jueves. 28.03.2024

Los candidatos critican la gestión en la Audiencia de Almería y la presidenta se defiende: "No ha sido tarea fácil"

Los tres magistrados que optan a dirigir la Audiencia Provincial de Almería en una pugna en la que está también la actual presidenta, Lourdes Molina, han coincidido en criticar su gestión desde 2009 tanto al frente del órgano, como de la Sección Primera de la que está al frente, y han hecho hincapié en el "alarmante" nivel de pendencia de esta y su "sobredimensionamiento" en cuanto a la dotación de funcionarios frente las otras dos secciones, así como al hecho "preocupante" de que se estén dando "resoluciones contradictorias" sobre un mismo asunto.
Audiencia Provincial de Almería
Audiencia Provincial de Almería

ALMERÍA.- Los tres magistrados que optan a dirigir la Audiencia Provincial de Almería en una pugna en la que está también la actual presidenta, Lourdes Molina, han coincidido en criticar su gestión desde 2009 tanto al frente del órgano, como de la Sección Primera de la que está al frente, y han hecho hincapié en el "alarmante" nivel de pendencia de esta y su "sobredimensionamiento" en cuanto a la dotación de funcionarios frente las otras dos secciones, así como al hecho "preocupante" de que se estén dando "resoluciones contradictorias" sobre un mismo asunto.

En su comparecencia este jueves ante los integrantes de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la candidata a la reelección ha reivindicado la "monumental carga de trabajo" en su sección y el "cuello de botella que supone" ante el aumento de órganos unipersonales de Civil o Primera Instancia y se ha mostrado convencida de que la solución pasa "por un incremento en el número de magistrados".

El primer en exponer su candidatura ha sido el magistrado Luis Columna, quien ha señalado como un eje principal de su proyecto el "garantizar" una tutela judicial "efectiva", que pasa por "una calidad que ya tenemos" y una "rapidez" que sí ha cuestionado para reclamar en todos los órganos, también unipersonales, "más medios materiales y más modernos" para superar "las limitaciones que tenemos".

Columna se ha referido a "los preocupantes" datos estadísticos que arroja la Sección Primera, de jurisdicción civil y dotada con seis magistrados, una comisión de servicio y 12 funcionarios, y ha abogado por actuar contra los malos datos de pendencia y resolución con "reparto inteligente, en bloques, de los asuntos" de manera que "sea más rápido y eficaz" al tiempo que apostado por que funciones como "dos secciones" y se nombre "un segundo magistrado de refuerzo".

En la exposición de su plan de actuación, ha incidido en la necesidad de un nuevo edificio judicial en Roquetas de Mar, en la necesidad de homogeneizar las plantillas, atender el partido judicial de El Ejido ante la implantación de la oficina judicial o la apertura por las tardes de los registros civiles de Almería, Roquetas y Huércal-Overa.

El segundo candidato en intervenir ha sido el magistrado de la Sección Primera Juan Antonio Lozano, quien ha remarcado al inicio que su proyecto que está "destinado fundamentalmente" a la sección a la que está destinado y ha subrayado que tienen "un retraso muy alarmante de cerca de 2.000 asuntos pese a que la entrada no es muy alta, se sitúa en unos 1.700 asuntos, lo que no justifica de ninguna manera estos retrasos".

Tras criticar los tiempos de espera que, desde 2014 han pasado de "nueve a 16 meses", ha trasladado en su comparecencia que "lo realmente grave" en los problemas organizativos que ha descrito es que "se están detectado resoluciones, sentencias contradictorias unas con otras".

Lozano, para quien las dos secciones penales de la Audiencia Provincial "están bien en términos generales", ha hablado de "problemas de variabilidad y desviación en el número de resoluciones que dicta cada magistrado" y ha abogado por "una inspección continúa" por parte de la Presidencia. Ya en el turno de preguntas, ha considerado que la solución a la situación de los juzgados de Vera y Roquetas de Mar es "complicada" porque no tienen la estabilidad que dan las plazas de magistrado y ha apostado por el "apoyo a los titulares de jueces sustitutos".

La presidenta de la Sección Segunda, la magistrada Soledad Jiménez de Cisneros Cid, ha sido la tercera candidata compareciente, y tras exponer su plan de actuación para que "los ciudadanos vuelvan a recuperar la confianza en la justicia con celeridad, transparencia y eficacia", ha respondido a preguntas de la comisión sobre la situación de la Sección Primera para afirmar estar "convencida, de que en un año, con buena organización" se solucionaría.

Jiménez de Cisneros Cid, quien ha advertido de que no hay nada "mas perturbador" que, después de años, la justicia "no resuelva un problema" o se genere "inseguridad jurídica" con resoluciones contradictorias, ha considerado que una "subdivisión" de la sección abordaría el problema organizativo y permitiría a la Presidencia de la Audiencia "unificar criterios". "Es cierto que ha sido muy criticado en la curia la existencia de resoluciones contradictorias produciendo una auténtica inseguridad jurídica", ha señalado para añadir que sería necesario, así mismo, "una persona de consenso que ponga fin a las cuitas" de los magistrados.

Ha trasladado con anterioridad que en Penal el "problema, que se está agudizando, según ha remarcado" es la ejecución penal, cuyo volumen de trabajo "ha hecho que funcionarios de gran valía hayan pedido traslado a puestos con una menor carga como Fiscalía o Civil", por lo que ha apostado por un servicio común de ejecución, ha expresado su interés por actuar en los partidos judiciales de Roquetas y El Ejido "con asuntos muy complejos", y ha demandado el expediente judicial y una oficina de jurado.

La última en intervenir ha sido la presidenta y candidata a encarar el que sería su tercer mandato, la magistrada Lourdes Molina, quien ha considerado este "necesario" porque su proyecto "no está agotado" y ha tenido que responder a preguntas de la comisión a las críticas vertidas por sus compañeros en la pugna.

Molina ha remarcado que "organizar con la máxima objetividad y equilibrio" una "macrosección" no ha sido "fácil", ha indicado que los "problemas arrancan mucho antes" y ha defendido que no vio apropiado en su momento "organizar secciones funcionales" en aras de que la Presidencia "pudiera unificar criterios, que ha sido siempre mi tarea, aunque para eso sea necesario turnos rotatorios entre magistrados".

Se ha referido a la división de jurisdicciones en 2014 como "muy compleja" y ha asegurado que el "gran problema es que, en enero de 2019, seguíamos teniendo juicios penales" al tiempo que ha afirmado que, en ese proceso, "se priorizaron los refuerzos para las secciones penales, lo que me pareció bien".

"Es un problema puramente estructural", ha subrayado Molina, quien ha destacado el "sobreesfuerzo" llevado a cabo y ha indicado que la secretaría judicial "se ha jubilado anticipadamente porque no soportaba la carga de trabajo tan excesiva". "La carga de trabajo es monumental pero si aumenta el número de magistrados, puede resolverse", ha concluido.

EUROPA PRESS

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