Rafael Esteban
ALMERÍA.- El Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Almería ha presentado una moción para debatir en Pleno con el fin de recabar apoyos para solicitar la derogación de la reforma del Artículo 135 de la Constitución de 2011, la de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, conocida como Ley Montoro, que entiende está suponiendo una 'asfixia' para los ayuntamientos. IU pretende que se devuelva por parte de los bancos los intereses abusivos cobrados y que 'cesen de inmediato' los recortes y la austeridad, 'revirtiendo sus consecuencias, identificando a sus culpables e indemnizando a sus víctimas'.
MOCIÓN PARA LA DEROGACIÓN DE La REFORMA DEL ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN, DE LA LEY DE ESTABILIDAD PRESUPUSTARIA Y SOSTENIBILIDAD Y LA LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
Rafael Esteban Martínez, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida- Los Verdes Convocatoria por Andalucía, y enrepresentación del mismo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento Orgánico del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almería, en concordancia con lo establecido en el artículo 97, apartado 3, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta, para su debate y aprobación, si procede, la siguiente
MOCIÓN
Derogación de la reforma del Articulo 135 de la Constitución, la de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad y la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Consideramos la modificación que se produjo en el 2011 del articulo 135 de la Constitución, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la Ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local unas legislaciones profundamente injustas que se han impuesto sin legitimidad democrática. De hecho esta última, conocida por Ley Montoro, ha sido declarada parcialmente inconstitucional. La aplicación de estas normas socava la autonomía de los ayuntamientos y gobierno autónomos y ataca los derechos de la ciudadanía.
La socialización de las pérdidas que supuso el rescate a la banca española (disparó la deuda y el déficit en 2012), se sigue promoviendo con medidas como el Plan de Pago a Proveedores (FFPP) de los ayuntamientos o el Fondo de liquidez Autonómico (FLA), que lejos de servir a los intereses generales, en realidad a quien ha servido es a los bancos, convirtiendo deuda comercial en deuda financiera y aplicando a las Administraciones Públicas unas tasas de interés abusivas hasta 26 veces superiores a las que el BCE aplica a las entidades financieras. Tanto en los ayuntamientos y comunidades sobreendeudados por obras faraónicas e inútiles, pelotazos urbanísticos, sobrefacturaciones, sobornos y todo tipo de corruptelas, como en administraciones en principio saneadas, el Plan de Pago a Proveedores y el FLA han inflado la deuda pública de manera ilegítima.
El Gobierno ha demostrado que cuando le interesa sí alivia la deuda. Así, en 2015, año electoral, el Gobierno del Sr. Rajoy eliminó los intereses que los municipios tenían que pagar a los bancos y los postergó al año siguiente, imponiendo incluso a los bancos una rebaja en los intereses durante siete años, reconociendo así que éstos eran claramente abusivos.
Llevamos desde 2010 soportando unos salvajes recortes económicos y de derechos. En el último año, el Gobierno, pese a estar en funciones, ha seguido aplicando la austeridad impuesta desde la Unión Europea, con especial saña hacia los ayuntamientos, que son las corporaciones más cercanas a la población, y CCAA, encargadas de cubrir necesidades básicas como la educación o la sanidad, aunque son las Administraciones Públicas, menos endeudadas (un 2,7% y un 21,2%, respectivamente, en comparación con el 74,7% de la Administración Central). El total de la deuda pública en el segundo trimestre de 2016 alcanzó el 100,5% del PIB.
Por todo lo expuesto el Grupo Municipal de Izquierda Unida propone al Pleno del Ayuntamiento de Almería la adopción de los siguientes:
ACUERDOS:
1.- Un cambio radical de la política de asfixia financiera aplicada por el Gobierno Central hacia los ayuntamientos y Comunidades Autónomas.
2.- La derogación de la reforma del Artículo 135 de la Constitución de 2011, la de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
3.-La devolución por parte de los bancos de los intereses abusivos cobrados.
4.-El cese inmediato de los recortes y la austeridad, revirtiendo sus consecuencias, identificando a sus culpables e indemnizando a sus víctimas.
