Marín anuncia un plan para duplicar las unidades de violencia de género y Vox pide personal cualificado e imparcial

Jueves, 23 de Mayo de 2019

Marín anuncia un plan para duplicar las unidades de violencia de género y Vox pide personal cualificado e imparcial

14 de Marzo de 2019 13:44h

 Juan Marín, comparece en comisión parlamentaria.
Juan Marín, comparece en comisión parlamentaria.



El vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha anunciado este jueves que se van duplicar las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género en Andalucía gracias a un plan de choque que va a contar una inversión de 700.000 euros, mientras que Vox ha exigido que las mismas estén formadas por personal "cualificado e imparcial" porque de sus informes dependen decisiones judiciales.

Ante la comisión parlamentaria de su ramo, Marín ha explicado que Andalucía pasará a contar con 16 equipos multidisciplinares frente a los nueve que existen actualmente, y de los 51 profesionales que en la actualidad prestan servicio a 81. "Una medida que permitirá agilizar la valoración forense a las víctimas de violencia de género, que ahora se sitúa en unos dos meses, y necesaria para la adopción de medidas por parte de los jueces y magistrados", ha explicado.

Además, ha precisado que el coste generado por el aumento de plantilla "se asumirá con cargo a los 3,9 millones de euros de los que dispone la Consejería por el Pacto de Estado para la Violencia de Género".

Tras explicado que se trata de unidades de actuación especializadas de los Institutos de Medicina Legal y Forense y que cada provincia dispone de una, salvo en Cádiz, donde hay dos, Marín ha explicado que de los 51 profesionales que la componen, 19 son médicos forenses, funcionarios de carrera al servicio de la Administración de Justicia, 17 psicólogos y 15 trabajadores sociales, que son personal laboral de la Junta.

De este modo, el anunciado plan de choque reforzará con "al menos un equipo multidisciplinar siete de las ocho unidades", que constarán de un médico forense, un psicólogo y un trabajador social, a excepción de la Unidad de Jaén que solo necesita refuerzo de un médico y un psicólogo. En total, se incorporarán ocho médicos forenses, ocho psicólogos, siete trabajadores sociales y siete administrativos.

Entre otras medidas, Marín ha explicado que para "avanzar en la especialización y exclusividad" de los profesionales que prestan servicio en estas unidades, se impartirá un curso de formación en colaboración con el Instituto Andaluz de Administración Pública.

Igualmente, ha avanzado que se va a revisar la instrucción de 19 de marzo de 2015 de la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal por la que se rige el funcionamiento de estas unidades, "para lo que se ha solicitado un diagnóstico a cada una de ellas que permita abordar posibles modificaciones".

Además, se va a fomentar la aplicación del Protocolo Estatal sobre valoración urgente del riesgo de violencia de género y "a mejorar la asistencia a órganos judiciales de los partidos judiciales distintos de la capital". Todo ello, ha agregado, "con el objetivo último de dar respuesta forense" en un plazo menor al actual, que es de dos meses.

EXTERNALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS PSICOSOCIALES

Por otro lado, Marín también ha hecho referencia a los equipos psicosociales, integrados en los Institutos de Medicina Legal desde el pasado mes de mayo, encargados de elaborar los informes periciales en materia de familia para los órganos judiciales.

Ha explicado que hay 16 equipos que cuentan con 15 trabajadores sociales y 19 psicólogos, pero que "debido al volumen de casos que llevan, cada provincia cuenta con un contrato administrativo para externalizar este servicio cuando no se puedan realizar los informes en un plazo de dos meses".

En este sentido, Marín ha anunciado que "se está trabajando en la elaboración de un nuevo y único pliego de prescripciones técnicas", que llevará recogida la obligación de colegiación de los profesionales. De hecho, ha destacado que se han solicitado informes para conocer si los actuales trabajadores de las empresas externas están colegiados.

POSICIONAMIENTO DE LOS GRUPOS

Para posicionar a Vox, el presidente del grupo, Francisco Serrano, ha advertido de que "hay mucho que mejorar por el bien no sólo de las personas que les afecta estos problemas, sino por el bien de la sociedad", toda vez que cree que esto "no solo es problema de los hombres, sino también de muchas mujeres maltratadas que no reciben una valoración exacta y sufren por tener informes inadecuados".

Vox había registrado una pregunta, que tuvo que reformular, en la que pedía nombres y apellidos de los trabajadores de estas unidades para conocer sus puestos y cualificación profesional y ahora ha saludado la información aportada por Marín: "Hoy en gran parte se nos ha proporcionado, no toda, pero esperamos tenerla en breve".

"Combatir la violencia en el ámbito familiar nos preocupa mucho y es una cuestión que todos queremos erradicar", ha dicho antes de apuntar la importancia de contar con personal especializado e imparcial en las unidades de valoración cuando de los informes que emitan dependen, en muchos casos, el derecho de los menores dado que los jueces basará su decisión apoyándose a ellos.

Así, Serrano pide personal "muy cualificado" que "objetiva e imparcialmente" decida porque afecta al futuro de los menores, mientras que ha rechazado la externalización de los equipos psicosociales para que no queden en manos de "contratos low cost". "La externalización tendría que desaparecer y los equipos integrarse dentro de la Administración", ha añadido para exigir experiencia y calidad en la prestación del servicio "y que intervengan los especialistas".

Sonia Gaya, del PSOE-A, que ha censurado que Vox "cuestione" el trabajo de los profesionales y "marque la agenda del Gobierno andaluz", ha defendido que estos trabajadores desempeñan una labor "fundamental" contra la lacra de la violencia de género, "un tema tan sensible que nos tiene que servir para impulsar su mejora y no escatimar en medios ni hacer apología ideológica".

Así, ha reclamado a Marín que sea "rotundo" cuando algún grupo "cuestiona la profesionalidad de los trabajadores y el funcionamiento de estos órganos", además de que dé prioridad a las cuestiones que son competencia de su consejería en materia de violencia de género.

Por Adelante, Inmaculada Nieto ha considerado que es "fundamental" la formación específica sobre violencia machista, a la par que ha planteado que los informes que elaboran las unidades de valoración no son tan integrales como deberían pues "los elabora el médico forense" y cuando defiende que los menores siempre deben ser valorados junto con los mayores que comparten la unidad familiar en la que se ha desatado la violencia machista.

Ha defendido que la ley de violencia "tiene que desarrollarse y tener soporte económico para que despliegue todos sus efectos", así como ha pedido reforzar la coordinación de todos los recursos que tengan otras administraciones, "especialmente de las mujeres que viven alejadas de las capitales". También ha rechazado que se externalicen los equipos psicosociales, que "van a ser vendidos al mejor postor".

En nombre del PP-A, Carmen Céspedes ha trasladado su apoyo a todos los profesionalidades que componen estos equipos, cuando ha apuntado que "no se deben mandar mensajes centrando que el problema está en quienes desarrollan esta labor" cuando cree que está "en la organización y en los medios que ha dado hasta ahora la Junta". "No se puede crear desconfianza, hay que mejorar", ha agregado.

Raúl Fernando Fernández, de Cs, ha saludado todas las medidas anunciadas por el vicepresidente con lo que "se demuestra la preocupación que tiene la Consejería en este tema", al tiempo que ha defendido que "a lo largo de los años se tiene que ir mejorando" la situación de todos estos equipos, porque depende también de ellos la agilidad de la justicia.
--EUROPA PRESS--

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