ADRA.- Los padres de los siete alumnos de 1o de Bachillerato del IES Abdera de Adra, afectados por la falta de la asinatura de griego en el entro preparan solicitud de medidas cautelares al TSJA para que proteja el derecho constitucional a la educación de sus hijos. El objetivo es que sus hijos puedan recibir clases de esta asinatura a la vuelta de las vacaciones de Navidad.
Nota de prensa
Ante las negativa obcecada de la Consejera de Educación, Sonia Gaya, de impartir Griego I a los siete alumnos de 1o de Bachillerato del IES Abdera de Adra, los padres de alumnos afectados preparan solicitud de medidas cautelares al TSJA para que proteja el derecho constitucional a la educación de sus hijos, que toda la estructura jerárquica de la administración educativa ha ninguneado.
Sonia Gaya, miente al argumentar que es necesario un nuevo cupo para poder impartir Griego, porque la profesora del centro sólo tiene trece horas de su especialidad en su horario, y la docencia de Lengua que le ha endosado la Dirección del centro, incumpliendo la ley estatal sobre atribución docente a su especialidad, es perfectamente asumible por los especialistas de Lengua, incluyendo a la propia Directora.
Miente también Sonia Gaya al intentar sostener que el centro ha obrado conforme a la ley y en el ámbito de su autonomía pedagógica, porque el centro no ha tocado su Proyecto Educativo desde que se cargó el Departamento de Cultura Clásica. No tiene recogido criterio alguno en su Proyecto Educativo que permita suprimir el Griego. Y la autonomía de un centro educativo no puede desligarse de las leyes autonómica y estatal, a las que está supeditada.
Ante la obscena postura de “sostenella y no enmendalla” de la Consejera, que sólo persigue culminar la estrategia de hechos consumados iniciada hace dos meses por la dirección del IES Abdera, los padres no vamos a esperar a que se pronuncie, porque sus respuestas a los grupos parlamentarios de Ciudadanos y Partido Popular en el Parlamento Andaluz dejan perfectamente claro que debe comparecer, junto con todos los inspectores que han tapado esta infamia, ante el TSJA, en el banquillo de los acusados.
La administración educativa no debería ser un chiringuito de cuatro amiguetes, sino un instrumento de garantía del derecho constitucional a la educación a través de la utilización efectiva de los recursos disponibles, que sepa tirar de las orejas a esos cuatro mafiosos amiguistas aprovechados, que llevan tres meses parapetándose detrás de sus burdas mentiras para eludir la responsabilidad de solucionar un problema de tres minutos.
