La juez Núñez apunta que "no todas" las ayudas de los ERE "carecen de causa justificada"

Miércoles, 20 de Marzo de 2019

La juez Núñez apunta que "no todas" las ayudas de los ERE "carecen de causa justificada"

14 de Diciembre de 2018 11:53h

La juez María Núñez Bolaños en una concentración de jueces y fiscales
La juez María Núñez Bolaños en una concentración de jueces y fiscales



La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que investiga la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha apuntando que durante una década y a través de un procedimiento específico, que está siendo enjuiciado actualmente en la Sección Primera de la Audiencia, se han concedido "numerosas ayudas directas y sociolaborales a los trabajadores, pero no todas carecen de causa justificada".

Así, lo recoge la juez instructora en un auto, con fecha de 3 de diciembre y al que ha tenido acceso Europa Press, en el que acuerda el sobreseimiento de las actuaciones en la pieza separada que investiga las ayudas de 880.000 euros a Bética Industrial (Muebles Peralta) contra el empresario Francisco Peralta y el ex gerente provincial en Sevilla del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), Enrique Rodríguez. Como no constan más investigados en esta pieza, ha acordado el archivo de las investigaciones.

En esta pieza llegó a estar investigado el ex director general de Trabajo Juan Márquez, el ex secretario general de IDEA Jacinto Cañete, el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá y el exconsejero del ramo Antonio Fernández, además del empresario y el ex gerente provincial de IFA, si bien los cuatro primeros, acusados en el juicio por el procedimiento específico que celebra la Audiencia de Sevilla actualmente, fueron excluidos de la pieza.

En la presente causa se investiga las ayudas que Bética Industrial obtuvo con cargo al programa presupuestario 31L por parte de la Dirección General de Trabajo, en concreto dos subvenciones durante los años 2008 y 2009, por valor de 440.000 euros cada una.

"La situación de la empresa era realmente mala, estaba en crisis necesitaban ayudas y el empresario acudió a su abogado. Le presentó toda la documentación e incluso tuvieron que elaborar un plan de viabilidad y situación de pagos de la empresa con la Junta, que se lo encargaron a un perito", según la declaración del empresario, que añadió que la ayuda se pidió para salir adelante y se empleó en pago nóminas proveedores y acreedores.

A Peralta se trae a la causa por solicitar y recibir dos ayudas sociolaborales excepcionales como cooperador necesario de los delitos de prevaricación y malversación, según la juez. En cuanto al primero de los delitos, la instructora señala que "la simple utilización, en el ejercicio de su cargo, de un procedimiento a sabiendas de suilegalidad y el perjuicio general, no puede integrar el elemento objetivo del injusto que en cada una de las ayudas se investiga debiéndose integrar dicho elemento objetivo del injusto con el daño concreto o injusticia real y efectiva derivada de la resolución concreta".

En este sentido, añade que la jurisprudencia establece la diferencia entre la ilegalidad administrativa y la prevaricación. "En definitiva, no toda resolución ilegal, aún incluso nula de pleno de derecho, constituye prevaricación, para ello es necesario que la resolución seaarbitraria", recoge el auto.

Otras sentencias, sin embargo, vienen a resaltar como elemento decisivo de la actuación prevaricadora el ejercicio arbitrario del poder. "Se dice que se ejerce arbitrariamente el poder cuando la autoridad o el funcionario dictan una resolución que no es efecto de laConstitución y del resto del ordenamiento jurídico sino, pura y simplemente, producto de su voluntad, convertida irrazonablemente en aparente fuente de normatividad. Cuando se actúa así y el resultado es una injusticia, es decir, una lesión de un derecho o del interés colectivo, se realiza el tipo objetivo de la prevaricación administrativa", expone la juez.

En el caso de autos, de lo actuado se puede constatar que "nadamás lejos de la realidad que Peralta tuviera conciencia de estar realizando una conducta contraria a la legalidad", pues ante una situación de crisis pide asesoramiento a su letrado, elabora toda la documentación que le solicitan y destina la ayuda a la finalidad para la que lo solicitó, por lo que "ninguna conducta con relevancia penal puede atribuirsele".

"No puede apreciarse respecto del mismo delito de prevaricación y lo mismo cabe decir respecto del delito de malversación de caudales públicos, ya que existiendo causa legítima que justifica el desplazamiento patrimonial no se puede decir que el dinero concedido con cargo a ese programa presupuestario haya sido defraudado en perjuicio del erario público, ni que hayan salido fondos del erario público que no debieran haber salido.

"Durante una década y a través de un procedimiento que está siendo enjuiciado se han concedido numerosas ayudas directas y sociolaborales a los trabajadores, pero no todas carecen de causa justificada", concluye la juez.

En este sentido, la división de la causa matriz no solo tenía por objeto agilizar la investigación, "imposible de concluir en una sola diligencia como la realidad ha puesto de manifiesto, sino también permitir realizar un estudio pormenorizado de cada una de las ayudas concedidas sin utilizar estereotipos preestablecidos".

"NO CREE" QUE HUBIERA QUE LLAMAR A LOS BENEFICIARIOS

En este punto, recuerda que el Tribunal Supremo en la Causa Especial de los ERE señaló que "un porcentaje de las subvenciones ilegalmente concedidas habría que concederlo también en el caso de que la concesión fuera legalmente tramitada".

"No es que 'habría' sino que se ha hecho mediante su refinanciación por Decreto-ley 4/2012, de 16 de octubre, de medidas extraordinarias y urgentes en materia de protección sociolaboral a extrabajadores andaluces afectados por procesos de reestructuración de empresas y sectores en crisis, aprobado de forma unánime por todos los grupos parlamentarios", recuerda la juez.

"La posición contraria nos llevaría a afirmar que todos los actos de concesión de las ayudas son constitutivos de delito y, en consecuencia, todos los trabajadores que han percibido estas ayudas, al menos unos 6.000 trabajadores, deberían ser traídos al proceso, al menos, como beneficiarios a título lucrativo, y devolver lo percibido, lo cualhasta ahora no se ha realizado, ni creo que se deba hacer, salvo superior criterio", señala la magistrada Núñez Bolaños.

En el caso de Muebles Peralta, las ayudas han tenido como beneficiario una empresa en crisis cuyo mantenimiento favorecíaa la economía y sociedad andaluza, existía un interés social y se hubiera otorgado igualmente por medio de otro procedimiento, puesto que Peralta justificó documentalmente su situación, presentó informe de situación económica y viabilidad, y necesidad y destinó la ayuda a la finalidad solicitada, "salvar la empresa".

De otra lado, la instructora en el auto señala que la concesión de subvenciones y ayudas públicas es una actividad de política de fomento en Andalucía y en cualquier administración, en la que se pretende la agilización del procedimiento en beneficio de los ciudadanos, para que puedan obtener de forma eficaz y rápida ayudas que están destinadas a remediar una situación de crisis excepcional.

En esta línea, recuerda que las ayudas sociolaborales reguladas en la Orden Ministerial de 5 de abril de 1995 --norma legal que ampara las ayudas de los ERE según defienden algunos acusados en el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia contra 21 ex altos cargos por el procedimiento específico de concesión de ayudas de los ERE-- tienen también las características de concederse con discrecionalidad, que no con arbitrariedad, falta de publicidad y concurrencia.

Según la juez, las ayudas de este tipo, adecuadas a la normativa vigente en materia de subvenciones, "se siguen concediendo sin sujetarse a los principios de concurrencia y publicidad y en régimen de estimación directa".


--EUROPA PRESS--

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