viernes. 29.03.2024

Javier Salvador, @jsalvadortp

Desde hace varios días agentes de la Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y hasta un helicóptero del Infoca buscan a un hombre de 67 años, enfermo de Alzheimer, que vaga por los campos de Níjar. Se ha hecho todo lo posible, pero las esperanzas de encontrarlo con vida son cada vez menores y los mas realistas o prácticos entienden que algún día le encontrarán en un barranco, un pozo o sencillamente en un paraje de difícil acceso. Así las cosas es el momento, precisamente ahora, de preguntarle al subdelegado del Gobierno de Almería, Andrés García Lorca, si la genial idea de intentar criminalizar el uso de drones en labores de prevención, vigilancia, búsquedas o rescates, fue una buena idea. Y de paso, preguntarle al ex alcalde de Níjar, el diputado de Cultura de la Diputación Provincial, Antonio Jesús Rodríguez, si aún le quedan arrestos para pedirle a Lorca que intente frenar una de las acciones con más visión de futuro y sentido común que se ha llevado a cabo en los últimos tiempos en esta zona.

Si Níjar tuviese sus drones operativos, que los tendrá de todas formas en breve, desde el minuto uno de la desaparición las pequeñas aeronaves hubiesen sobrevolado la zona en la que se produjo la desaparición. Inspeccionado un primer círculo desde el punto en el que se le vio por última vez al sujeto, se hubiese ampliado a una segunda área y así sucesivamente. El coste de la operación que probablemente hubiese tenido éxito en la primera jornada habría sido para arcas públicas de cero euros, puesto que los recursos a emplear ya estarían descontados.

Ahora imaginen lo que cuesta movilizar a Guardia Civil, Protección Civil, un centro de coordinación del 112 y, nada mas y nada menos que a todo un helicóptero con su dotación y combustible, tal y como se hizo el pasado sábado. O mejor aún, calculen lo que nos ha costado a todos los almerienses que dos tipos como los antes mencionados hagan lo que podemos definir como, sencillamente, mala política.

Y ahora que los nijareños se olviden de este episodio, pero que no echen en saco roto este otro dato que les aporto. Para este verano, en Roquetas de Mar, municipio gobernado por Gabriel Amat, el alcalde investigado por las más de 100 empresas que le relacionan con presuntos chanchullos urbanísticos, tendrá nada menos que 55 agentes de refuerzo de la Guardia Civil. Es la compensación por dejarles sin Comisaría, que posiblemente la van a tener más o menos cuando por los parajes almerienses veamos circular el Ave. Pero bueno, al menos es una compensación, efímera y temporal, pero lo es.

A Níjar, como a otros 19 municipios mas, les toca conformarse con los más o menos 16.000 euros que les corresponden por cuartel, porque para saciar la sed de seguridad en la provincia de Almería el gobierno antidrones del PP invertirá nada menos que 320.000 euros a repartir entre 20 cuarteles, pero estoy totalmente seguro de que el reparto no será tan equitativo, pero sí que estoy convencido de que será insuficiente.

Ahora, con la realidad sobre la mesa, habría que preguntarle al subdelegado del gobierno o al diputado de cultura de la Diputación Provincial y portavoz de la oposición en el Ayuntamiento de Níjar si fue buena idea lanzarse en tromba contra los drones, los mismo que otros municipios como El Ejido y muchos más también evalúan o evaluaban, y que ahora están a la espera de que cambie el Gobierno o al menos el subdelegado del gobierno en Almería. O mejor aún, que sean ellos los que les den una explicación convincente a la familia de Francisco Soto, el enfermo de Alzheimer que aún se busca en la comarca de Níjar desde que desapareciese el pasado jueves.

¿Y si Níjar ya tuviese drones?