Protesta por el desalojo de una familia de una vivienda en El Puche
ALMERÍA.- La parlamentaria almeriense de Podemos Andalucía, Lucía Ayala, ha recordado hoy al consejero de Fomento y Vivienda la resolución aprobada en el parlamento por la cual se instaba al gobierno a cumplir el artículo 25 del Estatuto por el derecho a una vivienda digna. Ayala ha transmitodo al consejero que el deber del ejecutivo es “mantener y administrar adecuadamente el parque de vivienda pública de Andalucía para garantizar los derechos de la población”.
Podemos Andalucía ha realizado una pregunta en la comisión de Fomento y Vivienda referida al proceso de regularización de ocupantes sin título legal de viviendas en la barriada de El Puche. Según Ayala, tras reunirse con representantes del barrio, “este procedimiento no está siendo ágil, ni eficaz, ni basado en la seguridad jurídica, lo cual da lugar a situaciones indeseadas e injustas, como las que están sucediendo ahora en El Puche”. En esta línea Ayala ha mencionado al consejero que 70 familias del barrio han recibido cartas de desalojo forzoso; familias que se encuentran en riesgo de exclusión social y con menores a su cargo, recordando que el propio Defensor del Pueblo recomendaba a la Junta agilizar procesos de trámites, mayor vigilancia sobre las adjudicaciones y que no se produzcan desalojos hasta asegurar garantías habitacionales dignas.
En este punto la parlamentaria almeriense ha querido hacer hincapie en la palabra “digna”, alegando que no es digno ofrecer una alternativa de vivienda a más de cien kilómetros del puesto de trabajo habitual, como ha ocurrido con una de las familias. También Ayala ha preguntado al Consejero si “de verdad debe recordarle los convenios internacionales que obligan a proteger a los menores”.
Reproche a las víctimas
Para terminar, Lucía Ayala ha afirmado que el Gobierno “va a seguir las recomendaciones de su socio de Gobierno, Ciudadanos”, que pedía en una ley en el Congreso, el reproche de los poderes públicos a la “okupación” de viviendas, en vez de seguir las recomendaciones del Defensor del Pueblo y la Convención sobre derechos del Niño para aportar unas soluciones que impliquen “prevenir casos así en el futuro y garantizar una vivienda digna para todas las familias afectadas”.
