jueves. 28.03.2024

La contratación de obra pública crece en Andalucía un 18% en 2018



La contratación de obra pública creció en 2018 por segundo año consecutivo en Andalucía, de forma que las inversiones alcanzaron los 1.325,3 millones de euros, lo que supone un aumento del 18% respecto al volumen adjudicado en 2017, que fue de 1.128 millones de euros, según el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop).

Así se desprende del Informe Anual de Adjudicaciones en Andalucía 2018 que ha presentado Ceacop este miércoles, donde se detallan las cifras de contratación en obra pública en la región por parte de Gobierno central, Junta de Andalucía, ayuntamientos, diputaciones y universidades.

Aunque tanto el Gobierno central, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos han aumentado sus inversiones en infraestructuras respecto al año anterior, han sido los entes locales los responsables del mayor incremento en los presupuestos, según informa Ceacop en una nota.

Así, sólo las adjudicaciones municipales suponen el 42% de la inversión total en la comunidad autónoma, destinando un total de 567,9 millones de euros a obra pública.

De esta manera, los ayuntamientos siguen la senda de crecimiento iniciada en 2017, y aumentan su inversión respecto a ese año en torno al 26%. Además, el 65% de los contratos fueron adjudicados a empresas andaluzas, lo que, según destaca Ceacop, lleva aparejado un "crecimiento y estabilidad" en el empleo y en el tejido productivo.

Los ayuntamientos de Málaga y Sevilla han sido los que han destinado mayores partidas a la mejora de infraestructuras municipales. Así, en ambas provincias se han adjudicado actuaciones por valor de 160 millones de euros destinados, principalmente, a la conservación y mantenimiento de infraestructuras hidráulicas y mejoras en instalaciones, según precisa Ceacop, que avisa de que, en el otro extremo, se sitúan las provincias de Jaén, Almería y Huelva.

LA JUNTA AUMENTA UN 21% SU INVERSIÓN

La Junta de Andalucía ocupa el segundo lugar con una inversión de 370,4 millones de euros, un 21% más que lo invertido en 2017, siendo la Consejería de Fomento y Vivienda la responsable de la mayor partida presupuestaria, al destinar 142,5 millones de euros a obra pública.

De esta manera, en 2018, la Consejería de Fomento y Vivienda recupera el liderazgo de años anteriores, "casi duplicando" la inversión de 2017, pero, según Ceacop, mantiene un presupuesto "por debajo de las necesidades de inversión real no sólo en la creación de nuevas infraestructuras, sino en el mantenimiento de las existentes, tanto en vías de comunicación como el parque público de vivienda".

La ya desaparecida Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio queda relegada a una segunda posición con un presupuesto de 83,6 millones de euros, manteniendo en 2018 una inversión similar a la del ejercicio anterior.

Desde Ceacop recuerdan que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio dispone de 120 millones de euros anuales a través del 'canon del agua', destinados a ejecutar las 300 obras de interés general incluidas en el Plan de Depuración y Saneamiento de Andalucía.

Sin embargo, según Ceacop, "una parte importante de estos fondos no se están empleando", ya que esta consejería "sólo ha adjudicado 83,6 millones de euros, que se han repartido tanto entre obras de depuración y saneamiento como de otra tipología, como limpieza de cauces, protección de márgenes o arreglo de caminos rurales".

Desde Ceacop apuntan que, a pesar de estas cifras, "se prevé que el presupuesto destinado a las obras del Plan de Depuración y Saneamiento pueden aumentar de cara a 2019, ya que un 16% de lo adjudicado en 2018 ha correspondido a contratos de ingeniería, que son la antesala a la ejecución de la obra".

Así las cosas, las dos citadas consejerías son responsables del 61% de las inversiones destinadas por el Gobierno autonómico. Le sigue en volumen de inversión Educación, con 64,4 millones de euros, y que ha aumentado su presupuesto en un 33,1%, destinándolo principalmente a acometer mejoras en la climatización de los centros educativos y la retirada de amianto.

La Consejería de Salud ocupa el cuarto lugar, pese a bajar su presupuesto a 48,2 millones de euros, según detalla Ceacop, que valora que el 55% de los contratos adjudicados por la Junta de Andalucía lo ejecutan empresas andaluzas, y que se ha producido un reparto "muy homogéneo" entre las distintas provincias, lo cual "favorece un desarrollo simultáneo y un reparto más equitativo de la riqueza".

GOBIERNO CENTRAL

Entre las administraciones inversoras, el Gobierno central continúa en el tercer puesto, pese a ser, según subraya Ceacop, el organismo con mayor capacidad económica. Su volumen de inversión en 2018 fue de 265,9 millones de euros, un 21% más que lo destinado en 2017.

Desde Ceacop avisan de que este presupuesto se reparte "de forma muy desigual entre las provincias, condenando a las que menos reciben a seguir a la cola en el desarrollo de infraestructuras".

Dentro de los ministerios, el de Fomento es el principal inversor con 229 millones de euros adjudicados, aumentando un 33% su presupuesto respecto a 2017, y representando el 86,2% del total de la inversión por parte del Gobierno central.

Con un presupuesto "ínfimo", el ministerio responsable de las obras medioambientales, el actual Ministerio para la Transición Ecológica, destinó 14 millones a las obras de su competencia, según concreta Ceacop, que considera que, siendo dicho departamento el responsable de la protección del litoral, la gestión del río Gualdaquivir o de obras de abastecimiento, esta inversión se queda "muy por detrás de las necesidades de mejora y desarrollo de estas partidas".

El resto de ministerios realizaron inversiones por cuantías inferiores a los seis millones de euros, según el estudio de Ceacop, que destaca que en 2018 ha aumentado el número de contratos desiertos y desistidos.

Así, un año después de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, Ceacop observa que el número de obras desiertas se ha triplicado, y el número de contratos desistidos se ha duplicado respecto a 2017.

Para Ceacop, estas cifras "vienen a evidenciar deficiencias en la gestión y la falta de adecuación en los contratos a la nueva normativa". Además, señala que "la avalancha de licitaciones que se produjo días previos a la entrada en vigor a la nueva Ley perjudicó a las empresas que vieron limitada su capacidad de respuesta".

Si las actuaciones "se hubiesen licitado en tiempos espaciados, las empresas hubieran podido presentar sus ofertas a un mayor número de contratos, con lo que hubiera aumentado la probabilidad de optar a ellos", según Ceacop, que destaca que la nueva ley establece una serie de mejoras para garantizar la concurrencia de las pymes a los contratos, pero "estas nuevas medidas suponen costes añadidos, que deben asumir las empresas, y que dan como resultado que se siga adjudicando en función del precio y no a la mejor relación calidad precio como señala la nueva norma".
--EUROPA PRESS--

La contratación de obra pública crece en Andalucía un 18% en 2018 y alcanza los 1.325,3...