Criterio contrario a la admisión a trámite de 106 enmiendas al Presupuesto 2018
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Criterio contrario a la admisión a trámite de 106 enmiendas al Presupuesto 2018

14 de Noviembre de 2017 19:18h

Portavoz del Gobierno
Portavoz del Gobierno

ANDALUCÍA.- El Consejo de Gobierno ha acordado mostrar su disconformidad con la admisión a trámite de 106 enmiendas al proyecto de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2018, presentadas por los grupos parlamentarios Popular Andaluz (PP-A), Podemos Andalucía e Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IULV-CA). El Ejecutivo debe pronunciarse obligatoriamente sobre las que suponen incremento o reducción de las previsiones de ingresos o aumento de gastos cuya financiación no esté plenamente justificada. El Gobierno andaluz, cumpliendo su obligación normativa, expresa su disconformidad sobre un 8% del total presentado por estos grupos.

De las enmiendas rechazadas, 12 plantean un incremento de los ingresos previstos para 2018. El Grupo Popular ha presentado seis que aumentan las previsiones de ingresos en 1.330 millones y una que supone una disminución de 140 millones de euros en la recaudación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Las enmiendas que conllevan aumento de recursos suponen la venta de inmuebles o solares. Estas propuestas no se consideran adecuadas puesto que el proyecto de Presupuesto ya recoge la venta de un lote de inmuebles y, atendiendo a la tendencia de los mercados, no se estima conveniente la enajenación adicional de patrimonio público. Tampoco se considera oportuna la venta de acciones de la Junta en empresas donde su participación no tiene fines especulativos sino que forma parte de una política de fomento de la actividad económica o de prestación de servicio público.

Por otra parte, el Consejo se ha mostrado contrario a las propuestas para incrementar la recaudación del plan de lucha contra la economía sumergida, pues el Gobierno andaluz ya desarrolla un plan específico en esta materia con una previsión de ingresos ajustada a la realidad de su evolución. Respecto al aumento de partidas vinculadas a fondos carentes de personalidad jurídica, estos se encuentran incluidos en el plan normativo para 2017 aprobado por el propio Ejecutivo, que prevé su reformulación.

Las dos enmiendas rechazadas del Grupo IULV-CA plantean un incremento de ingresos por 335 millones de euros derivados de la supresión de medidas relacionadas con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y con el IRPF, que ya fueron adoptadas mediante su correspondiente ley y están en vigor. En el mismo sentido se fundamentan las propuestas rechazadas del Grupo Podemos, que ha presentado cuatro enmiendas con ingresos previstos por importe de 529,78 millones de euros. Las otras dos, referidas a enajenación de inmuebles y reintegros por operaciones corrientes y de ejercicios anteriores, van en el sentido de las planteadas por el PP y se desestiman por los mismos motivos.

Respecto a las que suponen un incremento de gastos presentadas por los grupos parlamentarios, el Ejecutivo rechaza las 93 que conllevan aumentos de crédito cuya financiación no sería viable al no prosperar las enmiendas de incrementos de ingresos rechazadas.

Otros asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha acordado una modificación del acuerdo de 2005 que regula los precios públicos de las actividades de carácter sanitario susceptibles de ser facturadas a terceros obligados al pago, como compañías de seguros para accidentes tráfico, cazadores, deportistas federados y pacientes no europeos que acuden a los centros públicos de forma privada. El cambio tiene como objetivo actualizar las tarifas de servicios vinculados a Atención Primaria.

La medida es consecuencia, entre otros motivos, de la implantación de nuevas estrategias de cuidados de atención a pacientes crónicos, la ampliación de las actuaciones de los profesionales del trabajo social y la incorporación de pruebas diagnósticas y de consultas a demanda de enfermería. De este modo, se modifican y amplían los conceptos por los que se facturarán a terceros actuaciones como consultas médicas y de enfermería; procedimientos de enfermería en centro y en visita a domicilio, tanto en horario ordinario como continuado; consultas de matrona; sesiones de preparación al parto, e intervenciones de cirugía menor ambulatoria.

Además, el Ejecutivo andaluz ha aprobado un decreto que actualiza el funcionamiento, las competencias y la composición del Consejo Andaluz del Deporte (CAD), vigente desde 2003, con el objetivo de dotar de mayor agilidad y eficacia a este órgano consultivo y de asesoramiento de la Junta. La nueva regulación supone el primer desarrollo normativo de la nueva Ley del Deporte de Andalucía e introduce como principal novedad la reducción del número de miembros del Pleno, que pasan de 40 a 29 para mejorar su agilidad respetando el carácter representativo y participativo.

El Consejo de Gobierno ha acordado igualmente la modificación de la estructura orgánica de la Consejería de Educación, con el fin de reordenar las competencias de formación del profesorado y de coordinación con las universidades. Las funciones de la primera de estas áreas se trasladan de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos a la hasta ahora Dirección General de Innovación, que pasa a denominarse de Innovación y Formación del Profesorado. En cuanto a la coordinación con las universidades, la competencia pasa de la antigua Dirección General de Innovación a la Secretaría General de Educación y Formación Profesionales. 

En este sentido, se ha nombrado a Domingo Domínguez Bueno (Nerva, Huelva, 1961)director general de Innovación y Formación del Profesorado. Diplomado en Magisterio y funcionario de la Junta desde 1985, desde junio de este año ocupaba la Dirección General de Innovación. Con anterioridad, fue diputado provincial en Huelva (2015-2017), cargo que compaginó, desde 2007, con el de alcalde de su municipio natal.

En el plano de sanciones, el Gobierno autonómico ha impuesto 450.759 euros al titular de la finca agrícola 'Castillo de Tabernas' (Tabernas, Almería) por la extracción de aguas subterráneas, mediante tres sondeos, sin la correspondiente concesión o autorización administrativa. El responsable de la extracción deberá abonar asimismo una indemnización de 1,11 millones de euros por daños y perjuicios al dominio público hidráulico. También ha desestimado el recurso de reposición interpuesto por Banco Mare Nostrum, SA, contra la sanción de 1,58 millones de euros impuesta el pasado 25 de julio a esta entidad por introducir cláusulas abusivas en contratos de préstamos hipotecariosy por incumplimiento de la información de prestación de servicio.

Por último, se ha rechazado del mismo modo el recurso de alzada formulado por la empresa Publicaciones del Sur, SA, contra el acuerdo de la mesa de valoración del concurso público de readjudicación de licencias para la prestación de servicio de televisión digital terrestre de ámbito local y gestión comercial.

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