El TS rebaja de seis a tres años de prisión la condena impuesta a Roca por malversación de caudales públicos
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El TS rebaja de seis a tres años de prisión la condena impuesta a Roca por malversación de caudales públicos

15 de Febrero de 2016 19:57h

Tribunal Supremo
Tribunal Supremo

MÁLAGA.- La Sala de lo Penal ha rebajado de 6 a 3 años de prisión la condena impuesta a Juan Antonio Roca por un delito continuado de malversación de caudales públicos en relación con el caso Saqueo II y mantiene la indemnización de 37 millones de euros que tendrá que abonar de forma solidaria junto a otros condenados.

La sentencia ha estimado parcialmente los recursos de casación interpuestos por el exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella y algunos de los condenados, así como por el ministerio Fiscal, contra la sentencia de la Audiencia Nacional, que ha sido corregida por el Tribunal Supremo.

La nueva sentencia de la Sala Segunda modifica la recurrida en tres cuestiones: la fijación de penas -que son inferiores a las impuestas en varios de los condenados-, la absolución de dos de ellos por falta de prueba y por prescripción del delito, además de la modificación de la responsabilidad civil fijada en la misma (afecta a Pedro Manuel Román Zurdo y Francisco José Alarcón Echevarría.

La rebaja de la pena de prisión también afecta a Julián Muñoz, Pedro Román Zurdo, Modesto Francisco de Asís y María Pedoria Cruz-Conde, cuyas condenas pasan de 6 a 5 años por el mismo delito continuado de malversación.

La sentencia explica que las nuevas penas son respetuosas con el principio de proporcionalidad, adecuadas a la gravedad de los hechos y al grado de culpabilidad, y tienen en cuenta la anterior condena que les fue impuesta por el mismo delito –malversación continuada de caudales públicos- en el caso Saqueo I. Sobre este último aspecto, señala que las distintas acciones podrían haberse enjuiciado como un único delito continuado en un único juicio.

Por este mismo motivo, otros siete condenados ven reducidas sus condenas y dos, José Antonio Andrade Jurado y de Antonio Romero Ramos, han sido absueltos.

La Sala de lo Penal explica que los condenados son alcaldes, concejales del Ayuntamiento de Marbella y gerentes de empresas públicas municipales que se utilizaron para a través de ellas, desviar fondos públicos municipales a otras finalidades privadas.

Asimismo, indica que los gestores deben actuar con la transparencia y claridad que exige el manejo de caudales públicos, y ante la acreditación de no haberse destinado al fin público previsto, deben justificar de forma cumplida la pérdida, destrucción o sustracción de los mismos, o la entrega de tales fondos.
Nada de ello, subraya la sentencia, aparece en relación a la actuación de los condenados, que en modo alguno han acreditado la justificación de su destino público ni dado explicación de su destino.

La sentencia explica que, entre los años 91 a 99, los concejales del Ayuntamiento de Marbella, a iniciativa del alcalde, decidieron gestionar los servicios municipales a través de sociedades mercantiles participadas íntegramente con capital público. Los concejales del GIL dispusieron de los fondos y patrimonio municipales en su propio beneficio y en perjuicio del erario público, mediante órdenes de pago, transferencias o disponiendo de los bienes municipales, con la intervención de Juan Antonio Roca, y otro condenado que no es concejal, como gerentes de sociedades municipales. En total, los condenados realizaron 93 operaciones, valiéndose de las citadas sociedades para derivar fondos públicos en el propio beneficio de las personas concernidas.

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