Cañada Aguilar
MOJÁCAR.- Salvemos Mojácar ha denunciado masivos desmontes ilegales bligados a proyectos de urbanización, así como edificaciones ilegales y anuncia la presentación de denuncias ante el ayuntamiento y la Guardia Civil exigiendo que sea paralizada la obra en el sector UE-5 denominado Cañada Aguilar.
Nota de prensa
Salvemos Mojácar se encuentra en estado de máxima alerta por la reanudación de importantes actividades urbanísticas en el municipio de las que destacamos 4 actuaciones que estamos denunciando en la actualidad y que involucran masivos desmontes ilegales ligados a proyectos de urbanización, así como edificaciones ilegales y que iremos detallando en cuatro entregas, la primera es la que sigue a continuación:
En el sector UE-5, denominado Cañada Aguilar este año se ha socavado salvajemente un monte de forma ilegal y sin más motivación que ganar un poco de suelo en un proyecto de urbanización y para rellenar el terreno del mismo, para la venta de 20 parcelas sin construir, visible desde la carretera del Palmeral que baja en diagonal desde la gasolinera de subida al pueblo hasta la playa pasando por Cañada Aguilar.
La obra vulnera salvajemente el Estudio de Impacto Ambiental, (EIA) y la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del plan parcial, que impiden las brutales y arbitrarias agresiones al terreno y el paisaje que se han realizado.
Respetar la DIA y el EIA seria requisito indispensable para que se consolide el suelo como urbano, algo en lo que probablemente Cajamar, propietaria del suelo, basaba esta jugada en connivencia presunta con el ayuntamiento.
Exigimos al ayuntamiento que no se de aprobación alguna a dicha consolidación, y que al revés sea declarado nulo el proyecto, paralizada la obra y obligado el propietario a restaurar el medio dañado respetando las prescripciones de la DIA.
Por otro lado el Plan parcial es de hace más de quince años, debería estar sujeto a revisión, y a anulación, dado el exceso de viviendas vacías que hay ya en Mojácar que no justifica en modo alguno el desarrollo de este sector.
Sospechamos que tanto este como los otros desmontes faraónicos que se están dando en Mojácar y que iremos detallando en ulteriores entregas se deben al intento de consolidar de facto, por hechos consumados, planes parciales antiguos que quizá están siendo objeto de objeciones por parte de la Junta de Andalucía a la hora de aprobar el plan general.
Es en todo caso muy preocupante y sospechoso que estando en proceso de revisión el PGOU de Mojácar, para su posible aprobación final, se están dando desmontes masivos en varios lugares del municipio para obras de urbanización de proyectos cuyas edificaciones no van a desarrollarse por ahora pero que dejan ya efectuado un daño irreparable y “consolidan” de facto y por hechos consumados un suelo urbano que no debería serlo, pues los planes parciales respectivos se deberían revisar y anular.
Salvemos Mojácar apoya la reivindicación de los vecinos de que además de reparar el daño causado al monte, se repare la carretera de acceso a sus casas, gravemente dañada por la obra, y se palien las molestias múltiples que vienen sufriendo a causa de este proyecto.
Salvemos Mojácar anuncia la presentación hoy de denuncias ante el ayuntamiento y la Guardia Civil exigiendo que sea paralizada la obra, declarada nula la licencia y el proyecto, y obligado el propietario a restaurar el medio dañado respetando las prescripciones de la DIA; que a su vez sea revisado y anulado el plan parcial; y que en ningún caso se apruebe la consolidación de este sector como urbano en tanto no se respete una DIA que ya ha sido salvaje e irreparablemente vulnerada socavando un monte que no puede ser restituido íntegramente ya a su estado original.
Esta denuncia irá seguida del correspondiente recurso Contencioso administrativo y de informes para el Parlamento Europeo, la Junta de Andalucía (incluido el equipo revisor del PGOU de Mojácar), el Defensor del Pueblo y la Fiscalía Anticorrupción, tanto en relación a este caso como a los otros que iremos desvelando próximamente. En dicho informe se incluirá a su vez la ausencia o no de transparencia en información por parte de las distintas administraciones implicadas.
