Gabriel Amat, protegido hasta ahora por Javier Arenas y su círculo se queda solo en su camino al juzgado
TELEPRENSA.- Gabriel Amat, presidente de la Diputación Provincial de Almería denunciado por la fiscalía de Almería de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, entre otros, ve como su situación en el partido se agrava al poder perder sus principales asideros políticos, la protección de Javier Arenas y Juan José Matarí, tras conocerse que Jaume Matas, ex ministro del Gobierno de Aznar y ex presidente de Baleares a quien Mariano Rajoy elogió públicamente como gestor, estaría negociando con la fiscalía su confesión total sobre las corruptelas relacionadas con obras públicas y pagos de comisiones al Partido Popular. Según publica el diario El Mundo “el ex presidente balear Jaume Matas ha ofrecido a la Fiscalía Anticorrupción revelar que fue Javier Arenas quien le montó la reunión en Génova con el ex tesorero Álvaro Lapuerta, en la que se habría acordado el amaño del concurso del gran hospital público de las Islas”, publica el mismo rotativo al que hace apenas un año la diputación provincial de Almería que gobierna Amat pagó la gala de premios El Caminante, de El Mundo Andalucía.
Pese a que el propio Arenas y el PP en general intentan quitar hierro al asunto, no hay que olvidar que otros políticos están en estos momentos en centro del huracán político judicial por mucho menos, como el actual portavoz en el Congreso del Partit Demòcrata Català y 'exconseller' de Presidència, Francesc Homs, que declara hoy en el Supremo por contestar un e-mail a una de las empresas que prestaron servicios a la consulta ciudadana sobre la independencia catalana.
La caída de Javier Arenas, y con él la mas que previsible su inseparable jefe de gabinete y ahora Diputado por Almería Juan José Matarí, dejan a Gabriel Amat en una muy complicada situación dentro del Partido Popular justo en el momento que la justicia comienza a señalarle a él y a su familia como parte de un burdo modelo por el que obtenían contratos desde el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, por ahora entre 2008 y 2014, si bien existe otra investigación abierta sobre más de 100 empresas que habrían sido beneficiadas por este mismo ayuntamiento en las que figuran hasta 56 familiares suyos, una acción judicial que la Audiencia Provincial de Almería ratificó el mes de mayo.
Penas de cárcel
Así las cosas, en estos momentos el fiscal atribuye a Amat, su yerno y uno de los funcionarios de confianza del primer edil, acciones que podrían ser constitutivas de varios delitos de prevaricación según el artículo 404, de tráfico de influencias del artículo 428 del Código Penal, de fraude del artículo 436, y de actividad prohibida a funcionario público del artículo 442.
Por el delito de fraude (artículo 436), el Código Penal establece penas de prisión de 2 a 6 años e inhabilitación especial de 6 a 10 años. Por prevaricación el artículo 404 del Código Penal deja abierto un abanico de entre 9 y 15 años de inhabilitación, mientras que por tráfico de influencias (artículo 428), las penas previstas de entre 6 meses y dos años de prisión, multa tanto al duplo del beneficio obtenido e inhabilitación especial de empleo o cargo público de 5 a 9 años.
En el caso de delito de negociaciones prohibidas a funcionario público como el que se atribuye al único trabajador del ayuntamiento denunciado por ahora, la pena es de 6 meses a dos años de cárcel, multa e inhabilitación especial de 5 a 9 años
