Gerente y consejero delegado se reparten más de 150.000 euros en sueldo pese a la millonaria deuda
TELEPRENSA.- Con unas pérdidas acumuladas de 37 millones de euros según los datos aportados por la alianza de alcaldes socialistas de la comarca del levante y almanzora, Galasa, la empresa pública de la Diputación Provincial de Almería para la gestión del ciclo del agua, se permite el lujo de pagar sueldos de 80.114,17 € a Juan Ignacio Moya, director gerente de la empresa, y nada menos que 77.600,93 a Antonio Lázaro como consejero delegado, un concejal del PP en Huércal Overa que se ocupaba de la cartera de Cultura y que es maestro de escuela de formación. Estos sueldos figuran en los últimos datos oficiales y públicos de la sociedad y se refieren a 2014, pero se desconoce si en 2015 o en 2016 se han producido aumentos de sueldo al estilo de los que Gabriel Amat y Javier Aureliano García Molina, presidente y vicepresidente del PP de Almería respectivamente, les han asignado a su personal de confianza en la Diputación.
Los ejemplos de subida de sueldo más llamativos en la Diputación de Almería desde la mayoría absoluta del PP obtenida en verano de 2015 han sido, hasta ahora, el del 45% a la secretaria personal de Amat, María Dolores Maldonado Sánchez, que cobrara 7.841,14 euros los meses de diciembre y Junio al sumarse pa la pga extra, 3.920,57 euros un mes normal y corriente. También se subió el 45% el sueldo a Fernando Giménez Giménez, presidente de Nuevas Generaciones del PP y asesor en la Diputación, con otros 7.841,14 euros los meses de diciembre y Junio, 3.920,57 euros un mes normal. Con sólo una subida del 25%, pero también en el podio de los cargos de confianza del PP más caros para de la caja común de la provincia de Almería, está la jefa de prensa de la Diputación. María del Mar González Zamora obtiene 8.285.70 los meses de diciembre y Junio, 4.142,85 euros un mes normal y corriente.
La generosidad del PP de Amat y Javier Aureliano Garcia con el dinero de la Diputación Provincial han llevado a la desconfianza en Galasa tras los años de gestión de éstos sobre la empresa pública. Ese distanciamiento empieza a hacer mella en los pueblos que forman parte de la sociedad por recibir servicios de la misma, hasta el punto que cada vez toma más cuerpo la posibilidad de una retirada en bloque de los municipios gobernador por el PSOE, ante el intento de la mayoría absoluta del presidente y secretario general del PP de Almería, de imponer desde el palacete de la calle Navarraro Rodrigo de la capital los precios y condiciones del agua en las comarcas de Levante y Almanzora de la provincia de Almería.
La gestión del agua es un negocio rentable y su concesión a empresas externas como en Almería capital, Roquetas de Mar, El Ejido o Adra entre otros muchos municipios almerienses, genera para los ayuntamientos importantes ingresos al mismo tiempo que les garantiza una mecánica para los servicios apoyada por estructuras especializadas.
La empresa pública del agua controlada por la Diputación Provincial sólo se asemeja a esas grandes estructuras societarias en los sueldos que asigna a directores y consejeros delegados, pero no hay que olvidar que fue precisamente la generación de deudas y presuntos sobrecostes en la empresa pública de gestión de El Ejido, los que llevaron a la famosa Operación Poniente.
A día de hoy la deuda de Galasa se acerca a los 40 millones de euros, el doble de la cifra de la que se hablaba en un principio, y de aceptarse el cambio de estatutos y normas de funcionamiento que intenta imponer el equipo de Gabriel Amat y Javier Aureliano García, ese dinero será pagado entre los ayuntamientos que formen parte de la nueva sociedad que saldrá de los cambios a ejecutar en el próximo mes.
