Audiencia Provincial de Almería
TELEPRENSA.- La Fiscalía de Almería no ha tenido en cuenta ninguno de los argumentos de las defensas del exvicepresidente de la Diputación, ni la exsecretaria del Patronato de Turismo de Almería, ya que tras elevar esta mañana a definitivas sus conclusiones en una nueva vista del caso 'Facturas', sigue considerando que ambos idearon diversas fórmulas para, presuntamente, apoderarse del dinero del Patronato de Turismo a través de falsas facturas elaboradas por empresas que suministraban a este organismo. Paradógicamente, el resto de acusados que sí han declarado siguiendo la línea argumental de la fiscalía y Diputación, parecen no ser ya tan culpables como en la instrucción y a todos ellos les rebaja o retira su acusación. Ahora le toca el turno a las defensas, que pedirán un escrupuloso estudio de las pruebas físicas y no de los testimonios de quienes precisamente han conseguido la rebaja de sus penas, lo que podría ser un duro trago tanto para el ministerio público como para la acusación particular, de la Diputación Provincial, después de cuatro años de instrucción.
La Fiscalía mantiene su petición de siete años y nueve meses de prisión para Luis P. M. por delitos continuados de malversación de caudales públicos, fraude a la administración, falsedad en documento mercantil, falsedad en documento oficial y prevaricación y pide además su inhabilitación durante 19 años y medio y una indemnización a la Diputación de 690.821,07. También mantiene su acusación contra María Teresa G. R., ex secretaria delegada del Patronato Provincial de Turismo, que se enfrenta a nueve años y diez meses de cárcel y al pago de una indemnización a la Diputación de 696.202,99 euros.
El fiscal ha retirado la acusación contra uno de los responsables de la empresa Viajes Bernardo, Bernardo H.B. y solicitado que se deduzca testimonio contra Miguel M.J. por posibles delitos de malversación y fraude que "no habrían aún prescrito", y realizado algunas rebajas en el caso de los otros catorce acusados juzgados, siendo los más beneficiados la administradora de Viajes Bernardo y el exasesor socialista Juan B.
También siguen acusados Joaquín C., de 'Publifiestas Conde', y los administradores de la agencia de viajes Leitour, Francisco Javier G. y Arístides Javier M., para los que pide las mayores penas de cárcel e indemnizaciones, sin contar a Pérez M. y Teresa G.
Según el relato de los hechos dibujado por del fiscal, los principales acusados acordaron en septiembre de 2007 un plan para apropiarse de fondos públicos del Patronato Provincial de Turismo y "quedárselos para sí o destinarlos a gastos particulares ajenos a la función pública de sí mismos o de otras personas". "Para ello, se concertaron con empresarios que contrataban con el Patronato para el suministro de bienes y servicios. Estos elaborarían facturas por unos servicios que no se prestaban o bienes que no se entregaban haciendo constar en el la factura el concepto que aquéllos les indicaban, generalmente haciendo referencia a servicios que podrían ser propios del Organismo Autónomo".
Afirma que en múltiples ocasiones, el exvicepresidente dictó resoluciones, previo informe favorable de la exsecretaria, "acordando la contratación de bienes o servicios con conocimiento de que no se iban a prestar pero sí pagar por el Patronato". El total de la cantidad supuestamente defraudada a la Diputación Provincial de Almería empleando este mecanismo asciendea 601.443 euros, según el fiscal.
"Los acusados decidieron de común acuerdo justificar gastos privados de ellos y otras personas como gastos de la actividad propia del Patronato con el fin de que fueran pagados con fondos públicos. De este modo, entre los meses de enero de 2008 y diciembre de 2010, aportaron al Patronato un total 697 facturas o ticket en su gran mayoría correspondientes a gastos de restauración, que no se correspondían a gastos efectuados en el desarrollo de la actividad propia del Patronato de Turismo", añade, precisando que hacían constar que eran gastos del Gerente del Patronato cuando aquél no los había efectuado. La cantidad total presuntamente defraudada por este método al Patronato asciende a unos 73.000 euros.
