Javier A. Salvador, @jsalvadortp
El Mesón Gitano de Almería no es ni mucho menos el gran escándalo de presunta corrupción. Sencillamente se trata de esa venta por la que se ha podido ver lo que sucede en la capital cuando se contrata una obra pública. Las conversaciones entre empresas y técnicos, las relaciones mercantiles entre ellos, los apaños para ajustar presupuestos y compensar con otras obras, el hecho de que los no amigos estuviesen claramente fuera de todo concurso público o que el concejal de Urbanismo le dijese a un empresario que tuviese claro que no le iba a dar nada, son en si mismo el cúmulo de despropósitos que componen ese todo único y principal, la constatación de que hay manta de la que tirar, la prueba de que aquellos que no han querido hacerlo son cómplices políticos de un gobierno al que se le pueden atribuir muchos adjetivos, pero desde luego que el de transparente no.
Ahora bien, una cosa es la posible implicación penal de cada uno, pero otra muy distinta es la responsabilidad política. Y no. Una y otra no pueden competir para ver cuál de las dos da el primer paso.
Si un juez investiga los trabajadores que ha tenido una empresa como Facto, se va a encontrar que mientras los concejales participaban en las decisiones de contratación, esposas y hermanos de éstos trabajaban en la misma sociedad a la que pagaban enormes sumas de dinero. Simplemente con una búsqueda en el registro público de sociedades, sin leer siquiera los informes de las escuchas policiales que forman parte de un sumario que ni tan siquiera está ya protegido por secreto alguno, se comprueba que el jefe de servicio del área desde la que se adjudicaban enormes presupuestos, Juan de Dios Matarín Sánchez, tenía una sociedad compartida con los mismos contratistas que ejecutaban las obras que su mismo equipo supervisaba.
Los tira y afloja se solucionaban bien con las generosas compras de acciones o con la adjudicación de contratos menores que no llamasen la atención, y todo bajo el paraguas de una institución, el Ayuntamiento de Almería, que desde hace casi quince años ha estado gobernada por el mismo partido político.
Si no se enteraron de lo que sucedía tienen que marcharse por incompetentes, pero si lo sabían y miraban hacia otro lado habrá que averiguar hasta dónde llegan las responsabilidades políticas y en qué lugar empiezan las judiciales.
El mismo alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco fue concejal de urbanismo de la ciudad mientras que su hermano trabajaba en la empresa Facto. Él era el responsable político del técnico que tenía parte de la empresa para la que trabajaba su propio hermano. El concejal de obras públicas de antaño tenía a su esposa en nómina de la misma empresa antes de incorporarla a la nómina del propio Ayuntamiento y así hasta completar una enorme relación de parentescos y favores que demuestran aquello de que no hay más ciego que aquel que no quiere ver.
¿Saben lo más frustrante de todo? Que mientras que escribo estas líneas, -17:40 horas-, al mismo tiempo que tengo la mesa plagada de folios y folios de escuchas policiales, estoy oyendo de fondo el pleno de la ciudad y Miguel Cazorla, portavoz de Ciudadanos, el partido que sostiene al PP en el Gobierno, está hablando de la ordenanza que regula la convivencia entre usuarios de carril bici y peatones, así como de esa otra que habla de las caquitas de los perros.
Por cierto, todo se ha aprobado por unanimidad, como el silencio sobre el Mesón Gitano.
