viernes. 29.03.2024



Adelante Andalucía quiere que el Pleno del Parlamento autonómico debata una proposición no de ley para que los presos andaluces cumplan sus penas de prisión en cárceles radicadas en la Comunidad Autónoma. Según datos del Ministerio del Interior fechados en 2017, 3.665 andaluces cumplían condena en establecimientos penitenciarios de fuera de la Comunidad, cifra que suponía el 26,2% de la población presidiaria en Andalucía.

El Ministerio cifra en 13.621 personas el número de reclusos en cárceles andaluzas en el mencionado 2017, de los cuales 1.788, el 13,2%, son presos foráneos, no residentes en Andalucía.

La iniciativa, calificada favorablemente por la Mesa de la Cámara y a la que ha tenido acceso Europa Press, requiere para su debate el apoyo de tres grupos o de dos tercios del Parlamento. El propósito de la iniciativa es que el Parlamento de Andalucía mandate al Consejo de Gobierno reclamar al Gobierno de la Nación "el cumplimiento de la legislación nacional y europea para que los presos y presas andaluces puedan cumplir condena en sus lugares de residencia habitual".

La Proposición no de ley reclama también la modificación del marco legal, en este caso, de la Ley Orgánica General Penitenciaria y del Reglamento Penitenciario para que la normativa refleje "el cumplimiento de la pena en el lugar de arraigo de la persona penada", así como un refuerzo de la competencia del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria "en el control por vía de queja de traslados y destinos de cumplimiento".

En la argumentación de la iniciativa que rubrica el portavoz parlamentario de Adelante Andalucía, Antonio Maíllo, reconoce que "no estamos hablando de un derecho absoluto e incondicionado, sino de un principio", pero defiende que "el principio jurídico general" para la elección del centro de cumplimiento de la pena de prisión "es el de la proximidad al domicilio habitual" de la persona condenada.

Principio que, reivindica Adelante Andalucía, tiene su reflejo en sendos artículos de la Constitución española, 25.2 y 18.1, relativos a la reinserción social y el derecho a la intimidad familiar, así como en la propia Ley Orgánica General Penitenciaria, que recoge que "la política de distribución geográfica de los penados debe estar encaminada a evitar el desarraigo social de los mismos".

Apela la Proposición no de ley de Adelante Andalucía a favorecer "el contacto activo recluso-sociedad" para evitar "el desarraigo social" y subraya que la población presidiaria andaluza procede "del ámbito de la exclusión social", una circunstancia que agrava la dificultad de las familias para "viajar cientos de kilómetros".

La iniciativa retrata "el hándicap de la gran extensión" de Andalucía, aspecto que Adelante Andalucía pone de manifiesto cuando sostiene que "residir en Huelva y cumplir condena en Almería puede hacer inviable afrontar las visitas para muchas familias".
--EUROPA PRESS--

Adelante pide que el Parlamento reclame que los presos andaluces cumplan sus penas en...