María Jesús Pérez
ALMERÍA.- El informe Olivenza elaborado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad desgrana que en 2014 las personas con discapacidad han seguido siendo víctimas de discriminación en temas específicos como el acceso al empleo, la formación reglada o la participación social. Este documento además ofrece un repaso por los avances legislativos, aborda la aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad así como el desarrollo de las estrategias europea y española para 2020 en cuestiones referentes a la dependencia, pensiones y empleo.
Una de las principales conclusiones del estudio desgrana la gran discriminación que afecta a las mujeres con discapacidad, apuntando que si bien el riesgo de pobreza no es muy distinto entre hombres y mujeres con discapacidad, 31% y 32% respectivamente, sí lo es cuando se observa el umbral de pobreza severa, bajo el que las mujeres alcanzan un 15,7% de la población, es decir casi seis puntos por encima de las personas sin discapacidad.
Desde el punto de vista de la inclusión económica, la desventaja de la población con discapacidad se cuantifica en casi un 33% respecto a la población en general, que se explica por la diferencia en cuanto a la tasa de actividad por un lado, y por una distancia relevante en los niveles de pobreza. En cuanto a las tasa de empleo las personas con discapacidad ocupadas siguen protagonizando cifras inferiores si se comparan con las personas sin discapacidad, el 61.9% de los varones sin discapacidad está en ocupado frente al 26% de los que tienen discapacidad. En cuanto a las mujeres sin discapacidad un 52.3 % se encuentra trabajando frente al 22% de las que también están en activo laboralmente y tienen discapacidad. “Desde Luna abogamos por un aumento de la tasa de empleo y la no precariedad laboral, ya que ahora se están dando sobre todo contratos que no benefician la inclusión desde el punto de vista del empleo”, explica María Jesús Pérez, Presidenta de la asociación para la promoción de la mujer y niña con discapacidad.
En materia de educación del estudio se extrae que el nivel de estudios en mujeres con discapacidad es inferior al de hombres, un 7,5% de mujeres no sabe leer o escribir frente a un 5.5% de hombres. En etapas de enseñanzas superiores, un 6.2% de mujeres con discapacidad ha realizado estudios de bachillerato frente al 7.4% de los hombres, y en etapas universitarias el acceso a nivel nacional es de 9.4% en hombres y de un 5.5 % de mujeres. En Almería, y según datos facilitados por la UAL en el presente curso hay matriculados 215 estudiantes con discapacidad, 118 hombres y 97 mujeres.
Pérez explica que “a pesar de estas cifras la situación es cambiante cuanto más nos acercamos a los estudios superiores donde las tasas de mujeres en las universidades públicas supera a la de los hombres, un dato que sobre todo se está dando en el último lustro, dato coincide con el incremento del número de mujeres en general que llegan a la universidad,”, y añade que “las razones son varias, por una parte el cambio de mentalidad por parte de la familia y por otra las ayudas técnicas que aporta el sistema educativo gracias a las demandas realizadas por las entidades que trabajamos por la inclusión de las personas con discapacidad”.
Si desgranamos el eje de integración social el 18.3% de las mujeres con discapacidad afirma tener dificultades de participación social por falta de ayudas técnicas, frente al 11.6% de los hombres. Unas ayudas técnicas que también son escasas en los eventos culturales ya que el 15.3% de las mujeres afirma carecer de ellas, una cifra que supone un 11.7% en los varones.
En este sentido las principales barreras para la inclusión social se encuentran para salir de casa, un 85,9% en las mujeres con discapacidad y un 72.4% en el caso de los hombres, así como en el transporte, el 57.7% de las mujeres con discapacidad afirma encontrarse con ellas frente a un 51.4% de los hombres.
En palabras de Mª Jesús Pérez, “además de las barreras desgranadas en el estudio también nos encontramos con las barreras familiares donde el fomento de la participación en actividades de ocio y tiempo libre es menor entre las menores con determinados tipos de discapacidad”.
