viernes. 19.04.2024

Exinterventor de El Ejido niega cobro comisiones y tacha de "consentida" su labor empresarial

El ex interventor municipal de El Ejido (Almería) José Antonio Alemán ha indicado al tribunal del macrojuicio de 'Poniente' que su actividad empresarial al frente de Sistemas de Dirección SL con la que habría facturado más de siete millones de euros entre 2002 y 2009 por "asesoramiento" a subcontratas de la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur) en la que además figuraba como consejero era "conocida y consentida" por "las corporaciones municipales" y por el exalcalde Juan Enciso, quien, según Anticorrupción, "hacía la vista gorda".

ROQUETAS DE MAR.- El ex interventor municipal de El Ejido (Almería) José Antonio Alemán ha indicado al tribunal del macrojuicio de 'Poniente' que su actividad empresarial al frente de Sistemas de Dirección SL con la que habría facturado más de siete millones de euros entre 2002 y 2009 por "asesoramiento" a subcontratas de la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur) en la que además figuraba como consejero era "conocida y consentida" por "las corporaciones municipales" y por el exalcalde Juan Enciso, quien, según Anticorrupción, "hacía la vista gorda".

Alemán, quien ha declarado frente a una mesa repleta de documentación que no ha cesado de consultar a lo largo del interrogatorio, ha respondido con un escueto "no" a pregunta directa del fiscal Jesús Gázquez sobre si "cobró comisiones a través de Sistemas de Dirección" por "facilitar" supuestamente las "relaciones comerciales" entre las subcontratas y Elsur, sociedad con la que se habrían detraído 71,5 millones de euros de las arcas públicas de El Ejido a través de "sobrefacturación" por parte de este entramado.

"Eso queda clarísimo; no he cobrado ni un solo euro del Ayuntamiento de El Ejido ni de Elsur", ha dicho después cuando la Abogacía del Estado le ha preguntado si Sistemas de Dirección, empresa de la que era administrador único, "cobraba en definitiva" del ayuntamiento ejidense "a través de las concesionarias". Al tiempo, ha rechazado otra de las imputaciones, "haber ayudado a cualquier empresa a tener relaciones comerciales con Elsur".

A lo largo de un interrogatorio que ha abarcado la totalidad de la séptima sesión de la vista oral y que ha discurrido en un tono bronco en ocasiones, lo que ha obligado a intervenir a la presidenta del tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, Társila Martínez, para reconducir, el exinterventor ha afirmado que podía "compaginar" sus cargos en el Ayuntamiento y Elsur con la actividad privada empresarial "trabajando muchas horas".

Al hilo de esto, ha dicho tras escuchar la relación de gastos cargados a Sistemas de Dirección que revelan que llevaba un alto tren de vida que estos tenían carácter "profesional". "¿De gran lujo?", le ha preguntado la Abogacía del Estado tras referir un crucero de 177.000 euros; su boda en el Hotel Ritz por 110.000 euros, viajes a "Berlín, Roma, Galicia o París" con algunos de los acusados o los alojamientos en hoteles de más de cinco estrellas, a lo que Alemán ha contestado: "Después de trabajar 20 horas diarias era lo mínimo".

Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción sostiene que, a "cambio de prebendas económicas", Alemán, como exinterventor y a la par vocal del Consejo de Administración, hizo "caso omiso" junto al exalcalde Juan Enciso "de sus obligaciones de fiscalización y control de los fondos públicos del municipio" y apunta que "autorizaba, a sabiendas, el gasto, una vez contabilizado". Encuadra su actuación en una presunta trama de "aprovechamiento ilícito" en cuyo epicentro ubica al Grupo Abengoa, socio privado de la empresa mixta.

"HONORARIOS PROFESIONALES, NO COMISIONES"

A preguntas del fiscal Jesús Gázquez, quien ha centrado la mayor parte del interrogatorio en la actividad empresarial de Sistemas de Dirección y su relación comercial con subcontratas de Elsur, Juan Antonio Alemán ha señalado que las cantidades de dinero que percibió de las sociedades con las que subcontrataba la empresa mixta se corresponden con "honorarios profesionales" y cuando se le ha preguntado porqué no hay "rastro documental" de esos servicios de asesoramiento ha dicho que eran "contratos verbales".

