Luis J. Pasamar. AxSí-Almería
Me he quedado estupefacto al enterarme que les piden 5,6 millones de euros (casi 1000 millones de pesetas) a cinco pueblos al expulsarlos de GALASA por no aceptar la subida de tarifas. No afirmo que lo sea pero esto tiene pinta de coacción, repito no digo que lo sea, digo que lo aparenta, pues puede que haya motivos más que sobrados para esa sanción.
En estos cinco municipios el agua se capta de pozos entubados y se realiza un tratamiento físico-químico, pero aunque no he estado en todos, en los que he estado el agua tiene un sabor que no me resulta muy agradable para quitarme la sed. Si reúne las condiciones del RD 140/2003 por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano lo desconozco, pero realizar un análisis por un laboratorio independiente y de prestigio para comprobarlo, no me parece un gasto excesivo para esos Ayuntamientos que al parecer, van a tener que subir el precio del agua o pagar 5,6 millones de euros.
Y que no se preocupen eso cinco pueblos, cualquier empresa de aguas es capapz de instalarles unas membranas que mejoren la calidad del agua, a cambio de la concesión del servicio durante unos años.
Subir el precio de un producto solo puede obedecer a criterios de calidad o inversiones realizadas. Creo que la mayoría de las infraestructuras de GALASA, si no todas, las ha pagado la Junta de Andalucía y sabiendo los tejemanejes de las cuentas de GALASA (me refiero a los movimientos de cantidades a la hora de cifrar la dueda), me extraña que los Alcaldes de esos pueblos no hayan encargado ese simple análisis, ni hayan exigido una auditoría completa, independiente y por una empresa auditoria de presitigio, que les aclare el por que de esa cantidad y no otra.
En la empresa GALASA han pasado cosas muy curiosas, desde la pérdida de una cantidad importante de dinero, asociaciones de dirigentes para comprar otras otras empresas, servir agua en condiciones tan lamentables que provocó una alerta sanitaria e incluso el tratamiento como funcionarios dado a los empleados a la hora de recortar derechos, al tiempo que se les trataba como trabajadores de una empresa privada para recortarles derechos, sin que haya habido quejas de sindicatos, Alcaldes, oposición en Diputación, ni asociaciones de consumidores y/o usuarios.
Aquí todo el mundo llora y acata, la apariencia de todo esto es bastante sospechosa, parece que todos los implicados tuvieran algo que esconder, repito que en apariencia y todos lloraran con un solo ojo, mientras que el pueblo llano aguanta lo que le echen, eso sí, pagandolo cada vez más caro.
En AxSí-Almería no contamos con Sherlock Homes, Hércules Poirot, el Comisario Maigret, ni con la posibilidad de contratarlos para descubrir el misterio, pero podemos hacer conjeturas basándonos en los indicios y exigimos una auditoría total realizada por una empresa solvente y libre de toda sospecha de la empresa GALASA que es de capital público y tiene que rendir cuentas a los auténticos dueños, que somos quienes pagamos impuestos.
