En concreto, se han detectado numerosas incidencias en las que los mutualistas indican las trabas que tienen que afrontar, como por ejemplo la imposibilidad de acceder a una prueba PCR, ya que lo que se efectúa en la mayoría de los casos es una prueba de antígenos.
Además, en virtud de las directrices de MUFACE, en el caso de los familiares adscritos a la mutualidad, las compañías sólo atienden aquellos casos con síntomas de especial gravedad, quedándose fuera los casos leves, las personas que han tenido un contacto estrecho con un positivo COVID y las personas que tienen que someterse a una operación quirúrgica.
Los mutualistas se encuentran “en tierra de nadie” ya que la sanidad pública les deniega las pruebas por tener la sanidad concertada (sobre este hecho incide también la saturación que afrontan los centros de salud), mientras que las compañías concertadas indican que no están autorizadas para indicar las pruebas diagnósticas por los protocolos y se limitan a aquellos casos con síntomas de especial gravedad.
Asimismo, cuando los mutualistas consiguen que les indiquen la PCR al tener síntomas graves, esta se demora hasta una semana desde que se asiste a consulta, con el consiguiente riesgo de contagios intrafamiliares. CSIF también ha detectado que MUFACE no pone en marcha el protocolo de contactos estrechos con la Seguridad Social cuando se comunica un positivo.
“En esta situación, muchos funcionarios docentes se ven obligados a sufragar de su bolsillo sus pruebas PCR y las de sus familiares a arriesgarse a sufrir males mayores por carecer de un diagnóstico del COVID-19 a tiempo”, según señala el Sector de Educación de CSIF, que ha manifestado que “no es de recibo que los docentes mutualistas de MUFACE que reciben asistencia sanitaria a través de compañías se vean discriminados de este modo”.
Además, la central sindical ha subrayado que “se trata de los profesionales que están haciendo posible este complicado curso escolar, exponiendo su salud al estar en contacto con numerosos grupos de alumnos y alumnas”.
“Precisamente por ello, desde CSIF exigimos que estos retrasos y restricciones dejen de producirse, porque lo que está en juego es, en última instancia, la salud de los docentes y la del conjunto de la comunidad educativa”, ha apostillado el sindicato.
Esta situación no afecta exclusivamente a funcionarios docentes, sino que tiene incidencia para miles de funcionarios del Estado y sus familiares acogidos a la asistencia sanitaria concertada de MUFACE –en la actualidad hay 1.486.596 en toda España entre funcionarios y beneficiarios, de los cuales alrededor del 77 por ciento están acogidos a la sanidad con compañías concertadas—.
A raíz de ello, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, ha elevado una queja al Consejo General de MUFACE ante las incidencias detectadas en la aplicación de la prueba PCR por parte del colectivo de funcionarios y funcionarias del Estado acogidos a la cobertura sanitaria concertada.
