12,7 millones de herencia en Cuevas

Domingo, 27 de Mayo de 2018

12,7 millones de herencia en Cuevas

10 de Mayo de 2018 17:31h

Javier Salvador, @jsalvadortp
Javier Salvador, @jsalvadortp

El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora tendrá que pagar 12,7 millones de euros a una empresa en concurso de acreedores, en manos de un administrador concursal y a cuyos socios originales, Félix Ramírez Cárceles y Francisca Cárceles García, les buscan insistentemente en los foros de impagados. Este es el legado que a día de hoy Jesús Caicedo, ex alcalde de la localidad por el PP, ex senador por el mismo partido y mejor alcalde de España según cantaba a los cuatro vientos el periodista de La Cope Carlos Herrera, ha dejado a una población de 13.362 habitantes. Es decir, que a cada uno de ellos les va a costar 1.000 euros extra haber tenido el honor de tener al tal Caicedo como alcalde.

Por si algunos aún no han situado a Cuevas del Almanzora en la geografía geopolítica, sepan que es el municipio que alberga la pedanía de Palomares, aquella en la que cayeron las famosas bombas y en la que el Gobierno aún no sabe cómo retirará una tierra contaminada que viene estigmatizando a la población desde hace décadas.

Pero hay más. También es en Cuevas donde el PP dejó otro legado que es importante destacar, como una desaladora que debía aportar hasta 20 hectómetros cúbicos de agua, para la que se invirtieron 77 millones de euros. El problema es que no da agua ni para llenar una botella. Incluso llegó a hablarse de retomar la planta e invertir algo así como unos 20 millones extra para ponerla en marcha, pero también es uno de los puntos claves de la trama de corrupción urdida en el caso Acuamed u operación Frontino, por la que ingresó en prisión, entre otros, el número uno de la empresa pública, Arcadio Mateo. Este individuo también era, antes que experto en aguas, el responsable de los sondeos de opinión que llevaba a cabo el PP. Si señor, el hombre que hacía las encuestas del PP pasó a ser el director general de la empresa pública que construyó la desaladora que no funciona y a la que estiman los investigadores que le imputaron un sobrecoste de más de 30 millones de euros.

Vistos los antecedentes es hasta normal que desde Cuevas del Almanzora hayan esperado un par de días para tomar aire, recabar datos y finalmente responder desde el Ayuntamiento, que ahora gobierna un alcalde del PSOE al que le toca apagar los fuegos de aquellos que entendieron la política como el arte de servirse de los hombres haciéndoles creer que se les sirve a ellos.

Pero a la espera de lo que diga el primer edil que tiene que asumir el histórico marrón, el caso plantea dudas sobre el modelo legislativo que puede dejar deudas tan importantes como ésta sin que los autores de la decisión tengan que responder personalmente por sus actos. Que sepamos, en el caso de los ERE se piden responsabilidades patrimoniales a los ex altos cargos de la Junta de Andalucía si fuesen declarados culpables, pero aquí, que se sepa, nadie salvo el ayuntamiento en su conjunto responderá ante este complicado asunto. Y no es el primero.

En Roquetas de Mar, gobernada por el PP de Gabriel Amat, aún no sabemos quién pagará los varios millones de euros que el promotor de los acantilados de Aguadulce reclama por el hecho de no poder construir sobre un terreno que él compró con la correspondiente licencia que le permitía poder hacer precisamente eso que se quedó en movimiento de tierras, es decir, edificios colgantes en pleno acantilado. Y como ese, muchas otras.

El problema ya no está en si el sol sale por Cuevas del Almanzora y termina poniéndose por Roquetas de Mar, sino en quién es el responsable final de una decisión política que deriva una responsabilidad de 12,7 millones de euros, aquél que firma la resolución o aquéllos que le votaron para darle el poder de hacerlo.

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