José Pascual Pozo, Colegio de Abogados de Almería
Primero fueron las tasas, que han alejado a miles y miles de ciudadanos de la Justicia y les han impedido defender sus derechos. Luego, la aplicación de la Ley de Acceso, que ha retrasado innecesariamente la incorporación de cientos de graduados en Derecho al ejercicio profesional. También hemos padecido la amenaza de la supresión de numerosos partidos judiciales con el daño que supone para los ciudadanos y para muchas ciudades españolas y sin un plan alternativo. La Ley de Justicia Gratuita, que está ya en el Parlamento, puede acabar con sistema que funciona y que da respaldo a los más desfavorecidos. La Ley de Servicios y Colegios Profesionales no va a mejorar el funcionamiento de unos ni de otros, pero puede acabar con muchos Colegios Profesionales y con entre 4.000 y 10.000 puestos de trabajo. Y hay en cartera otras muchas leyes que pueden significar un cambio muy negativo en la Justicia española, pero que, como carecen de dotación económica, son un brindis al sol que acabarán pagando, como siempre, los ciudadanos. No verán mejorar la Justicia, sino todo lo contrario.
Por eso, fundamentalmente contra el proyecto de ley de Justicia Gratuita y en defensa de los derechos de los ciudadanos con menores recursos, las Juntas de Gobierno de los 83 Colegios de Abogados de España hemos decidido concentrarnos en Madrid el día 24. Vamos a manifestar al Gobierno nuestra posición unánime.
El proyecto de Ley de Justicia Gratuita es un grave error que traspasa las líneas rojas del derecho de defensa. Aunque nos venden que se han elevado los umbrales de la Justicia Gratuita, no es verdad para muchas personas. No lo es para los solteros, viudos o separados que forman unidades familiares de una sola persona. Estos sólo podrán acogerse si ganan menos de 12.780 euros anuales brutos. Un ciudadano que gane 1.000 euros al mes y tenga una vivienda en propiedad, aunque esté hipotecado hasta las cejas, tampoco tendrá derecho a justicia gratuita.
Si el ciudadano vive en Almería y solicita Justicia Gratuita, a partir de ahora le podrán asignar un abogado que viva en Barcelona o en cualquier otro lugar de España, lo que sin duda, dificultará una correcta defensa y alejará al ciudadano de la Justicia.
Quien pida tres veces el beneficio de Justicia Gratuita será considerado sospechoso de abusar del servicio. Aunque le hayan despedido, le demanden por no pagar la comunidad de vecinos o quiera reclamar una multa injusta.
El proyecto multiplica la burocracia, no garantiza la financiación pública, olvida la gratuidad de prestaciones básicas, menosprecia la labor de los abogados, crea desigualdades...
¿Se está buscando que baje la calidad del servicio, que empeore la atención de los abogados a los clientes, para preparar una privatización? Es posible. Pese a que en los últimos cuatro años ha aumentado el número de personas que utilizan o pueden utilizar estos servicios, el coste total del servicio se ha reducido nada menos que en 40 millones de euros. No ha sido por un descenso de la calidad o la atención a los usuarios. Ha sido a costa de los escasos baremos que cobran los abogados de oficio, en algunos casos reducidos por las Administraciones Públicas en un 40 por ciento o no actualizados en más de 10 años, en otras. Hay abogados que cobran a dos euros la hora de trabajo.
Tenemos una Ley, hecha en 1996, que necesitaba algunos retoques. Tenemos un servicio, mal pagado, muy barato para los Gobiernos porque ese dinero es la mejor inversión en paz social, que funciona bien, sin apenas quejas. Tenemos a más de 42.500 abogados –con una medida de edad de 41 años y más de 13 de experiencia- que cubren este servicio 24 horas al día, 365 días al año, en cualquier lugar de España. Todo indica que el servicio público de Justicia Gratuita será peor en cuanto se aplique la nueva ley. Por eso vamos a defenderlo en nuestra ciudad y en Madrid el día 24.
No es por los abogados, es por los ciudadanos. No es por los que más ganan, sino por los que lo han perdido todo o casi todo. No es por pleitear, es por defender el derecho de acceso a la Justicia de cualquier ciudadano.
Es para que no haya barreras que impidan la tutela judicial efectiva de todos. Es para que no crezcan las desigualdades entre los que pueden pagarlo todo y los que no pueden defenderse de nada. Es una cuestión de justicia.
José Pascual Pozo Gómez
Decano del Colegio de Abogados de Almería
Consejero del Consejo General de la Abogacía Española
