ROQUETAS DE MAR.- Dos de los testigos protegidos han ratificado este jueves ante el tribunal que enjuicia el caso 'Poniente' por presunta corrupción política y empresarial en El Ejido (Almería) que, entre los años 2005 y 2006, se "montó toda una infraestructura en las oficinas de las subcontratas" de la Empresa Mixta de Servicio Municipales (Elsur) que "falsificó facturas y partes de trabajo" para "justificar la facturación" y que existió un "completo desfase" entre los servicios prestados al Ayuntamiento y el canon que se pagaba con dinero público a Elsur para la prestación de esos mismos servicios.
"No se ajustaba para nada a la realidad. Había errores de bulto en los precios unitarios, en los recursos empleados, en las frecuencias de los servicios, había errores de bulto en todo y lo cobrado no se correspondía en absoluto a lo efectivamente realizado", ha explicado uno de ellos, quien ha confirmado que presentó dos informes en 2004 y en 2007 al respecto al jefe de Área, el enjuiciado Agustín Santaella, y al concejal responsable entonces, Ignacio Berenguel, citado como testigo.
Ha precisado que el informe de 2007 lo realizó al detectar que los precios que proponía Elsur, participada a un 70 por ciento por el Grupo Abengoa, eran "40 veces superiores a los precios de mercado" y que el canon propuesto por la empresa mixta ascendía a 4,5 millones de euros aunque la cuantía "real debía ser 2,4 millones de euros" mientras que, con respecto al informe de 2004, ha referido como ejemplo el que se incluía la limpieza de edificios "que ya no eran municipales" o que se cuantificó en 1,1 millones de euros la pintura de un colegio cuyo coste real era "entre 10.000 y 12.000 euros".
"Se argumentó que había sido un error en las frecuencias pero ese importe hubiera supuesto pintar el colegio, de pequeñas dimensiones, 90 veces en un año", ha apuntillado para añadir que con había trabajos facturados fuera de canon que "estaban incluidos en el canon anual pagado por el ayuntamiento y que no se detraían de este, por lo que, evidentemente, se estaba pagando por lo mismo dos veces".
El testigo, quien indicó en instrucción que el canon que pagaba el Ayuntamiento a la empresa mixta estaba "inflado en hasta un 60%", ha relatado con visible enojo al ser cuestionado por las defensas que se sintió "en la más absoluta soledad en sus denuncias" sobre que "en todo había un desfase" y que hubo "una absoluta falta de colaboración y amparo" por parte de su "superior", lo que le llevó a "dejar en evidencia a quien yo le estaba informando".
"No se me ocurrió mejor manera que, una tarde, ir al supermercado del señor Ignacio Berenguel a comprobar los precios del canon como el detergente y adquirí esos mismos productos por un precio hasta cuatro veces inferior", ha concretado para concluir que en "repetidas ocasiones" también le comunicó al Ayuntamiento que Elsur "me tenía que decir los recursos que usaba para cada obra para poder controlar pero las subcontratas nunca facilitaron información de servicios, recursos usados y personal".
"TODO ERA ABSOLUTAMENTE FALSO PARA APARENTAR QUE ERA ASÍ"
El último testigo protegido en declarar en esta sesión, y también el último de los nueve que han comparecido ante el tribunal del macrojuicio por corrupción, ha confirmado que "participó en dos momentos" en la "elaboración de facturación para respaldar los partes de trabajo emitidos" ante una Inspección de Hacienda y ha señalado como supuestos conocedores y partícipes al gerente Manuel Caballos, el directivo de Agua y Gestión (Abengoa), y Manuel Fernández Heras-
"Todo era absolutamente falso, para aparentar que eso era así", ha dicho para añadir que "cuando todo se terminó, se montó una reunión en la que Amate dijo 'me voy a ver a Juan', lo que yo entendí que era que iba a ver al alcalde".
