ALMERÍA.- El subdelegado del Gobierno, José María Martín, ha participado este mes en la reunión de la junta consultiva de la dependencia provincial del área de Trabajo e Inmigración, de la Subdelegación del Gobierno en Almería, para analizar con sus vocales las últimas novedades normativas del ámbito socio-laboral aprobadas por el Consejo de Ministros y sus posibles efectos en la provincia, entre otras cuestiones.
La junta consultiva de la dependencia provincial del área de Trabajo e Inmigración está presidida por el jefe de la dependencia provincial de Trabajo e Inmigración de la Subdelegación del Gobierno, Antonio Hernández de la Torre y forman parte de la misma, como vocales, la directora provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Rosa María Serrano, la directora provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Ana Belén López Peña; el director provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), José Carlos Lara; la jefa de la Inspección Provincial de Trabajo, María del Mar Pérez; la directora del Instituto Social de la Marina (ISM), Carmen Rubio; el jefe de la Oficina de Extranjería, Javier Durán; y el jefe de la Unidad Provincial del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), José Manuel Urbano.
La junta consultiva se reúne cada mes, en la sede de la Subdelegación del Gobierno para tratar cuestiones socio-laborales del interés de todos los organismos y unidades que forman parte de la misma y propiciar una actuación coordinada a nivel provincial con el objetivo siempre de mejorar la gestión y el servicio público.
En la reunión de este mes, los diferentes vocales pudieron informar al subdelegado sobre los últimos datos disponibles a nivel provincial de carácter social y laboral y se debatieron las últimas novedades normativas aprobadas en esta materia.
Cabe recordar que el Real Decreto-ley 4/2023, aprobado el pasado 11 de mayo, por el que se han adoptado medidas urgentes en materia agraria y de agua en respuesta a la sequía, incluye un nuevo tipo de aplazamientos de las cotizaciones sociales a un tipo de interés muy bajo y con un plazo de amortización más amplio para impulsar la liquidez de los trabajadores y empresas del sector agrario más afectados por la sequía, así como la prórroga, hasta el 31 de diciembre de 2023, de la medida excepcional de reducción a 10 el número mínimo de jornadas reales cotizadas necesarias para acceder al subsidio agrario en las comunidades autónomas de Andalucía y de Extremadura.
Asimismo, el Consejo de Ministros dio luz verde, el pasado 16 de mayo, a dos Reales Decretos que mejoran el acceso a la jubilación anticipada para las personas con una discapacidad superior al 45% y completan para el conjunto de los trabajadores la reforma de los incentivos de la jubilación demorada, iniciada en 2021.
Ambas normas se enmarcan en la modernización del sistema de pensiones y responden a las recomendaciones 18 y 12, respectivamente, del Pacto de Toledo.