Por otro lado mantiene que en enero de 2011 se dictó otra resolución para atender los gastos que se originarían por el Patronato en la Feria Internacional de Turismo que se iba celebrar entre los días 19 y 23 de enero, efectuó un libramiento a justificar a María Teresa G. por importe de 20.000 euros debiéndose justificar la aplicación de los fondos recibidos. El día 18 de enero dictó una nueva resolución, en la que habiendo advertido un error en la persona habilitada, se efectuaba el libramiento al Jefe de Negociado de Promoción Turística.
"La acusada ideó un plan para apropiarse de los fondos del libramiento que no fueran necesarios gastar en la FITUR, en esta ocasión sin conocimiento del acusado Pérez Montoya. Para ello, dispuso que los 20.000 euros fueran transferidos a una cuenta particular a su nombre que tenía entidad Cajamar y no a ninguna de las cuentas bancarias del Patronato de Turismo de las que ella estaba habilitada para disponer e incluso de las que tenía tarjeta de crédito. Como quiera que en la celebración de la FITUR 2011 el Patronato de Turismo tuvo gastos que no alcanzaban el importe total del libramiento, la acusada con la finalidad de quedarse con los 5.381,92€ restantes hasta completar los 20.000€ del libramiento, procedió a confeccionar dos facturas de empresa que nunca han tenido relaciones comerciales con el Patronato por importe de 2.506,32€ y 2.875,60€", dice el fiscal.
Añade que entre los meses de septiembre y octubre de 2010 fueron entregados en el Patronato de Turismo cuatro teléfonos móviles de la marca iPhone por un importe total de 2200,7 euros y que ambos acusados dispusieron que uno de esos teléfonos móviles fuera entregado al también acusado Juan B., quien "sin tener relación alguna con el Patronato se quedó con el teléfono para sí. Así mismo, asignaron a ese teléfono una línea cuyo consumo era facturado por la compañía Vodafone al Patronato ascendiendo a 3.623,37 € el importe del consumo efectuado". por Juan Antonio B.
"No ha podido determinarse el destino de, al menos, dos de los otros teléfonos Iphone que P. M. y G. R. entregaron a personas ajenas al Patronato de Turismo. El importe de los tres teléfonos no destinados al Patronato de Turismo asciende a 1.650,51€", dice el Ministerio Público.
Relata también cómo el día 11 de abril de 2011 el Consejo Ejecutivo del Patronato Provincial de Turismo, presidido por el acusado, y a su propuesta, procedió a aprobar expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos correspondientes al año 2010. El acusado "hizo esta propuesta y votó a favor del acuerdo pese a tener conocimiento que los créditos que se aprobaban contenían al menos 6 facturas de Leitour por un importe total de 54.223,36 que correspondían a servicios no prestados al Patronato". Previamente, el 6 de abril, la Secretaria Delegada, "había emitido un informe favorable a la aprobación del acuerdo pese a tener el mismo conocimiento".
Por último, afirma que aproximadamente en el mes de junio del año 2011 y tras la celebración de elecciones locales que motivaban un cambio en la Presidencia de la Diputación Provincial de Almería, se extrajo del archivo que abundante documentación oficial ordenando su destrucción. Entre la documentación destruida se encontraban todos expedientes relativos a anticipos de caja fija de los años 2008 a 2010.
El fiscal concluye que la cantidad total sustraída de los fondos públicos del Patronato de Turismo asciende a 694.025,76 euros y que "participó en la sustracción de toda la cantidad, Luis P. M. en 690.821,07 €, Joaquín C. en 509.606,84 euros, Francisco Javier G. y Arístides Javier M. en 363.187,84 euros".
"Estas cantidades representan una parte importante del presupuesto con el que contaba el Patronato Provincial de Turismo para el cumplimiento de sus fines en general la promoción turística de la provincia de Almería y supuso un daño a ese servicio público. Así, la facturación por conceptos no reales de LEITOUR S.L al Patronato en el año 2009, en la que participaron los cinco acusados antes relacionados, ascendió a 246.064,43 €. Esa cantidad fue sustraída del presupuesto aprobado por acuerdo del Consejo Ejecutivo de 9 de marzo de 2009 para Plan de Actuación de asistencia a ferias y eventos turísticos de ese año 2009 que era de 407.500 € por lo que se defraudó el 60,38% de la cantidad destinada a ese fin". precisa.
