Jesús Antonio Rodríguez Morilla, Doctor en Derecho
Cada vez más, a la opinión pública le llama poderosamente la atención el fenómeno consistente en que casi todo lo que construye la Administración Pública, experimenta un incremento de precio insospechado a la finalización de las obras.
La respuesta la hemos tenido en las cifras barajadas por este concepto, que oscilan entre las más conservadoras 20.000 millones es de euros, hasta otras que rozan los 40.000 millones. Probablemente a partir de ahora, si dispone de tiempo el nuevo Gobierno, comenzarán “los ajustes de cuentas”, nunca mejor dicho entre unos y otros.
Han contribuido a sensibilizar a la misma de manera decisiva, la denuncia de los medios de comunicación, así como el sistema judicial, especialmente tenaz con algunos comportamientos corruptos generadores de alarma social en esta época de tribulaciones económicas por las que atravesamos. La prueba más reciente, la hemos tenido muy recientemente con una serie de sentencias, que no repetimos, por ser harto conocidas.
Desgraciadamente, es un fenómeno amplísimo como consecuencia de una ascendente crisis de valores, donde personas que desempeñan funciones públicas o privadas, violan sus propios deberes, bien por amistad o por dinero, obteniendo ventajas ilícitas para sí mismos o bien para terceros, ocasionando con su comportamiento, un grave deterioro tanto a la colectividad como al funcionamiento de las instituciones.
Manifiesta E. Cazzola en su obra: “La corruzione política in Italia” (1998), que cuatro elementos contribuyen a esta situación: 1) La violación de normas o reglas normadas. 2) El intercambio clandestino entre los agentes políticos y el sistema económico. 3) La apropiación de recursos de uso o de intercambio provenientes de las instituciones destinados a un fin ilegal. 4) El resultado deseado de modificar de hecho, las decisiones atribuidas a los poderes públicos.
Igualmente, merece la pena recordar las significativas palabras de GONZÁLEZ PÉREZ, J. en su artículo: “LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS “(ABC 15.8.1996, pag.34).
Cuando viera que, ante la pasividad de los políticos para exigir responsabilidades a sus antecesores en la detentación del poder, existía en el Estado una institución que velaba de verdad por la legalidad, el derecho de los ciudadanos y el interés público tutelado por la Ley………..
Debe tenerse en cuenta, que la Contratación Pública tiene una gran importancia, cualitativa y cuantitativamente, tanto en la vida económica española como a nivelcompetitivas las adjudicaciones decontratos públicos por las autoridades europeas y sus proveedores.
Se nos plantean aspectos tales como:
¿Necesitamos normas más rigurosas o mejores salvaguardias para prevenir el favoritismo, la corrupción o los conflictos de intereses?
¿Cómo puede garantizarse una competencia eficaz en los mercados de contratación pública?
Por ejemplo, ¿cómo podría prevenirse la aparición de proveedores en posición dominante. La manipulación de licitaciones o el reparto del mercado entre los licitadores?
Es sabido que unas condiciones de competencia deficientes, conllevan un mayor esfuerzo económico para las entidades del sector público que contratan bienes y servicios, y por tanto, para los ciudadanos.
Sin embargo, y a pesar de estos buenos propósitos, las obras del sector público, se ven afectadas también en la actualidad por un mal que parece inevitable: los presupuestos se ven superados muy ampliamente por el precio final, hasta el punto, que podría continuar el peligro de aumentar: suspensiones y paralizaciones de obras.
Lo anterior tiene un nombre en su génesis: LAS BAJAS TEMERARIAS O "RABIOSAS, Y UNA FRASE POSTERIOR: "YA NOS RESARCIREMOS DESPUÉS...”
! ¿QUÉ SUCEDE? ¡
¿Los ingenieros desconocen como elaborar presupuestos?
¿Los contratistas han olvidado cómo se construye una obra?
¿Existen demasiados intereses económico-políticos?
¿Surge a menudo una mala praxis en los intervinientes?
¿Es que la corrupción se ha vuelto endémica?
