Piden más de siete años para un repartidor acusado de quedarse con 62.000 euros de sus jefes
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Piden más de siete años para un repartidor acusado de quedarse con 62.000 euros de sus jefes

30 de Diciembre de 2017 18:50h

Real Chancillería, sede del TSJA y de la Audiencia Provincial
Real Chancillería, sede del TSJA y de la Audiencia Provincial



La Fiscalía pide siete años, dos meses y 15 días de prisión para un hombre de 44 años acusado de quedarse con más de 62.000 euros que fue cobrando por los repartos de bebidas que, como trabajador de una mercantil de Polopos (Granada), realizaba en restaurantes, bares o supermercados de Motril, también en la costa granadina.

Según consta en el escrito de acusación provisional del fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado, de iniciales M.P.H., fue contratado como trabajador eventual a tiempo completo en calidad de "conductor-repartidor" desde el 17 de abril de 2015.

Desempeñó desde entonces labores de comercialización de productos de la mercantil que le contrató y de otra que dirigía el padre del dueño de la primera, ambas con domicilio social en La Guapa, en el municipio costero de Polopos-La Mamola.

Padre e hijo interpusieron denuncia contra el acusado el 3 de diciembre de ese mismo año "tras no haber recibido las cantidades que el mismo había cobrado en metálico en el desempeño de su actividad laboral" y que el mismo, "animado por el propósito de obtener un ilícito beneficio", y a escondidas, "incorporaba a su patrimonio".

La mayor parte de las alrededor de 25 facturas emitidas por los comercios --cafeterías, supermercados, pubs, restaurantes o tiendas-- con los que operaban de manera conjunta en Motril estaban a nombre de uno de uno de los denunciantes y, según el fiscal, "el acusado actuaba amparado por el marco legal de su condición laboral y en la confianza merced a la cual había sido contratado".

Asimismo, M.P.H., también con "ánimo de incrementar su patrimonio", fingió en sendas facturas las firmas de los propietarios de una licorería de La Herradura, en Almuñécar, y una marisquería de Salobreña, en la misma comarca costera granadina, con un fin de "errónea apariencia de autenticidad" para incorporar sendos importes de 1.591 y 174 euros, "no logrando su propósito".

El Ministerio Público considera estos hechos constitutivos de supuestos delitos continuados de apropiación indebida, y falsedad en documento mercantil en concurso con otro de estafa en grado de tentativa por los que pide en total penas de siete años, dos meses y 15 días de prisión y multas por valor de 7.200 euros.

Está previsto que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada juzgue estos hechos el próximo 15 de enero de 2018.
--EUROPA PRESS--

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