Audiencia Provincial de Almería
La Fiscalía de Almería solicita cinco años de prisión para una mujer acusada de estafar más de 750.000 euros mediante cobros a través de terminales TPV para los que habría utilizado números de tarjeta obtenidos "sin consentimiento de sus titulares", fundamentalmente en Gran Bretaña.
La acusada contó presuntamente con la colaboración de nueve personas, entre ellas su compañero sentimental y varios propietarios de comercios de la capital almeriense, y también procesados por estos hechos en otra causa, según recoge el escrito de calificación provisional al que ha tenido acceso Europa Press.
El Ministerio Público indica que, entre los años 2013 y 2014, R.M.P.G., condenada en firme en Francia por un delito contra la salud pública, "se concertó" con las otras nueve personas para "obtener un beneficio ilícito" mediante el cobro de diversas cantidades a través de terminales de pago virtual (TPV).
Estos cobros, según remarca, respondían "solo en apariencia" a operaciones de compraventa 'online' que habría realizado supuestamente con sus empresas.
Así, los propietarios de estas mercantiles abrieron una cuenta corriente en una entidad bancaria y "solicitaron terminales TVP que utilizaron para realizar una multiplicidad de cobros mediante la utilización de números de tarjetas que les eran facilitadas por la acusada y por su compañero sentimental".
El fiscal precisa que estos datos los habrían "obtenido ambos de manera fraudulenta en el extranjero, principalmente en Gran Bretaña" y que eran usados "sin el consentimiento de sus titulares".
Una vez realizadas las operaciones, los implicados en la red "dispusieron de varias cantidades de sus cuentas, bien mediante transferencia, bien mediante pagarés o cheques, bien mediante reintegros en efectivo".
"Como consecuencia de esta ilícita actividad, la acusada, junto con el resto de procesados en el otro procedimiento, se apoderaron de 752.297,97 euros", concluye el Ministerio Público, que interesa que indemnice a la entidad financiera con esta cantidad "que le fue defraudada".
R.M.P.G. se enfrenta, al margen de la pena privativa de libertad como presunta autora de un delito de estafa, al pago de una multa de diez meses con una cuota diaria de seis euros en la vista oral señalada para el 25 de septiembre en el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.
--EUROPA PRESS--
