Condenan a una multa de 3.240 euros a la ex profesora de la UAL acusada de un delito de coacciones

Miércoles, 19 de Septiembre de 2018

Condenan a una multa de 3.240 euros a la ex profesora de la UAL acusada de un delito de coacciones

30 de Noviembre de 2011 14:38h

Audiencia Provincial
Audiencia Provincial

TELEPRENSA.- La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería ha condenado a IMPR, una ex profesora de la Universidad de Almería, a una multa de 3.240 euros por la comisión de un delito de coacciones a unas alumnas, si bien la ha absuelto del presunto delito de falsedad en documento oficial del que también estaba acusada.

La causa por la que ha sido juzgada esta ex docente, procede de una denuncia interpuesta por el Ministerio Fiscal el 3 de marzo de 2008 por el testimonio de dichas alumnas. Desde octubre de 2001 hasta octubre de 2007, IMPR ejerció como profesora asociada a tiempo completo en el Área de Enfermería en la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de la UAL, impartiendo la asignatura “Metodología del Cuidado”.

En agosto de 2006 cursó baja por maternidad, siendo sustituida hasta enero de 2007 por otro profesor, que adelantó el examen previsto para febrero de 2007 a diciembre de 2006, en acuerdo con el departamento y los alumnos, por lo que a partir de enero el listado provisional de calificaciones quedó a disposición de los alumnos en el tablón de anuncios.

Entre ellos se encontraban seis alumnas, todas ellas aprobadas, que en noviembre de 2006 habían presentado, junto a otros cien compañeros, un escrito de queja contra IMPR, que fue trasladado junto al listado de alumnos suscribientes a la interesada, lo que le permitió tener 'conocimiento de la identidad de todos los firmantes al figurar en las listas sus nombres, apellidos y DNI'.

Un problema informático impidió al profesor sustituto acceder al campus virtual de la UAL para emitir el acta provisional de la asignatura, tarea que realizó finalmente IMPR tras incorporarse tras su baja por maternidad, firmando dicho documento el 15 de de febrero de 2007, aunque 'las calificaciones de las estudiantes reseñadas con anterioridad (todas ellas aprobadas con diferentes calificaciones) son modificadas y convertidas todas ellas en una nota de 4,5 (suspenso), sin responder, el mencionado cambio, a ninguna razón objetiva de carácter académico'.

Unos días más tarde, IMPR mantuvo una serie de entrevistas con estas alumnas para revisar los exámenes de éstas, 'conminando a cinco de ellas, como condición para recuperar sus notas iniciales, a que redactaran y firmaran un escrito retractándose de lo expresado en el escrito de queja', a lo que accedieron 'por temor a suspender la asignatura'. Hecho esto, en el acta definitiva, las estudiantes volvían a tener su calificación original.

La Fiscalía consideró estos hechos constitutivos de un delito de falsedad en documento oficial, por el que interesaba una pena de tres años de prisión y multa de ocho meses a razón de 12 euros diarios, así como de cinco delitos de coacciones, por los que solicitaba veinte meses de multa, a razón de 12 euros diaros.

El juez dice que en el caso de las coacciones 'concurren todos y cada uno de los requisitos que integran el delito', aunque no del tipo agravado, y sin apreciar que se hubiese cometido un delito de falsedad en documento oficial porque 'la acusada no incurrió en una alteración material de las actas provisionales de las calificaciones' al no haber sido elaboradas y firmadas por el profesor sustituto, además de que 'la modificación de determinadas notas no obedece a un dolo falsario, sino que fue el instrumento de que se valió la acusada para perpetrar el delito de coacciones'.

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