El vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración y Justicia
La Secretaría General de Regeneración, Racionalización y Transparencia adherida a la Consejería de Juan Marín, con rango de viceconsejería, tiene entre sus cometidos el diseño e impulso de políticas retributivas "transparentes y equitativas", en el marco de una gestión "eficiente y racional" de los recursos económicos en materia de personal de las entidades del sector público instrumental, en coordinación con los órganos competentes en materia presupuestaria y de función pública.
Así se recoge en el Decreto por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local del vicepresidente, un decreto que fue aprobado el pasado martes en el Consejo de Gobierno y publicado este jueves en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), consultado por Europa Press.
A esta Secretaría General, aún sin una persona designada para ocupar el cargo, corresponde el estudio, informe y seguimiento de la evolución de los costes de personal de las entidades instrumentales, la emisión de informe, con carácter previo, a la contratación de personal en las mismas y determinar o modificar las condiciones retributivas del personal directivo y del resto del personal de este sector de la Administración de la Junta, "conforme a los criterios previamente establecidos y en coordinación con el órgano competente en materia presupuestaria".
Las estructuras organizativas, los planes, proyectos e iniciativas de transformación o la elaboración y modificación de los estatutos de las entidades instrumentales, también dependen de este departamento, que tiene la potestad de emitir informes y propuestas sobre la creación, alteración y supresión de las entidades instrumentales "sin perjuicio del informe que corresponda a la Consejería competente en materia de Administración Pública".
La Secretaría de Regeneración, Racionalización y Transparencia dirigirá, coordinará y hará seguimiento de la evaluación de las políticas públicas, así como todo lo relativo a recursos humanos, "teniendo en cuenta la variable estadística de género así como el diseño y la elaboración de estudios, proyectos y directrices de adecuación de las necesidades de personal en función de los servicios gestionados por las entidades instrumentales".
De otro lado, aquí se residencia lo relativo a las relaciones institucionales de la Administración de la Junta de Andalucía con el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, además de que le corresponde la aplicación de la normativa en materia de protección de datos que afecten al Ejecutivo andaluz.
OFICINA ANTIFRAUDE
Igualmente, se adscribe a la Secretaría General de Regeneración, Racionalización y Transparencia la Oficina andaluza contra el Fraude y la Corrupción, que será de nueva creación y que el Consejo de Gobierno andaluz acordó impulsar en su segunda reunión mediante una ley atendiendo al criterio de los servicios jurídicos de la Junta y del Consejo Consultivo que en la pasada legislatura, cuando el PSOE-A elevó un decreto para este mismo fin, pidió al Ejecutivo que "pusiera en marcha una ley de acompañamiento".
El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, recordó entonces que poner en marcha esta oficina es una medida que recoge el acuerdo de gobierno alcanzado entre el PP-A y Cs para esta legislatura y que busca poner las herramientas necesarias para que lo que ha venido sucediendo desgraciadamente durante mucho tiempo se pueda evitar.
El fin principal de este órgano será "prevenir, detectar y denunciar las malas prácticas, abusos de poder y casos de fraude y corrupción" en Andalucía, toda vez que, según los datos expuestos por Marín, "el dinero público andaluz que está siendo investigado en estos momentos podría alcanzar casi los 5.000 millones de euros en causas judiciales como los ERE, Invercaria, el caso Nevada, Marisma o Bahía Competitiva", una cantidad que sería "la mitad del presupuesto de la Junta para salud en un año".
A esta oficina se le atribuirán, entre otras funciones, la posibilidad de sancionar a las personas que desempeñen altos cargos que incumplan la normativa sobre incompatibilidades o la del control de la legalidad de todas las subvenciones concedidas por la Administración y por las entidades instrumentales de la Administración de la Junta. Otras comunidades autónomas como Galicia, Islas Baleares, Valencia o Cataluña ya cuentan con organismos contra el fraude y la corrupción.
Andalucía tiene la competencia exclusiva (según consta en el artículo 47.1 de su Estatuto de Autonomía) para la regulación del procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia de la comunidad autónoma, la estructura y regulación de los órganos administrativos públicos de Andalucía y sus organismos autónomos. Al mismo tiempo, reconoce también como competencia exclusiva (apartado 1.3a del mencionado artículo) las potestades de control, inspección y sanción en los ámbitos materiales de competencia de la comunidad autónoma, en lo no afectado por el artículo 149.1.18a de la Constitución.
--EUROPA PRESS--