Ha detallado que la primera vez, "en 2005, me dijeron que hiciera lo posible y generamos un albarán de salida del almacén de Elsur de una cantidad de tuberías, pero luego, en 2006, "se montó toda una infraestructura en las oficinas de las subcontratas a las que un técnica de cada área nos desplazábamos diariamente para dedicarnos a justificar cada una de las facturas de las subcontratas correspondientes a 2002 y a 2003".
"Empezamos a generar partes de trabajo que casaran con la facturación de las subcontratas de José Amate Elsur para dar apariencia de legalidad, pero luego se montó otra arquitectura porque era tal la cantidad de facturas que no se podían justificar que se generó una entrada y salida de facturas que nos facilitaron", ha afirmado en alusión a los denominados "moduleros".
En esta línea, ha dicho ser "completamente consciente de que lo hacían era irregular" y que "una vez" entró en Internet "a ver de qué eran las empresas que justificaban las facturas" como también constató que se "compraba maquinaría a nombre de las subcontratas pero se facturaba a Elsur" en lo que ha definido como una "compra ficticia". "Me encontré un señor de Cádiz que vendía pescado y caracoles", ha apuntado con respecto a su investigación con respecto a las empresas.
"EN ELSUR NO SE TOMABA NINGUNA DECISIÓN IMPORTANTE SIN LA SUPERVISIÓN DE ENCISO"
A preguntas de las acusaciones, ha indicado que Amate "decía que las subcontratas eran su regalo de jubilación" en Elsur, que era "público y notorio" que no había "gestión diferenciada" entre la empresa mixta y las subcontratas, y que fue él quien dio la orden de "comprar" el solar conocido entre los trabajadores como 'Guantánamo', propiedad de Gestora Ejidense, participada por el ex alcalde Juan Enciso, para aparcamiento de maquinaria del Elsur "cuando el tema ya se había resuelto ampliando el almacen con los solares adyacentes".
Por último, interpelado por la Abogacía del Estado ha asegurado que en Elsur "no se tomaba ninguna decisión importante sin la supervisión de Enciso" y que el exinterventor municipal José Alemán "claro que conocía cuál era el funcionamiento financiero de Elsur". "Cuando Alemán llamaba a Elsur, todo el mundo se ponía firme", ha remarcado para finalizar señalando que en 2006 se hicieron obras en una vivienda de Almerimar "de su hija con cargo" a la empresa mixta.
La presunta trama en torno a la empresa mixta Elsur habría detraído de las arcas públicas del consistorio casi 71,5 millones de euros entre los años 2002 y 2009. Anticorrupción indica que el saqueo de las arcas públicas se realizó "orquestando la creación" de una red de sociedades que se dedicaban a "subcontratar" con Elsur con "una doble finalidad: engordar artificialmente el canon anual que tenía que recibir como contraprestación por parte del Ayuntamiento", y, por otra parte, "aumentar más sus ingresos defraudando a la Hacienda Pública".
Sitúa en el epicentro de la presunta trama para "aprovechamiento ilícito" al grupo empresarial Abengoa como socio privado de Elsur y le acusa de haberse apoderado de poco más de 31 millones de euros con "sobrefacturación", todo ello, según remarca, "con la connivencia" del exalcalde y del exinterventor municipal.
Calcula que el grupo de empresas controlado por Amate sobrefacturó 24,7 millones de euros, habiendo obtenido un beneficio del 53,49 mientras, el grupo empresarial vinculado a Galán sobrefacturó presuntamente a Elsur 15,6 millones de euros, "habiendo obtenido un porcentaje de beneficio del 48,21 por ciento con incremento artificial de precios".
Asimismo, el grupo Abengoa supuestamente llevó a cabo con un entramado de sociedades una "sobrefacturación por gastos de apoyo a la gestión y el asesoramiento" que tenían como única finalidad el "apoderamiento ilícito" de fondos públicos "incrementando de esta manera los costes de Elsur para así justificar ante el Ayuntamiento".
EUROPA PRESS
