley.
En cambio, CCOO-A estaba en desacuerdo con la metodología planteada por el Gobierno andaluz de "lluvia de ideas", y de hacer aportaciones sobre partes inconexas de la Ley, porque "supone no tener una visión global de las diferentes afecciones de unas partes con otras, y por tanto serias dificultades para hacer un trabajo serio y riguroso".
En ese sentido, el sindicato ha criticado que "a pesar de las reiteradas solicitudes por parte de CCOO, nunca se nos entregó el texto de la Ley completo que, entendemos, precisa de un trabajo en profundidad".
Asimismo, el sindicato ha señalado "profundas discrepancias" con la redacción inicial del texto porque considera que la Ley introduce la evaluación del desempeño desde una perspectiva punitiva y sancionadora, "de consecuencias incluso imprevistas y especialmente graves en el caso de interinos y personal laboral, cuando el espíritu debería ser de impulso, motivación y mejora del servicio que se presta".
Igualmente, ha criticado que el ámbito de aplicación de la Ley sólo traslada obligaciones al personal propio de las entidades del sector público instrumental, sin mejorar ni homogeneizar sus condiciones laborales.
De otro lado, CCOO-A también discrepa con el lenguaje del texto que califica de "desconsiderado con los empleados públicos del sector público instrumental y su consideración refrendada por el Tribunal Constitucional".
Igualmente, la central habla de "serias deficiencias en cuanto a los ámbitos de negociación colectiva, lo que supone recortes y deficiencias que se van a perpetuar en el tiempo"; y de que "no universaliza la carrera profesional, que baja el nivel de la aprobación de las Relaciones de Puestos de Trabajo del Consejo de Gobierno a la Consejería competente en materia de función pública".
CCOO-A ha aseverado que esperará conocer el texto definitivo en el trámite parlamentario para poder hacer una valoración rigurosa, y ha adelantado que, en cualquier caso, "defenderemos una Ley de Empleo Público acorde con los retos que plantea el futuro, entre los que deben estar ineludiblemente la mejora en la atención a la ciudadanía, el interés general, la calidad de los servicios públicos y por supuesto la mejora de las condiciones laborales del conjunto de las empleadas y empleados públicos".
SAF CRITICA QUE NO SE HAYA TENIDO EN CUENTA
Por su parte, el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha afeado que "en ningún momento del proceso de elaboración de este anteproyecto de Ley se ha escuchado, invitado a participar, ni oídas las sugerencias que podía aportar la organización sindical más representativa en los últimos diez años en Andalucía".
"Hasta tal punto llega este ninguneo, que la primera noticia que tenemos sobre este anteproyecto nos llegó el pasado 12 de febrero, cuando SAF es convocado a una reunión telemática, protocolaria y de urgencia a celebrar el día 15, en la que se nos explica de viva voz, durante una hora, sin documentación alguna, los puntos principales del texto del anteproyecto. Esa misma tarde, se escenifica la firma del anteproyecto", ha explicado.
Desde un primer momento, SAF ha apuntado que solicitó la participación en los grupos de trabajo "con total legitimación en base a su representatividad", pero se "desoyen por completo y siempre con el argumento de dar cabida en exclusividad en estos grupos a los sindicatos de Mesa General".
SAF ha apuntado que cuando tengan acceso al documento, podrán valorarlo en su integridad, pero "mucho se temen de la existencia de preceptos incursos en causa de inconstitucionalidad, por la negativa de querer negociar con los funcionarios, o en discrepancias con la normativa básica del Trebep".
"Estaremos muy atentos a lo que nos depara esta nueva ley que se prepara para los funcionarios, sin contar con ellos y no regatearemos esfuerzos para que nuestra opinión y experiencia sean escuchadas, por el bien de la ciudadanía en general", ha concluido.
