Elena Torres, teleprensa.com Almería
La nula apuesta de España por la investigación no es algo nuevo. Desde hace tiempo, con la crisis se agudizó, se viene reprochando el fuerte recorte que sufre el sector cada vez que hay que ajustar alguna partida presupuestaria. Amparado en la necesidad de reducir el déficit público, el Gobierno rebajó los recursos para este campo y muchos proyectos tuvieron que abandonarse por falta de financiación. Como consecuencia, también, muchos investigadores se vieron obligados a abandonar y emigrar hacia otros países que dan más valor al campo científico.
Sin embargo, este escaso interés por la investigación no parece que obedezca a criterios meramente económicos. El director y un jefe de unidad de la Plataforma Solar de Almería acaban de dimitir al ver frenada su gestión por una medida del Gobierno que fiscaliza los recursos de los que dispone y no proceden precisamente de los Presupuestos Generales del Estado. Según denuncian, desde 2016 las normas impuestas por el ministerio de Cristóbal Montoro frenan el gasto de los recursos procedentes de Europa para proyectos científicos y lo peor no es que no se lleven a cabo actuaciones para las que hay partida presupuestaria sino que si no se cumple con los objetivos, la Comisión Europea reclamará la devolución de fondos con intereses.
La cuestión es tan burda que le deja a una perpleja. Ya no se trata de que el Gobierno no destine presupuesto para investigación sino que frena el procedente de Bruselas por un extraño control que se ‘ve obligado’ a hacer de los recursos púbicos. Y el asunto no parece que le altere mucho ya que han programado una reunión para el 19 de diciembre, a poco más de diez días para que una docena de investigadores se vayan a la calle.
Visto lo rápido que este Gobierno se movió para aprobar un decreto que permita la marcha de empresas de Cataluña, parece evidente que la fuga de talentos y el desarrollo científico no están, ni de lejos, entre sus prioridades.
