Javier A. Salvador, teleprensa.com
Es tan grave la situación, tanta la desconexión entre sociedad y partidos, que el hecho de no aceptar que España necesita unas elecciones anticipadas ya, pero ya de ya, es generar más sospechas aún sobre que los hay, a pseudopolíticos me refiero, que sólo quieren estar al frente de determinadas administraciones para intentar tapar y no dejar huellas.
No pueden ser detenidos medio centenar de altos cargos en el centro neurálgico del país por corrupción y que pretendan ponerle punto y final en un rifirrafe en el Congreso de los Diputados, porque las instituciones empiezan a perder significado en la calle, desde donde en vez de verlas como centros para la defensa de los ciudadanos, éstos escupen al pasar por ayuntamientos y diputaciones señalándolos con el dedo como cuevas de presuntos ladrones.
No se puede continuar en un modelo en el que nadie confía. No se puede pedir el sacrificio de nadie cuando personas que cobraban sueldos de entre 5.000 y 8.000 euros al mes, además necesitaban robarle a sus vecinos para cumplir con sus expectativas para el puesto, mientras en el sector privado apenas ganaban menos de la mitad. Sencillamente no se puede permitir.
Y hay algo claro, incontestable. No se puede dejar lugar a la sospecha. Hay más concejales y alcaldes sin imputar que imputados y por esa regla de tres hay más honrados que presuntos chorizos. Ahora bien, si todos quieren que entendamos ese claro mensaje de ni uno más, qué problema hay en convocar elecciones generales, aprovechando las municipales, con el fin de poder hacer nuevas listas en las que ni estén los actualmente imputados ni aquellos que son secretos a voces que lo van a estar.
Particularmente me cuesta entender cómo en Almería, por ejemplo, pero llámale Alicante, Murcia o como quieras, el imputado presidente de la Diputación, del PP y alcalde de Roquetas, Gabriel Amat sigue en su puesto casi una semana después de que una jueza decretase su imputación en un caso que era tan evidente como el del Auditorio de su pueblo que más que duplicó el presupuesto, la construcción de un centro comercial ilegal llamado Gran Plaza o la extraña casualidad de que la empresa Hispano Almería se llevase casi todas las obras públicas. Sí, eran y son evidentes hasta el punto de que no sólo llevará a los juzgados al elemento en cuestión, sino que también se investiga el porqué de esos retrasos al igual que pasó en Castellón.
Me cuesta entender que el alcalde de Almería, que no recuerda cómo pagó las obras de su anterior casa a la famosa Hispano Almería, aún mantiene como concejal de urbanismo a un imputado en, precisamente, un delito relacionado con su gestión al frente de esta área.
Está claro que no lo toman en serio, que pretenden creer que los escándalos son flor de un día, pero se equivocan. Eso era antes, como que aquello de “lo dice el periódico, será verdad”, quedó desterrado por ese otro “dicen en internet que…”
Hacen falta unas elecciones generales y no vendría mal que coincidiesen con las municipales, porque si hay que cambiar o ratificar que sea de una vez por todas.
Además, si convocan ahora elecciones igual tienen ventaja y el fenómeno Podemos se los pase por la piedra por estar aún verde, -y puede que esa sea su verdadera fuerza-, que parece de chiste que un tipo con barbas y que se llama Pablo Iglesias se convierta en la principal preocupación del PP sin ni siquiera ser del PSOE.
Manda huevos.
