Javier Salvador, @jsalvadortp
La fijación del Partido Popular con el control del agua es, cuando menos, alarmante, y hasta resulta cachondo que ahora hable de solidaridad entre los pueblos, consecuencias para los trabajadores y deslealtad institucional con la salida de los ayuntamientos almerienses de la empresa pública Galasa, precisamente ese partido que tiene al país que no sabe si estar colorado de vergüenza o verde de ira, con los casos de corrupción que le salen cada vez que tocan una empresa de aguas. Aún no hay nada, que se sepa, relacionado con Galasa y que se investigue desde los juzgados, pero tampoco hay explicación alguna que sustente el hecho contrastado desde que una empresa con millones y millones de euros en pérdidas sea capaz, al mismo tiempo y sin ruborizarse, de mantener sueldos millonarios para su personal de máxima confianza.
Qué sería del levante almeriense si la desaladora de Cuevas de Almanzora, que costó 77 millones de euros, además funcionase. No olvidemos que está inutilizada porque algún genio la puso en un terreno inundable y, además, es una de las piezas clave en la operación Frontino, esa que habla de los chanchullos de personal de confianza puesto por el PP que presuntamente se llevó mordidas supermillonarias. Ya se sabe que a estos servidores públicos les gusta más una cuenta en Suiza a un niño un silbato de caramelo.
No. El PP no puede hablar de agua y hacerse la víctima al mismo tiempo, mientras el caso del Canal de Isabel Segunda no quede aclarado y se sepa dónde están las decenas, los cientos de millones que se sospecha han desaparecido, porque si sólo al jefe de la trama se le presumen más de 50 millones en sus cuentas en el extranjero, qué no pillaron aquellos que le hicieron el trabajo sucio.
Y con estos hechos, y los antecedentes de una empresa pública cuyo máximo responsable no es otro que el investigado presidente de la Diputación de Almería, Gabriel Amat, lo raro no es que los ayuntamientos se quieran ir, porque lo extraño es que sencillamente no huyan.
