Javier Aureliano García junto al presidente de Diputación Gabriel Amat
TELEPRENSA.- La instrucción del denominado caso facturas que pretende demostrar que se utilizó el Patronato Provincial de Turismo para encubrir gastos que no tenían partidas presupuestarias o no correspondían a la Diputación de Almería, ha dejado tantos flecos e interrogantes que son varios los imputados que van a presentar recurso. Uno de ellos ya se ha hecho efectivo y pide la imputación de Javier Aureliano García, vicepresidente de la Diputación Provincial y secretario general del PP en Almería, así como del interventor de la institución, ya que fue él quien autorizó los pagos presuntamente fraudulentos. Así de claro lo deja el abogado Francisco Torres en las alegaciones de su escrito de Recurso de reforma y apelación al auto dictado por el juzgado de Instrucción Número 6 de Almería.
El letrado interpreta como sospechoso que el juez investigue a unos funcionarios determinados cuando fue el interventor general de la Diputación, en aquel entonces José Luis García García, “quien informó favorablemente” sobre el “expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos” y añade que “ya es llamativo que haya pasado en calidad de testigo, una funcionaria y el propio interventor y que no hayan pasado en calidad de imputados el interventor,… o incluso la Tesorera, (María José Pérez Choín) y el secretario, (Mariano José Espín Quirante)”.
Con ello se intenta dar luz a uno de los asuntos más oscuros en este caso, es decir, cómo se acusa a una funcionaria que corrobora que la factura se ajusta al modelo para proveedores y no se sospecha de quienes autorizan los pagos, “un conforme no da dinero”, afirma el abogado.
Otro detalle que sorprende de la instrucción al abogado que presenta el recurso es cómo se imputa a un empleado de la Diputación por una factura que al juez no le queda clara, por un importe de 300 euros “y por el contrario consta el informe realizado por el inspector jefe de la Policía que afirma que Javier Aureliano García (PP) pagó casi 40.000 euros por dos facturas falsas”.
El abogado, que representa a la funcionaria Teresa González Rivera, pide, por otro lado, una relación de facturas y documentos de pago al objeto de acreditar “que el procedimiento seguido en el Patronato ha continuado igual con el nuevo equipo de gobierno que, en estas actuaciones, se erige como denunciante”.
Por otro lado, el recurso que impugna la instrucción del juez se pregunta por un hecho que tendrá una enorme relevancia una vez que el sumario salga del juzgado que ejecuta esta fase preliminar, como es el hecho de que se encarcelase al gerente de una agencia de viajes por negarse a declarar, lo que provocó que la persona apresada “haya cambiado tres veces de declaración, también su defensa, arguyendo colaboración en aras de una rebaja de pena”, afirma.
El Juzgado de Instrucción número 6 de Almería dictó auto el pasado 30 de mayo dando por finalizada la instrucción del conocido como caso facturas con la imputación de 21 personas.
