La Junta renueva el convenio para que menores infractores cumplan medidas judiciales en abierto en Algeciras
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La Junta renueva el convenio para que menores infractores cumplan medidas judiciales en abierto en Algeciras

30 de Noviembre de 2017 17:23h

Convenio Junta-Algeciras
Convenio Junta-Algeciras



El delegado de la Junta en Cádiz, Juan Luis Belizón, ha firmado este jueves con la delegada de Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Algeciras, Paula Conesa, la prórroga del convenio para facilitar el cumplimiento por parte de menores infractores de medidas judiciales en abierto en la localidad.

Según informa el Gobierno andaluz en una nota, este acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años y renueva la colaboración que ya existe entre la Junta y el Consistorio algecireño para que los jóvenes que cumplan las medidas judiciales que les imponen los jueces de menores puedan hacerlo en actividades propias del ayuntamiento --deportes, bibliotecas, medio ambiente, servicios sociales, Policía Local, etcétera--.

En concreto, estas medidas judiciales en cuya ejecución colaborará el Ayuntamiento, y que tienen como principal objetivo resocializar a estos jóvenes que habían cometido algún delito o falta, son las Prestaciones en Beneficio de la Comunidad (PBC), las Tareas Socioeducativas (TSE) y las Actividades Reparadoras en favor de la sociedad (RS) derivadas de un proceso de conciliación y mediación.

Otras de estas medidas judiciales son el seguimiento, por parte de los agentes de la Policía Local u otro personal funcionario que desempeñe estas funciones de la Permanencia de Fin de Semana (PFS) en el domicilio familiar; así como la cooperación o colaboración para actuar en el entorno familiar de aquellos menores en situación de conflicto con la sociedad que hayan de cumplir las referidas medidas.

Al respecto, el delegado ha puesto de relieve que "con estos acuerdos se contribuye a la labor educativa del joven en su mismo entorno", y ha añadido que este conjunto de medidas de carácter socioeducativo contempladas en la Ley "tienen por finalidad que el menor comprenda que la comunidad o determinadas personas han sufrido de forma injustificada unas consecuencias negativas derivadas de su conducta".

"Se trata de que el joven asuma que actuó de modo incorrecto, que merece el reproche formal de la sociedad y que las medidas judiciales que se le exigen constituyen un acto de reparación justo", ha afirmado.

Belizón también ha expresado tras la firma del convenio su satisfacción por "el trabajo que hace la Junta en materia de Justicia Juvenil, porque ha contribuido a que el nivel de reinserción de los menores infractores que finalizaron la ejecución de alguna medida se haya incrementado en los últimos años, con una tasa del 80 por ciento de jóvenes que no vuelve a reincidir".

El delegado, que ha recordado que en lo que va de año en Algeciras se han aplicado 165 de estas medidas --36 de prestaciones en beneficio de la comunidad, 118 de libertad vigilada, diez tareas socioeducativas y una de permanencia de fin de semana--, también ha destacado la colaboración de los agentes de la Policía Local de estas localidades al facilitar y garantizar el cumplimiento de estos convenios.

Por su parte, Conesa ha puesto en valor la importancia de la colaboración institucional en este ámbito, recordando el trabajo que se viene realizando desde el Ayuntamiento con una apuesta firme por acoger a estos menores y que puedan cumplir con las medidas oportunas, al tiempo que contribuyan de manera notable a la sociedad.

EL PERFIL, VARÓN ENTRE 15 Y 17 AÑOS

Las medidas de reeducación de menores infractores en medio abierto son desarrolladas por la Junta en Cádiz a través del medio centenar de convenios que tiene firmados para tal fin, el 74 por ciento con ayuntamientos y el 26 por ciento con entidades privadas de la provincia.

Los convenios con ayuntamientos y entidades no comportan ninguna contraprestación económica y tienen como finalidad la colaboración institucional para la educación y reinserción social de los menores infractores, mediante una intervención en su entorno que contribuya a la prevención de conductas de riesgo.

En ningún caso se plantea con esta medida la realización de tareas remuneradas ni la ocupación de un puesto de trabajo ya que siempre debe compatibilizarse con tareas formativas del menor.

El perfil tipo de los infractores que se acogen a esta medida responde a un varón, de entre 15 y 17 años, con problemas familiares y fracaso escolar. Los delitos que suelen cometer son robos con fuerza, peleas callejeras y destrozos de mobiliario urbano, entre otros.

La prestación del servicio en beneficio de la comunidad es una de las medidas judiciales de las denominadas de medio abierto que pueden imponer los jueces de menores a los jóvenes infractores, de acuerdo con el catálogo establecido en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores.

UN MÁXIMO DE 200 HORAS

Esta decisión judicial se traduce en acciones relacionadas con el interés social o el beneficio de personas en situación de vulnerabilidad y acorde con la naturaleza del hecho cometido. El juez puede condenar a los menores hasta un máximo de doscientas horas, aunque la media ronda las cincuenta. Retirar grafitis, ayudar en centros de salud, recoger basura del botellón, acompañar a personas mayores, seguridad vial o limpieza de parques, son algunas de las tareas impuestas.

El objetivo principal de las medidas comunitarias impuestas es que el menor sea consciente de que la comunidad, o determinadas personas, han sufrido de forma injustificada unas consecuencias negativas de su conducta, que ésta es reprobable y la prestación que se les exige es un acto de reparación justo.

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