ALMERÍA.- La fiscal adscrita a la Unidad de Extranjería de la Fiscalía General del Estado, Beatriz Sánchez, ha señalado hoy que la trata, en cualquiera de sus variedades, es la “esclavitud del siglo XXI”. “Quienes conocemos esta realidad y llevamos muchos años en la lucha contra la trata, nos dimos cuenta hace mucho que esto no es un trabajo, sino una verdadera esclavitud, una explotación de un ser humano a manos de otro ser humano”, ha destacado.
Sánchez ha participado en un acto organizado por la Subdelegación del Gobierno de Almería por el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. En España, la trata para explotación sexual afecta principalmente a mujeres y menores, en su mayoría extranjeras. La fiscal ha resaltado, en este sentido, que la relación entre la inmigración irregular y la trata de seres humanos es “directísima”.
Beatriz Sánchez ha estado acompañada por el subdelegado del Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente, la vicerrectora de Estudiantes, Igualdad e Inclusión de la UAL, Maribel Ramírez, y la jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación, Raquel Contreras. El acto, que ha contado con una numerosa presencia de estudiantes universitarios, se ha celebrado en el Auditorio de la UAL.
La fiscal Beatriz Sánchez ha descrito la trata como “un fenómeno que consiste en arrancar a una persona del lugar al que pertenece y de sus raíces y trasladarla a otro lugar mediante violencia, intimidación, engaño o abuso de la situación de necesidad, de vulnerabilidad en la que se encuentra”. Y, aprovechando esa máxima debilidad, explotarla “en las diferentes modalidades que ya conocemos o en las posibles modalidades que puedan surgir en el futuro”, ha destacado. Es, además, un delito en movimiento, ya que implica una captación previa y un traslado.
Para combatir la trata, la fiscal ha señalado que hay tres pilares básicos: la prevención, la protección de las víctimas y una persecución penal coherente. En este sentido, ha explicado que sería necesario mejorar la penalización de la prostitución coactiva, de cualquier tipo de proxenetismo, esclavitud y servidumbre. Por otra parte, además, la fiscal ha reconocido que también es necesario que exista una mayor concienciación social, en particular hacia los potenciales clientes y consumidores de cualquier tipo de explotación.
El negocio de la trata con fines de explotación sexual mueve al día en nuestro país 5 millones de euros y se vale de las rutas de la droga y de la inmigración irregular. En Europa, este negocio ilícito genera ingresos por valor de 32.000 millones de euros anuales, 108.000 millones de euros, según los estudios de Naciones Unidas, a nivel global. Se estima, sin embargo, que estas cifras son solo la punta del iceberg, ya que las mujeres identificadas como víctimas de trata apenas llegan a un tercio del total.
La situación en Almería
Según ha señalado el subdelegado del Gobierno, Manuel de la Fuente, en Almería, por su situación geográfica y sus circunstancias socio-económicas, tiene especial incidencia la llamada “prostitución de invernadero o de cortijo”, como atestiguan las numerosas investigaciones y actuaciones llevadas a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en municipios como Huércal-Overa, Níjar, Campohermoso, El Parador, Roquetas de Mar, La Mojonera, Cortijos de Marín, Tierras de Almería o en los aledaños de Almería capital. “En todas ellas, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, han evidenciado las especiales circunstancias de precariedad y sometimiento en las que viven estas mujeres”, ha apuntado.
En los últimos años, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han desarrollado en esta provincia numerosas operaciones contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual. La Policía Nacional, por ejemplo, ha liberado en el último año a 11 víctimas y ha detenido a 35 personas por delitos de trata con fines de explotación sexual o relativos a la prostitución en las Operaciones Lealtad (desarrollada entre Almería y Marbella), Ginebra, Minotauro, Giralda, Venganza o Frozen.
Igualmente, la Guardia Civil de Almería logró, el pasado mes de abril, tras año y medio de investigación, detener a los explotadores de mujeres prostituidas en la llamada Operación Zulia-Aragua o asestar, en el año 2018, uno de los mayores golpes a la mafia nigeriana en Europa con la detención de 89 personas (de las que 43 acabaron en prisión) y la liberación de 39 mujeres. En esta operación, las víctimas, varias de ellas menores de edad, eran coaccionadas por las organizaciones bajo ritos de vudú y explotadas y obligadas a prostituirse en casas-cueva en condiciones de extrema precariedad.
Asimismo, una de las últimas operaciones de la Guardia Civil fue la liberación, en Almería, el pasado mes de febrero, de cinco menores de una red de prostitución infantil en el marco de la llamada Operación Terciaria.
“Se trata de operaciones extraordinariamente complejas que requieren meses de arduas investigaciones. No es nada sencillo desarticular una red de trata porque muchas de las víctimas tampoco se perciben como tal y, cuando lo hacen, los elementos que obstaculizan que puedan verbalizarlo o se pueda intervenir con ellas son tantos y tan poderosos, que la intervención es muy difícil y hay que buscar indicadores”, ha resaltado el subdelegado del Gobierno. Por ejemplo, estas mujeres suelen carecer de documentos o de dinero, están sometidas a una fuerte vigilancia electrónica y los establecimientos en los que “trabajan” disponen de medidas extremas de seguridad, con ventanas con dobles barrotes o puertas blindadas para que no puedan escapar.
Medidas de atención a las víctimas
De la Fuente ha explicado que la Administración cuenta con herramientas para las supervivientes de estas redes de trata. Por ejemplo, el Plan de Contingencia que se aprobó en marzo de 2020 contra la violencia de género ante la crisis del Covid-19, se amplió, días más tarde, con medidas adicionales dirigidas a víctimas de trata, explotación sexual y a mujeres en contextos de prostitución. Además, desde el Ministerio de Igualdad se promovió la inclusión de las víctimas de trata entre los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, que se puso en marcha en mayo del año pasado.
Igualmente, el Foro Social contra la Trata con fines de explotación sexual ha seguido trabajando durante todo este tiempo; se ha canalizado apoyo financiero a entidades que atienden a mujeres y niñas víctimas de trata; la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género realiza transferencias de fondos a las comunidades autónomas, que incluyen partidas presupuestarias para las víctimas de agresiones sexuales; desde 2018 está en marcha el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y, además, se está redactando la Ley Integral contra la trata de seres humanos, que verá la luz en unos meses.
Por su parte, en su intervención, la vicerrectora de Estudiantes, Igualdad e Inclusión de la UAL, Maribel Ramírez, ha señalado que, ante temas como el de la trata de mujeres con fines de explotación sexual, la universidad “no puede ni debe adoptar una postura de imparcialidad” porque, por encima de todo, “debe prevalecer la defensa de los derechos humanos”.
