Javier Salvador, @jsalvadortp
Cada vez que escucho hablar a Manuela Carmena recuerdo aquello de que más fácilmente se añade lo que falta, que se quita lo que sobra, porque pese a sus muchos detractores me parece uno de los pocos ejemplos de moderación en el entorno político, y mira que ha tenido ataques que hubiesen justificado un “ahí se quedan ustedes con sus fanfarrias”. Y lo digo porque parece que en este país no aprendemos nunca a ser serios en el momento que se exige serlo.
Vivo en Almería y conozco perfectamente lo que significa presión inmigrante no regulada, administraciones que pasan de largo sobre el asunto desde todos los colores y posiciones políticas, y organizaciones que se dejan la piel en intentar arreglar la situación con apenas cuatro duros de ayudas públicas.
Pero el caso de Lavapiés no es un problema de inmigrantes sin recursos que se buscan la vida como pueden con una manta y cuatro bolsos de imitación, es sencillamente un asunto de mafias, de organizaciones criminales que se valen del hambre de personas que no tienen tiempo ni dinero para defender ideales y que por ello como mucho llegarán a crear motines, pero nunca revoluciones. Eliminar las penas por esa actividad, que me parecen una barbaridad, no les libera por contra de esa otra esclavitud que parece que no queremos ver.
Si tenemos verdadera intención de ayudarles lo tenemos bien fácil, es terriblemente sencillo, pero eso implicaría dejar parte de nuestras propias vergüenzas al aire. Y me explico.
No quiten al mantero de las calles, síganles hasta conocer quién es su distribuidor, la persona que le sigue en la pirámide y que es el penúltimo escalón de una red criminal. Quítenle a ese su mercancía, porque es sencillamente de procedencia ilegal e igual, después de ello, puede que encuentren el almacén nodriza del que se nutre porque, sencillamente, no es tan difícil. No hace falta ni que intervengan los grupos de operaciones especiales de la Policía, ni mucho menos utilizar los nuevos y caros equipos que adquirirá en breve el ejército. Un sencillo seguimiento desde las mismas policías locales, un par de detenciones y un poco de colaboración desde la inspección de la Agencia Tributaria para que no sólo pierda la mercancía esa empresa legal que seguro que está a la cabeza de todo, sino que también signifique su introducción en el oscuro mundo de las sanciones millonarias por defraudar al fisco.
La operación es sencilla pero incómoda porque obviamente quienes tejen esas redes no son novatos en eso de controlar el entorno. Y no hablo de posibles policías corruptos, sino de problemas aún mayores, pues desde quienes les alquilan locales aun sabiendo para lo que los usan y hasta quienes miran para otro lado cuando esas mercancías llegan en contenedores a nuestros puertos, forman un entramado mucho mas complejo que el de los propios distribuidores.
Una red criminal sólo se replantea su modelo de operaciones, en este caso la distribución por manteros, si su mercancía no llega a las calles porque se ataca su red intermedia de distribución. Si el golpe se asesta justo en el momento que los bolsos tienen que llegar a las calles ese el instante en el que, precisamente, mas duele. Y es así porque tras de sí hay toda estructura de gasto que ya no recibirá el dinero que la permite seguir viviendo. Es decir, para que un bolso o una zapatilla falsa llegue a nuestras manos, ha tenido que pagarse fabricación, transporte, almacenamiento y distribución capilar que depende de que algún insensato compre la mercancía creyendo que adquiere un chollo y que, además, ayuda a un pobre inmigrante sin recursos a ganar un euro. Pues no, ese sujeto sólo alimenta una red criminal.
Dicho esto, tengamos claro que la lucha contra los manteros no es tan complicada como la pintan, pero es mucho mas sencillo lavarse las manos aunque se trate del mismísimo Lavapiés.
