jueves. 28.03.2024

José Francisco Rivera

EL EJIDO.- Ante las manifestaciones vertidas sobre el caso Poniente, el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de El Ejido ha lamentado la “falta absoluta de rigor técnico y jurídico de Izquierda Unida al obviar los datos que obran en las diligencias”, y le recuerda que “se trata de un procedimiento penal y, por tanto, de algo muy serio que hay que afrontar con rigor, seriedad y la máxima precisión, y que no se trata de hacer ni un mitin ni un circo mediático, como pretende IU”.

Además, Izquierda Unida ha mentido a todos los medios de comunicación y a todos los ciudadanos al afirmar que el Partido Popular no ha presentado escrito de acusación, puesto que sí lo ha hecho, habiendo sido, además, precisamente el PP el que, desde el principio, más ha luchado por depurar responsabilidades y recuperar el dinero presuntamente defraudado. 

Desde el gobierno municipal se exige a IU que explique en base a qué cálculos ha llegado a la cifra de 255 millones de euros que, según afirman, se han malversado supuestamente, “porque una de dos, o Izquierda Unida no ha aprendido a sumar, o su escrito de acusación lo ha basado en especulaciones y bailes de cifras, ignorando el contenido del proceso judicial y los informes periciales obrantes en el mismo, como el elaborado por los técnicos de la Agencia Tributaria, que incluso cifran lo presuntamente defraudado en cantidades incluso inferiores a los 84’5 millones de euros que reclama el Ayuntamiento”.

Así, Rivera asegura que IU “no ha sido capaz de determinar con un mínimo de rigor las cantidades que esgrime, ni ha actuado como debe hacerse en un proceso judicial, en el que todo debe estar bien acreditado y fundamentado en pruebas sólidas, como los distintos informes periciales que obran en las actuaciones”.“No se trata de hacer un brindis al sol, sino de que todo quede bien argumentado, justificado y demostrado para conseguir una sentencia condenatoria que permita que sean revertidas al Ayuntamiento las cantidades defraudadas”.

En cualquier caso, el portavoz ha puntualizado que “éstas no son las conclusiones definitivas” y que, “celebrado el juicio oral, a la luz de las pruebas que se produzcan y lo que acontezca en las vistas, se evidencian hechos o circunstancias que aconsejen modificar las peticiones de penas e indemnizaciones, así se hará”.

Asimismo, Rivera entiende que “a estas alturas, Izquierda Unida ya debería saber que ni el PP ni la propia Izquierda Unida se presentaron como acusación particular, sino como acusación popular, ya que la única acusación particular que hay es el Ayuntamiento de El Ejido como perjudicado”. “Aunque Izquierda Unida quiera ahora olvidarlo y colgarse todos los méritos, hay que recordarle que fue el Partido Popular el que desde el principio ha luchado para destapar el caso, depurar responsabilidades y recuperar las cantidades presuntamente defraudadas”. 

Acusación bien fundamentada

Por su parte, el representante jurídico en la causa tanto del Ayuntamiento como del Partido Popular, Emilio Lucas, insiste en que “se trata de un tema penal en el que hay que realizar una acusación bien fundamentada con pruebas que la sustenten y, por tanto, no se trata de pedir a bulto sino de reclamar las cantidades que realmente se pueda demostrar que han sido sustraídas”, y que por ello hay que tener en cuenta todos los elementos que obran en las extensísimas diligencias, como declaraciones, documentos e informes, siendo especialmente relevantes los de la Agencia Tributaria.

Opina, también, el letrado Emilio Lucas que cifrar lo sobrefacturado por Elsur en “una cifra como la que IU ha dado” equivale a afirmar que prácticamente todo lo facturado por Elsur fue sobrefacturación, lo cual muestra la falta de rigor y precisión con la que Izquierda Unida está abordando este asunto, pues no han realizado esfuerzo alguno en “desglosar las cantidades de las que habla” ni en afianzar la prueba en que sustentar sus peticiones. 

Sin querer entrar en una comparativa con IU, el letrado señala que su “forma de proceder ha sido completamente diferente”, remitiéndose a su “escrito, que tiene casi 150 páginas, donde se desgranan de forma minuciosa y se afina al máximo sobre cada una de las cantidades que se han sobrefacturado o que se hayan podido” sustraer.

De hecho, indica, a la vista de lo actuado, “no se puede pedir una responsabilidad solidaria de todos los investigados porque cada uno tiene un ámbito determinado de responsabilidad, unos más amplios que otros”, y que, por eso, en su escrito no se hace una petición de condena solidaria a todos los acusados al pago de las indemnizaciones sino una determinación muy concreta de las cantidades de las que cada uno de los implicados ha de responder frente al Ayuntamiento.

Por último, el letrado ha precisado que, en puridad técnica, sólo el acusador privado y el Ministerio Fiscal, están legitimados para pronunciarse sobre la “cantidad en que aprecien los daños y perjuicios causados por el delito”, conforme al artículo 650 de la ley de Enjuiciamiento Criminal.


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