Javier A. Salvador, teleprensa.com
Por estar puede estar fenomenal que Ecologistas en Acción pida al ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que desclasifique el secreto que protege al acuerdo entre EE.UU y España, firmado en 2015, para retirar la tierra que hay en Palomares, pedanía de la localidad almeriense de Cuevas del Almanzora, sobre la que cayeron las bombas atómicas americanas en el año 1966. Seguro que llena muchas páginas de periódico y que los grupos ecologistas se apuntarán algún tanto, pero a esos vecinos a día de hoy les importa bastante menos el efecto de esas tierras que les estigmatiza desde hace ya medio siglo, que una sentencia judicial que les obliga a pagar 13 millones de euros a una empresa quebrada, gestionada por un administrador destinado en sede judicial, y que para colmo intentaba construir una urbanización ilegal en unos terrenos que sencillamente no eran urbanizables. Sería realmente lamentable que la justicia abra ahora los ojos, cincuenta años después, para darse cuenta de la barbaridad que el régimen de Franco hizo en Palomares, y que el mismo poder del Estado permanezca impasible ante una situación que va a quebrar un ayuntamiento.
Cuevas del Almanzora no pierde el sueño por la tierra contaminada, sino porque un alcalde del PP, Jesús Caicedo, que luego fue senador y calificado como el mejor alcalde de España por el cuestionable periodista Carlos Herrera, aprobó licencias y planes urbanísticos para nada más y nada menos que la construcción de 1255 viviendas. Firmó 53 convenios urbanísticos que afectaban a 2.658,24 hectáreas, lo que vienen a ser más de dos millones y medio de metros cuadrados. Y todo para generar unos ingresos adicionales de 1.628.000 euros de los que ya se han tenido que devolver 376.000 vía sentencias, 500.000 por otro lado y 400.000 más en gastos de representación legal. Y claro, el problema ya no es sólo que una sentencia les obligue a pagar 13 millones de euros por los beneficios que dejó de tener una empresa que adquiría derechos en un suelo que no era urbano o urbanizable, sino que hay otros 26 contenciosos más aún en espera. Eso sí que son antecedentes para nombrar a alguien el mejor alcalde de España y que no se le caiga la cara de vergüenza por encubrimiento.
Pero en el caso de Cuevas del Almanzora se junta el hambre con las ganas de comer, y nadie hablará de ello. Para más mofa, resulta que el juez que les condena, el que no ve inejecutable esa sentencia, es el mismo que años atrás decretó el cierre del Centro Comercial Gran Plaza de Roquetas de Mar, pero a las pocas semanas declaró inejecutable su propia sentencia porque entendía que el daño sería irreparable ¿Y en Cuevas? ¿Qué bomba hace hoy mas daño, la de 1966 o la de una sentencia judicial que en 2018 remienda fallos judiciales de 2005 que eximían al ayuntamiento de hacer frente a ese lucro cesante que pedían los demandantes? ¿Y por qué el mismo poder judicial que condena a todo un pueblo no inicia acciones de oficio contra el alcalde que urdió el plan, cuando las actas de los plenos de la época ya mostraban la oposición de, precisamente, el partido político que hoy gobierna en la localidad y que obviamente no es el PP?
Cuevas del Almanzora necesita atención, portadas y apoyo, de los ecologistas y de los juristas, pero 52 años después no se merece que la única alfombra que se levante sea la de Palomares, cuando la del urbanismo de un alcalde del PP les obliga a pagar 13 millones de euros a un pueblo cuyo presupuesto anual es de 11 millones.
Es de locos o pura injusticia.