Ha explicado que los casi 2,9 millones de euros que facturó Sistemas de Dirección a sociedades "controladas" por el empresario subcontratista de Elsur, Juan Antonio Galán, "le salieron rentable porque las oportunidades de negocio" que "detectó" para él le supuso entrar "entre 2004 y 2008 en ocho empresas" y ha asegurado que los 5,2 millones facturados a Contenedores Lirola, vinculada a la concesión de la gestión de los residuos urbanos del Ayuntamiento de El Ejido en el que ocupaba el cargo de interventor, fue por "la compra, la puesta en valor y la venta" de la planta de Ejido Medioambiente.

"Conseguimos Contenedores Lirola la comprara por cuatro millones sin poner un solo duro y se vendió en 35 millones de euros, de los que tres millones eran gastos que incluían los honorarios profesionales y que ni siquiera pagaron ellos, sino los compradores", ha detallado al tribunal.

Con respecto al presunto 'cabecilla' de uno de los grupos empresariales de la trama, el Grupo Amate, vinculado al que fuera director de Producción de Elsur, José Amate, ha limitado a "dos facturas puntuales" por "58.000 euros" la relación comercial con Sistemas de Dirección "porque me pidió como auditor en 2005, en plena inspección de Hacienda, que le dijera qué riesgo tenía". "Mi relación con Amate no era buena, no era como con Galán", ha puntualizado.

Alemán, quien ha insistido en todos los casos "que no eran necesarios informes por escrito" de esos trabajos de asesoramiento, ha reconocido también que facturó 685.000 euros entre 2002 y 2009 a Colaboradora de Gestión y Recaudación, que a su vez facturó a Elsur por "servicios informáticos y mantenimiento de aplicaciones 22,4 millones" de dinero público, y que factutó en 2005 78.850 euros al empresario subcontratista Jesús Aragón "porque estaba muy interesado en hacer una escuela de golf y yo tenía muy buenas relaciones con el presidente de la Federación Andaluza".

"Estas actividades eran conocidas por todos los equipos de gobierno y era consentido por todas las corporaciones municipales", ha reiterado respecto a la empresa de la que era administrador al 100 por ciento y que "contaba con cinco trabajadores, en su mayoría familiares", como ha admitido.

Cabe recordar que las acusaciones sostienen que Sistemas de Dirección era "sociedad pantalla", bajo "su absoluto control" con la que generó un "montaje ficticio" de facturación a determinadas adjudicatarias municipales sin que, "en realidad, existiese asesoramiento y tratándose del cobro de comisiones ilegales satisfechas por los beneficiarios de los citados contratos municipales".

INTERVENCIONES TELEFÓNICAS

La Abogacía del Estado se ha centrado en el contenido de las intervenciones teléfonicas en las que se revelaría un "interés y seguimiento directo" en los pagos de Elsur a las subcontratas y que él ha encuadrado en el "interés del alcalde y mío como responsable financiero del ayuntamiento de que en todas las empresas se pudieran pagar las nóminas y hubiera los menos despidos posibles" en un contexto "en el que se había bajado un 40 por ciento los ingresos municipales de un mes para otro".

"Era una situación desesperante y las personas con cierto nivel de confianza nos llamaban para ver si iban a cobrar y pedían ayuda porque nos decían simplemente que no había dinero para pagar las nóminas", ha señalado al tiempo que ha enmarcado que su "interés" en que Miguel Ángel Abad siguiese en el consejo de administración de Elsur "se debía únicamente a que nos facilitaba mucho las relaciones con Cajasur y Cajasol porque era el representante de estas entidades por parte del socio privado".

Tras el trámite de cuestiones previas, Anticorrupción retiró la acusación por los delitos contra la Hacienda Pública en los periodos impositivos entre los años 2002 y 2005 al considerar que habrían prescrito. Tras las modificaciones, el tándem político de la presenta trama se enfrenta a 40 años de cárcel y a multas de 23,2 millones de euros.

Se les atribuye la presunta comisión de malversación de caudales públicos en concurso con falsedad continuada en documento mercantil, ocho delitos contra la Hacienda Pública en calidad de cooperadores necesarios, cohecho pasivo propio continuado y prevaricación continuada.

EUROPA PRESS

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