Los profesionales que conforman las plantillas de estos centros y los representantes de las entidades que los gestiona participaron en esta protesta desarrollada a las puertas de sus respectivas sedes para reclamar al Gobierno andaluz una mejora de la financiación, tras la insuficiente subida del 2,6% del coste-plaza acordada para este año.
Las entidades que gestionan estos centros consideran que este incremento “no cubre ni de lejos” los gastos que soportan, una situación que les condena al cierre ante la imposibilidad de poder mantener la prestación de estos servicios fundamentales para las personas con discapacidad.
Las entidades de la discapacidad denuncian que la deficitaria situación actual se arrastra ya desde hace una década, a la que se ha sumado el impacto durísimo de la pandemia, que ha supuesto un esfuerzo económico suplementario a las entidades para sufragar los gastos extraordinarios provocados por la crisis Covid. A todo ello se añade también la desorbitada subida de los suministros como la electricidad y el gas en los últimos meses, con aumentos de hasta el 40%, o el incremento del salario de los profesionales que trabajan en estos centros por el cumplimiento de los respectivos convenios, con un nuevo aumento a primeros de año que tendrán que afrontar sin recursos para ello.
La situación que viven estos centros es, por tanto, límite y corren el riesgo de tener que cerrar ante la imposibilidad de poder mantener la atención y tratamientos esenciales que solo se prestan a través de las entidades que gestionan estos centros, asumiendo así esta labor en lugar de la Administración. Con la actual situación consideran que es imposible sostener un servicio de calidad y dignificar a los profesionales que prestan estos servicios para mantener así un sector vital para el bienestar de las personas con discapacidad.
Por ello, las entidades que gestionan estos centros exigen a la Junta, en la negociación que mantiene abierta con sus representantes, un compromiso urgente y con perspectiva para cerrar un acuerdo que garantice la sostenibilidad financiera y la supervivencia de estos centros a medio y largo plazo.
En estos centros trabajan 1.400 personas en toda Andalucía, en su mayoría mujeres y profesionales especialistas en el tratamiento de estas personas. Además, los centros atienden a más de 12.500 personas con discapacidad y sus servicios benefician a más de 30.000 familias en Andalucía.
