ALMERÍA.- La Inspección de Trabajo y la Guardia Civil han desarrollado una operación que ha culminado con el afloramiento de un total de 31 trabajadores sin dar de alta en la Seguridad Social. Se trata de un operativo desarrollado gracias al Convenio de Colaboración en materia de lucha contra el empleo irregular y fraude a la Seguridad Social establecido entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio del Interior, un convenio que se viene realizando en Almería con una estrecha colaboración entre la Inspección de Trabajo y la Guardia Civil.
En esta ocasión, los funcionarios de Inspección de Trabajo y los agentes de la Guardia Civil centran la atención en establecimientos de hostelería de las zonas de ocio y de gran afluencia turística, sobre los que se están realizando actuaciones en materia de control de empleo.
Dichas actuaciones e inspecciones van encaminadas a verificar si los trabajadores de los establecimientos están dados de alta en la Seguridad Social, así como si las horas que están dados de alta se ajustan a la realidad de las horas trabajadas.
La última actuación desarrollada de manera conjunta entre Guardia Civil e Inspección de Trabajo se llevó a cabo a primera hora de la noche del pasado día 31 de julio, en diversos establecimientos ubicados en una conocida zona de ocio de la localidad de Aguadulce-Roquetas de Mar (Almería).
Durante el desarrollo de dicha actuación, se han inspeccionado 15 establecimientos de ocio-restauración, destapando un total de 31 trabajadores sin dar de alta en la Seguridad Social, 6 de los cuales, de manera paralela, compatibilizaban el trabajo en el establecimiento con las prestaciones o subsidio de desempleo.
Igualmente se han detectado 15 contratos de trabajo a tiempo parcial, cuyos trabajadores lo hacían superando ampliamente el horario establecido, no ajustándose la realidad a las horas trabajadas.
Tanto Guardia Civil como Inspección de Trabajo seguirán con esta línea de colaboración en próximas actuaciones, a la vista de los buenos resultados que está dando.
Los empresarios que tengan en su plantilla personal sin contrato se enfrentan a una multa de 3.126€ por trabajador, con recargos del 20% hasta 50% que se incrementan en función del número de empleados que no estén dados de alta en la Seguridad Social, sin perjuicio de las responsabilidades penales que podrían exigirse tras la reforma del Código Penal en el año 2012.
