Marcial Vázquez
Uno de los ministerios más inservibles de este gobierno nefasto de derechas que tenemos es, sin duda, el de Exteriores. Por eso no es de extrañar que su ministro se dedique a hablar de todo menos su gestión, que oscila entre inexistente e inoperante. El problema de fondo es que Margallo viene a rellenar un hueco que ha dejado vacío el presidente del gobierno, porque para Rajoy el problema catalán es algo que se arreglará por el “sentido común” y gracias al “estado de derecho”. Este es el estilo político de Mariano: no hacer nunca nada porque otros ya lo harán por él, sea Merkel, la Constitución o algunas juezas de pasarela y prevaricación. Si tuviésemos que resumir en un concepto los 3 años en Moncloa de Rajoy sería sencillo: él ha venido aquí a disfrutar, y no tiene tiempo de “politiqueos”. No en vano en algunas ocasiones ha lanzado ese chascarrillo de “haga como yo y no se meta en política” que tan infames recuerdos nos trae a los españoles que creemos en la democracia. Ya sabemos que el PP no.
Pero seamos sinceros: ¿tiene solución el llamado problema catalán? Solución, en cuanto a satisfactoria para las dos partes, no la tiene. Por lo menos en la actualidad. Solo hay dos salidas: o ruptura pactada o conflicto perpetuo. Ofrecer federalismo a quien pide secesión es otro camino equivocado, a menos que la secesión para Mas y para CiU tenga un precio el cual puede negociarse. Lo que pasa es que aunque esto fuese así, sería complicado domesticar a una ERC dispuesta a la ruptura como única salida y llegada de ese viaje a una Cataluña independiente que no sería, ni de lejos, ese país de bienestar y progreso que intentan venderle a los catalanes tras décadas de adoctrinamiento anti español. Porque uno de los pilares básicos de ese movimiento civil a favor de la separación catalana reside en la propaganda anti española que se ha inculcado a la sociedad de Cataluña, del mismo modo que gran parte de la derecha en el resto de España ha alimentado un anti catalanismo en grandes capas de la sociedad española.
Con esto quiero decir que los culpables de esta situación de ruptura constitucional y estatal es una derecha que aunque antagónica en sus manifestaciones, es gemela en sus partes más íntimas, porque no existe nada más parecido a la derecha española que la derecha catalana. Y si hablamos de ERC, hay que ponerle en el “debe” de su resurrección al suicidio electoral y político al que se está viendo abocada CiU con la hoja de ruta de Mas que no tiene otro fin que la consulta a los catalanes, sin importarle la situación crítica en bienestar, sanidad, salud y trabajo, que atraviesa Cataluña sin propuestas ni soluciones alguna. La corrupción al por mayor de Pujol no es una mera anécdota que intentan ocultar apelando al carácter “particular” del latrocinio de la familia Pujol-Ferrusola. En Cataluña se han reproducido todos los vicios que también hemos padecido a lo largo de la democracia en toda España.
Llegados a este punto, algo es evidente: el referéndum que propone Mas está fuera de la ley. Y se supone que una administración no puede ejecutar actos contrarios a la ley suprema a la que está sometida, en este caso la Constitución. Pero dejando de lado estos elementos jurídicos que son parte clave del análisis, vayamos a plantear políticamente qué solución tendría que ofrecer el gobierno de España al gobierno catalán si aumenta la presión social en Cataluña para conseguir “su derecho a decidir”.
En primer lugar es preciso desmontar una de las grandes falacias a las que se aferran muchos catalanistas a la hora de justificar la consulta: el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Este concepto jurídico que reside en el derecho internacional no se puede aplicar, bajo ninguno de los supuestos, a la situación catalana. Por lo que la justificación legalista estaría desactivada a la hora de otorgar ese referéndum por parte del gobierno español.
Otra cosa bien distinta es que se plantee que existe una comunidad que en su mayoría ha decidido no querer convivir con el resto de España porque defienden su identidad nacional propia y piden que sea completada con un estado independiente y separado del español. Esta, y no otra, es la verdadera razón del “problema catalán”: no reclaman ser una nación, sino que empujan en las pretensiones de ciertas élites del poder para conseguir un estado propio. La existencia de España no impide a los catalanes expresar y desarrollar su identidad nacional propia, es decir, su lengua, sus símbolos propios, su cultura o sus instituciones.
Por lo tanto, si yo fuese presidente del Gobierno plantearía una consulta pactada con el gobierno catalán, en términos de participación, apoyo y plazos. Situaría el referéndum de aquí a 2 años, el nivel de participación en un 70% del censo, y el apoyo a la secesión a partir del 65%. Y explicar, en el caso de separación, las contrapartidas que Cataluña tendría que devolver al estado español en concepto de soberanía traspasada. Entre tanques y urnas la apuesta de los demócratas no admite dudas.
