Juan Antonio Palacios Escobar
Parece que fue ayer, pero han transcurrido diez años desde que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha la Ley de Atención a la Dependencia, que además de ser uno de los mayores avances sociales y de protección de nuestra joven democracia supuso el establecimiento del cuarto pilar del Estado del Bienestar, junto con los Sistemas de Salud y Educación y la universalización de las pensiones.
Son muchas las personas en nuestro país que han sido y son beneficiarios de la misma y muchos también las familias, las personas cuidadoras y los trabajadores que trabajan en el sector. Por tanto nadie puede discutir que el sistema es un impulso para el empleo, ya que solo en nuestra tierra Andalucía, han supuesto 45.000.
Sería injusto no reconocer la verdad y la realidad no solo de las cifras sino de las personas y es en nuestra Comunidad Autónoma de la mano de gobiernos socialistas, donde más se ha desarrollado la atención a las personas en situación de dependencia, mientras que en otras con políticas del PP se la ha dejado morir por inanición.
Y es que si la Ley contempla en su letra la financiación al 50% del Gobierno de España y las Comunidades autónomas, el señor Rajoy ha ido reduciendo su aportación paulatinamente, de tal manera que en el momento actual la Junta de Andalucía financia el 78% y el ejecutivo del PP desde la Moncloa solo el 22%.
Solo en la provincia de Cádiz se han atendido 50.000 personas con un total de 65.700 prestaciones, de las que unas 10.000 han tenido lugar en el Campo de Gibraltar. Por poner solo un ejemplo en el ámbito provincial hay 6.600 plazas concertadas en centros geriátricos.
Sin el deseo ni la pretensión de abrumarles con cifras y números resultan curiosos dos hechos. El primero que sea el Presidente del Partido Popular y aspirante a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla quien precisamente fuera el verdugo mayor de los recortes en la Ley de Dependencia que se produjeron siendo él, Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad bajo la batuta inigualable de Ana Mato como ministra.
El segundo aspecto a destacar es que con lo que el Gobierno del PP le debe a Andalucía se podrían haber atendido 105.000 personas más, quizás porque su intención no era mantener un derecho y consolidarlo sino desmantelarlo y privatizarlo.
Está claro que una vez más la Junta de Andalucía, con Susana Díaz al frente vuelve a encabezar las políticas sociales y en esta ocasión seguimos avanzando con la aprobación del primer plan de Prevención de la Dependencia y la Promoción de la Autonomía Personal 2016-2020 y que contempla una inversión de 1.765 millones de euros.
Y por otra parte asumimos desde Andalucía asumimos, el ser los principales impulsores de que exista un Pacto de Estado en Defensa del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia. Si logramos este objetivo, no solo habremos consolidado este cuarto pilar del Estado del Bienestar sino que la financiación necesaria estará garantizada gobierne quien gobierne y nuestros mayores o personas con discapacidad no vivirán con el alma en vilo y con la incertidumbre de recibir un derecho que les corresponde.
Además este pacto ha de consolidar el impulso de unos servicios de calidad y profesionalizados, y reforzar que exista una coordinación permanente y eficaz entre los servicios sociales y sanitarios que tanta incidencia tienen en las personas afectadas.
