Podemos pide la declaración BIC en cuatro meses para la antigua estación de Ferrocarril de Almería
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Podemos pide la declaración BIC en cuatro meses para la antigua estación de Ferrocarril de Almería

21 de Mayo de 2017 19:40h

Denuncia la inacción del Gobierno en la defensa del Patrimonio y pide la revisión de los expedientes abiertos

Antigua estación del ferrocarril de Almería
Antigua estación del ferrocarril de Almería

ALMERÍA.- El grupo parlamentario Podemos Andalucía ha solicitado a través de una proposición no de ley la declaración urgente como Bien de Interés Cultural (BIC) para cuatro enclaves patrimoniales andaluces cuyos expedientes se abrieron hace más de 30 años en el mejor de los casos pero que el Gobierno andaluz mantiene en un limbo legal, pues ni los cierra ni procede a su protección.

En este sentido, y atendiendo a su especial relevancia histórico-cultural, Podemos Andalucía solicita que, en un plazo máximo de cuatro meses, el Gobierno andaluz haga efectiva la declaración como BIC de la antigua estación de ferrocarril de Almería (cuyo expediente se abrió en 1985); el centro histórico de Lucena, Córdoba (con expediente desde 1972); el centro histórico de Salobreña, Granada (cuya tramitación se inició en 1965); y la Plaza de España en Sevilla (cuyo expediente se inició en 1981).

Desde Podemos, además, se ha denunciado la inacción de la Consejería de Cultura en decenas de expedientes incoados que llevan décadas esperando respuesta por parte de la administración sin que ésta, a pesar de las leyes que la obligan, declare las figuras de protección necesarias y destine el presupuesto para ello. Por este motivo, la iniciativa de Podemos Andalucía insta al Consejo de Gobierno a revisar todos los expedientes incoados al amparo de la Ley de Patrimonio Histórico Español y la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía como inicio del trámite para la declaración de Bienes de Interés Cultural en territorio andaluz, y que no fueron resueltos ni cerrados en los plazos establecidos, de modo que se proceda a resolverlos en el plazo máximo de seis meses.

Como ha explicado la portavoz de Cultura de Podemos Andalucía, Lucía Ayala, a pesar de la precisión de las leyes en cuanto al procedimiento a seguir y los plazos a cumplir para tramitar la protección de los bienes de nuestro patrimonio, la realidad de su aplicación dista mucho de su literalidad.

Esta circunstancia hace que decenas bienes y monumentos andaluces se encuentran en una situación de vulnerabilidad, de modo que no cuentan con garantías reales de protección, puesto que la coyuntura provisional prevista en la ley viene aparejada a trámites y plazos que nunca se concluyeron ni cumplieron. Esta "provisionalidad permanente", como lo califica Ayala, "genera grietas legales que pueden ser usadas a capricho para justificar su desprotección efectiva". Así, destaca que todas las provincias andaluzas cuentan con numerosos bienes en el limbo de las incoaciones no resueltas, muchos de ellos de especial significado histórico, artístico y patrimonial.

Casos destacados

Por citar algunos de los casos más conocidos, en la provincia de Almería destaca la imponente Estación Antigua del Ferrocarril, un majestuoso ejemplo de la arquitectura de hierro y cristal de finales del siglo XIX. Su expediente fue incoado en 1985, cuando se aprobó la Ley de Patrimonio Histórico Español. Treinta y dos años después, distando mucho de los dieciocho o veinte meses que establecen las legislaciones de patrimonio, el expediente sigue sin cerrarse. Como consecuencia, y agravado por la incertidumbre sobre su función futura, ha sufrido numerosas amenazas de demolición y malos usos, habiéndose realizado intervenciones en la misma sin el control legal que debiera corresponder a un bien de este calibre. A pesar de las constantes voces de alarma que la ciudadanía eleva, siendo lugar recurrente de concentraciones de protesta, la Junta no ha procedido aún a resolver el caso.

La misma suerte corren la Plaza de España en Sevilla o los cascos históricos de Lucena y Salobreña, que también engrosan la lista de lugares que debieran estar sujetos al máximo grado de protección con todas las garantías legales pero que, por la ineficacia de las administraciones, permanecen en este estado de vulnerabilidad, provisionalidad y desprotección.

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