El PP de Almería pierde el consorcio de basuras de Almanzora- Levante- Los Vélez
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El PP de Almería pierde el consorcio de basuras de Almanzora- Levante- Los Vélez

30 de Noviembre de 2016 13:39h

El TSJA invalida la elección del alcalde de Olula del Río (PP) como presidente

El TJA da la razón a los alcaldes del PSOE
El TJA da la razón a los alcaldes del PSOE

TELEPRENSA.- El Partido Popular de Almería ha perdido de facto la presidencia del Consorcio Almanzora-Levante-Los Vélez, un organismo público del que dependen los servicios de recogida de basuras de 46 municipios y, por tanto, uno de los principales contratos de esta naturaleza que hay en la provincia. Según una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Adalucía se han vulnerado los Estatutos del Consorcio,  ya que se debió votar con el sistema de voto ponderado, considerando la población de cada municipio implicado, que es lo que establecen los Estatutos, y no el sistema voto por municipio, que no viene recogido en ninguna norma, pero que el PP intentó colar para mantener la presidencia de la entidad.

La sentencia obliga a repetir una votación en la que los populares no conseguirán la mayoría necesaria, un duro golpe que se suma a la crisis de Galasa, la empresa pública que el gobierno de la Diputación pretende sacar de la quiebra subiendo recibido del agua, precisamente, a los ayuntamientos gobernados por el PSOE, que también suman la mayoría de los usuarios de una sociedad pública presidida por Gabriel Amat.

El escándalo del consorcio de basuras de Almanzora-Levante- Los Velez llegó a los tribunales pese a que dieciocho informes de secretarios e interventores municipales, un informe de la Consejería de Administración Pública de la Junta de Andalucía y otro de la Fiscalía ratificaron que la elección del presidente y vicepresidente del consorcio se realizó contraviniendo lo que establecen sus estatutos. Los informes fueron dados a conocer en su momento por el portavoz socialista en la Diputación Provincial de Almería, Juan Antonio Lorenzo,  y el alcalde de Arboleas y candidato a la Presidencia del Consorcio, Cristóbal García, en una rueda de prensa en la que ya advirtieron de que el dictamen de la Fiscalía era el primer paso de un proceso judicial que obligaría a repetir la votación. Ahora, una sentencia firme obliga a volver al punto de inicio.

El caso se remonta al pasado mes de septiembre, cuando el alcalde de Olula del Río, el ‘popular’ Antonio Martínez Pascual, alcalde de Cantoria denuncia por acometer obras públicas antes de que firmasen los contratos de ejecución, fue reelegido presidente del Consorcio de residuos Almanzora-Levante-Vélez mediante una votación en la que cada miembro de la Asamblea –incluido el representante de la Diputación Provincial– emitió un voto, pese a que los Estatutos del Consorcio obligaban a ponderar los votos en función de la población de cada municipio. Como resultado de esta “ilegalidad”, según denunció el PSOE, Antonio Martínez Pascual se perpetuó en el cargo con los votos a favor de los alcaldes del PP y el representante de la Diputación, en detrimento del otro candidato, Cristóbal García, que contaba con el apoyo del resto de la Asamblea.

“El Partido Popular nos invitó entonces a ir a los juzgados y es lo que hemos hecho, poner el tema en manos del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de la capital, que se ha hecho cargo del caso y que terminará dictando una sentencia, en la que muy probablemente obligará a la actual Junta Directiva a repetir la Asamblea, respetando esa vez la legalidad, a la vista del informe de la Fiscalía, que no sólo establece que se incumplieron los Estatutos, sino que también incide en que se vulneraron derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española”, relató Lorenzo.

El portavoz socialista ya aseguró en su momento que no entendía “qué hace la Diputación colaborando en esta tropelía, que no se cometió contra un partido político, sino contra miles de ciudadanos de la provincia de Almería, a los que se les negó su legítima representación”. “Me pregunto si la Diputación, que es la que asesora a los municipios, se va a ver en la vergüenza de llegar al día del juicio y que se declare legalmente que se vulneraron los derechos y que la Diputación colaboró”, señaló, antes de insistir en que “a la vista de los hechos, la Diputación, el alcalde de Olula del Río y los ilegítimos representantes del Consorcio están tardando en convocar una asamblea y en ajustar a la legalidad la situación que ahora mismo tiene el Consorcio”.

Por su parte, el alcalde de Arboleas, Cristóbal García,aseguró que, a la vista del informe del fiscal, entiende que, en la reunión de la asamblea, “se produjo un pucherazo al estilo bananero” para impedir que el alcalde de Olula del Río dejara el cargo. “Estamos sorprendidos de que incluso alcaldes jóvenes se metan en estos líos, no entendemos que en el siglo XXI se siga actuando igual que en los años 60”, concluyó.

La sentencia le llega a Gabriel Amat, presidente de la Diputación y del PP en un muy mal momento, y ya no sólo por las causas judiciales que hay abiertas en Roquetas de Mar y que han llevado a la fiscalía a presentar una denuncia contra él directamente, sino porque la gestión llevada a cabo por su número 2, Javier Aureliano García, para llegar a un acuerdo sobre Galasa se ha convertido en una lucha política que no se desatascará si, entre otros, no dimiten los actuales directivos y el propio Aureliano asume con su marcha la responsabilidad política de los más de 40 millones de euros de pérdidas de la empresa pública.

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