ALMERÍA.- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, espera que la “necesaria y urgente” modificación de la Ley de Gestión de Emergencias, que está en vigor desde 2002 y que debe profesionalizar y homogeneizar el “servicio esencial” que prestan 4.000 bomberos en toda la comunidad sea una realidad a finales de 2021, para lo cual ha reivindicado “políticos valientes” y “el consenso inteligente de las fuerzas de la oposición”.
En la provincia de Almería este cambio repercutiría, actualmente, en 230 profesionales, aunque próximamente afectaría a casi un centenar más, dado que se han ampliado las Ofertas de Empleo Público de este colectivo, con 46 plazas en el Poniente, 40 en la plantilla del Levante y 9 en la capital.
El Sector de Administración Local de CSIF, recuerda que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó en marzo el inicio del procedimiento legislativo para modificar la Ley 2/2002, que abarca los distintos ámbitos relacionados con la gestión de las emergencias en la comunidad. “Es un cambio que lleva dos años anunciándose tras diecinueve de parálisis”, apuntan después de que el sindicato haya contactado con las formaciones con representación en el Parlamento autonómico “para que se sumen a la necesaria y urgente organización de este servicio esencial”.
La modificación de la Ley ya está en trámite parlamentario, de modo que a priori se someterá a votación en la segunda mitad de 2021, y la medida fundamental será la definición de los grupos de clasificación en los que se encuadrarán las distintas categorías profesionales, lo que “permitirá continuar con el desarrollo legislativo que los bomberos de Andalucía llevan años reivindicando”. En concreto, los bomberos esperan que se concreten y homogeneicen los grupos C1, B, A2 y A1, que se corresponden con las categorías de bombero y cabo, sargento, suboficial y oficial.
El sindicato también destaca “la decidida apuesta de CSIF por un desarrollo legislativo que homogeneice los Servicios de Prevención Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) a través de una modificación puntual de la Ley que después se plasmará en dos decretos de desarrollo”, ambos ya en fase de borrador, que en principio “comenzarán a ver la luz a final de este año”.
Uno de los decretos, que está siendo trabajado por los bomberos de CSIF en el seno del Consejo Andaluz del Fuego (CAF), regulará el ingreso, la promoción interna, la movilidad, la formación y la segunda actividad de este sector del funcionariado en Andalucía. El otro, también elaborado por la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, normalizará la organización, el funcionamiento y la coordinación de los SPEIS. “Estos servidores públicos, en cuyo ADN llevan brindar ayuda urgente a los ciudadanos incluso a costa de poner en riesgo su propia integridad física, están viviendo una situación indigna y para resolverla necesitan de este ordenamiento”, señala.
CSIF también resalta que los 4.000 funcionarios que ejercen en las ocho provincias andaluzas “necesitan desesperadamente una legislación que establezca unas dotaciones mínimas de intervención para acabar con la precaria situación de profesionales que se encuentran solos en sus parques ayudados por voluntarios que hacen de bomberos”. En otros parques, por otro lado, “sólo hay dos o tres efectivos”, con lo que “no se llega al mínimo básico que establecen los procedimientos de intervención previstos por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para velar por la seguridad de los bomberos y la de los ciudadanos a los que atienden”. La nueva Ley, según el sindicato, debe resolver estas deficiencias y garantizar que habrá más personal en cada parque.
Otro de los ejes del debate es el abuso de la contratación temporal, del que “los bomberos andaluces tampoco se libran”, añaden. En este sentido, la central sindical exige que la nueva norma regularice esta situación “a través de los correspondientes procesos de consolidación o estabilización” y que tenga en cuenta el “agravante” de que “en este colectivo se combina la figura del bombero interino con la condición de agente de la autoridad que el artículo 38 de la Ley 2/2002 atribuye al bombero funcionario de carrera en el ejercicio de sus funciones”.
