Francisco Cortés García, Universidad Autónoma de Chile
Es sorprendente cómo el caso de las denominadas tarjetas black, o tarjetas opacas, ha ocupado tanto espacio periodístico y distraído tanto la atención de los españoles en las últimas semanas, diluyendo, informativamente hablando, el caso Pujol y otros tantos, muchísimo más graves, que han ido salido a la luz en los últimos tiempos, curiosamente siempre en tiempos de crisis: cuando ya no hay más que expoliar, y cuando muchos de los beneficiados de la corrupción han dejado de serlo y han tirado de la manta. Pero aún es más sorprendente la aparente candidez de los consejeros a la hora de dar explicaciones y justificar su codicia desmedida.
Estos señores, que supuestamente han tenido que debatir sesudos temas y problemas financieros y bancarios cuando eran miembros del Consejo de Administración de Caja Madrid / Bankia, o de su Comisión de Control, y que debieron ser elegidos por su pericia, por su experiencia, por su sentido común y por su honorabilidad, pretenden quedar eximidos de su responsabilidad diciendo que creían que los importes se los declaraba la entidad, o que eran gastos de representación, o que eran sobresueldos.
Muchos de ellos eran economistas, como son el caso de Iranzo y Moral Santín; o juristas, como es el caso de Virgilio Zapatero, que sabían perfectamente que: 1) el IRPF es personal e intransferible, y que debe ser declarado directamente por el contribuyente / sujeto pasivo; 2) que los gastos de representación tienen que ser eso, gastos que se generan en el ejercicio de representación de la entidad, debiendo reportar valor para la empresa; y 3) que los sobresueldos, amén de tener que declararse ante las autoridades fiscales, deben estar recogidos en algún contrato, convenio o acuerdo explícito, especialmente cuando estamos hablando de consejeros de un consejo de administración que, jurídicamente, son los administradores de la entidad y responsables últimos de su gestión.
A mi juicio este hecho no debe quedar impune, y, a poco que se indague, es fácil detectar tipificaciones en el código penal que son manifiestamente aplicables. No obstante, muchos españoles ya han percibido claramente que la justicia no es igual para todos, y que los delitos de guante blanco quedan en gran parte impunes debido al generoso sistema de prescripciones, al aún más generoso sistema de aforamiento, a la falta de controles, a la protección política, a posibles lagunas y artimañas legales y/o procesales, etc. Muchos nos tememos que este caso quede en meras sanciones fiscales por no haberse declarado los ingresos, y que esta clase extractiva, como se denomina ahora, quede impune penalmente cuando, con una mano, expoliaba una entidad que después tuvo que ser intervenida por una desastrosa y escandalosa gestión, con un inmenso aporte de recursos públicos; y, con la otra, comercializaba productos de inversión a perfiles de ahorradores (preferentistas), incurriendo éstos en un riesgo que desconocían, y simultáneamente desahuciaban a muchas familias con grandes dificultades económicas.
Entiendo el morbo que supone el que haya trascendido al detalle la relación de gastos, muchos de ellos escabrosos y escatológicos, en los que han incurrido los consejeros, habiendo sido explotado dicho morbo hasta la saciedad por parte de los medios de comunicación. Incluso como experimento sociológico ha sido interesante, pues la inmensa mayoría de los consejeros, que se suponen eran personas normales, sucumbieron a la seducción de estas tarjetas.
Pero este hecho, que, en términos relativos y cuantitativos no es tan grave como otros, no debe opacar en términos informativos a éstos. Me refiero al caso Pujol, a los ERE de Andalucía, al caso Gürtel, al caso Bárcenas, al despilfarro de Valencia, a los grandes escándalos urbanísticos, a la desaparición de las cajas de ahorro, etc. Por ejemplo, a mí me preocupa más el sueldo y prebendas legales de Blesa o de Rato que lo que se han gastado con las tarjetas black. Resulta que lo que se han gastado con ellas es el chocolate del loro. En base a qué se justifican esos descomunales y escandalosos sueldos, por no hablar de sus incentivos y fondos de pensiones. A mi juicio son injustificables, ni operativa ni éticamente. Y esos sueldos se repiten en la mayor parte de los consejos de administración de nuestro país con una base societaria y accionarial grande.
La inmensa mayoría de los consejeros están comprados al ser nombrados de facto por la cúpula directiva de las grandes empresas, atentando contra uno de los principios más básicos del buen gobierno corporativo. Es el consejo de administración el que debe nombrar a los directivos y no al revés, creándose graves problemas de agencia para las compañías. De hecho, la mayor parte de los problemas de las cajas ahorro que han tenido que ser intervenidas están relacionados con problemas de agencia / gobernanza. Pero este problema no es exclusivo de las cajas de ahorro: afecta a la mayor parte de los bancos y prácticamente a todas las grandes empresas con gran base accionarial de nuestro país.
La solución no es otra que trabajar en la creación de sólidos y creíbles mecanismos de buen gobierno corporativo y de democracia empresarial; no solamente por cuestiones éticas, también por razones operativas. No hay que olvidar que el problema de las cajas de ahorro se hubiera podido resolver con la creación de mecanismos institucionales adecuados relativos al control y a la gobernanza, pues la representatividad de los consejos era muy alta (eran políticos), pero ni a los gobiernos ni a los reguladores / supervisores les interesó este tema. Y no hay que olvidar lo que dijo Galbraith en su testamento intelectual: los grandes problemas del siglo XX han estado relacionados con temas de gobierno corporativo (el parafraseo es mío).
