IU afirma que el colectivo de estibadores está siendo agredido tanto por la directiva europea como por la actitud del PP
Menú principalabrir menu

IU afirma que el colectivo de estibadores está siendo agredido tanto por la directiva europea como por la actitud del PP

15 de Febrero de 2017 15:52h

La europarlamentaria de IU, Paloma López, pregunta a la CE si la propuesta del Gobierno violaría los derechos laborales contemplados por la propia UE.


CÁDIZ.- El coordinador provincial de Izquierda Unida en Cádiz, Fernando Macías, mantuvo en la tarde de ayer un encuentro con responsables del sindicato Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM) del Puerto de Cádiz con objeto de reiterar el apoyo de la formación política a los trabajadores ante el panorama incierto que se presenta a la vista del inminente decreto del Gobierno para llevar a cabo una reforma del sector de la estiba. Macías recalcó el “apoyo sin fisuras” de Izquierda Unida a un colectivo que según indicó, “ha sido agredido tanto por la directiva europea como por la actitud que mantiene el Gobierno del Partido Popular”. Un apoyo que ha sido manifestado expresamente por IU en el ámbito andaluz, estatal y que ha motivado iniciativas en el Parlamento Europeo.

En el encuentro, Macías indicó que IU entiende que “hay fórmulas” para que se pueda aplicar la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea “sin que ello suponga un ataque frontal a los derechos de los trabajadores”. Apuntó además, que “para IU, lo más preocupante es que la imposición del decreto anunciado por el Gobierno podría implicar el despido de más de 6.000 personas, entre operarios y personal administrativo”. Una cifra que los propios sindicatos no han sido capaces de cuantificar en lo que respecta a la provincia de Cádiz, aunque según trasladaron a IU, supondría “un mazazo” para una plantilla ya de por sí mermada en el caso del puerto de Cádiz, que cuenta actualmente con 48 trabajadores y que en el caso del puerto de Algeciras supera los 1.800.

El dirigente provincial de IU aseguró compartir con los estibadores la sensación de incertidumbre ante “la postura que finalmente tendrá el PSOE en el Congreso de los Diputados, pese a las declaraciones hechas desde Andalucía”, así como “la preocupación por que no se establezca una línea de diálogo clara y no se contemple un periodo de transición para la implantación de la reforma”. Los responsables de Coordinadora, por su parte, se mostraron igualmente preocupados por que en el trasfondo del decreto pueda haber “intereses oscuros”, como posibles ventas a terceros.

Fernando Macías señaló finalmente, que “todo parece apuntar a que la liberalización del sector de la estiba va a contribuir a convertir los puertos españoles en una selva de precarización laboral”; cuestión que, a su juicio, “se comprende muy poco teniendo en cuenta que todas las empresas mantienen altísimos beneficios en sus cuentas”.

Pregunta a la Comisión Europea

La europarlamentaria de Izquierda Unida, Paloma López, ha registrado una pregunta dirigida a la Comisión Europea en la que plantea si la propuesta planteada por el Gobierno y que podría concretarse en el decreto del próximo viernes “violaría las obligaciones en términos de mantenimiento de derechos laborales comprendidos en la Directiva 2001/23/CE y el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea un marco sobre el acceso al mercado de los servicios portuarios y la transparencia financiera de los puertos”. Asimismo, López pregunta a la CE si considera que el preacuerdo de los interlocutores sociales y la patronal para hacer cumplir la sentencia del TJUE cumplía dicha sentencia, así como si el mantenimiento de los registros planteados por los trabajadores, “en línea con lo previsto en la Convención OIT 137 y la Recomendación 145, es compatible con la sentencia C-5676/13”, dictada en 2014.

La parlamentaria de IU lamenta que “pese a que los representantes de los estibadores y la patronal portuaria habían llegado a un preacuerdo para cumplir con la sentencia, la Comisión ha vuelto a denunciar a España ante el TJUE y amenaza con la imposición de cuantiosas multas”. Añade López, que “en esta denuncia se ampara el Gobierno de España para anunciar una reforma legal que va más allá de la sentencia, especialmente al eliminar el registro previsto en las normas de la OIT (Organización Internacional del Trabajo)”.

Comentarios

blog comments powered by Disqus

Noticias relacionadas

Videos


Noticias más comentadas

Powered by Disqus

Las noticias en tu email

diario digital