jueves. 28.03.2024

Javier Salvador, @jsalvadortp

Mientras que para el diccionario de la Real Academia de la Lengua llama es un masa gaseosa en combustión, que se eleva de los cuerpos que arden y despide luz de variado color, en Cantoria, a 92 kilómetros de la capital, “llamas” es el nombre de un clan familiar que desde hace años controla al PP local, y que tras el último pleno municipal tienen unas caras que cambian de color, y de qué manera, al destaparse que durante años la sede del partido ha estado a nombre del Ayuntamiento y que nadie se había enterado de ello pese a que uno de los Llamas, mira por dónde, trabaja precisamente en el área de catastro del propio Ayuntamiento. Para que se hagan una idea del lío montado les reproduzco una parte de la nota de prensa hecha pública, porque sencillamente no tiene desperdicio: “… recordar que Pedro Llamas, hermano del actual Portavoz del Partido Popular, accedió a la Alcaldía en el año 2003, mismo año que estos locales empezaron a estar a nombre del Ayuntamiento de la localidad. A todo esto hay que añadir, que el yerno de José María Llamas, y sobrino del que fuera Alcalde de Cantoria, Pedro María Llamas, lleva trabajando en el Área de Catastro del Ayuntamiento de Cantoria desde el año 2009, por lo que podría haber legalizado la situación de los inmuebles”.

¿Qué ha supuesto todo esto? Pues desde el Ayuntamiento estiman que unos 35.000 euros de pérdida para el Consistorio, ahorro para los otros. Y claro, con ese dinero apenas pagas cuatro meses de un diputado, pero resulta que en un pueblo como Cantoria, con menos de 3.500 habitantes, igual te sacas el sueldo de tres o cuatro personas sin problema alguno.

Les cuento esto porque el otro día, mientras escuchaba al Fiscal General del Estado decir eso de que nadie tenía realmente ni idea de cuál era el cometido del ministerio público, igual era el momento de que lo aclarasen, porque sería bueno saber si este tipo de cosas son investigables por ellos de oficio o sólo se actuaría si el equipo de Gobierno, ahora del PSOE, denuncia los hechos en un juzgado además de enseñarle los papeles a los vecinos.

Claro, por otro lado entiendo a la alcaldesa de Cantoria, ya que fue nombrada candidata unas semanas antes de las elecciones, sustituyendo a su esposo que se vio obligado a renunciar después de que le pillasen de fiesta total y que, casualidad, a las pocas horas se filtrase la actuación de la Guardia Civil. Nadie daba nada por ella, pero la rabia que surgió en un pueblo en el que todos interpretaron aquello como una encerrona con sello personal, la llevaron a conseguir la mayoría absoluta sin apenas despeinarse.

Y entiendo que ella prefiera contarle las cosas a sus vecinos y no a la Fiscalía Provincial o a los juzgados vía denuncia, -modelo que no comparto- y ya no por desconfianza o intento de venganza, sino porque para qué va a presentar nada si en los juzgados de Purchena llevan un año para ver lo que hacen con otra denuncia contra otro alcalde del PP, el de Olula del Río, que hizo unas obras públicas antes de que se hubiese firmado el contrato del concurso. Pero vamos que es el mismo alcalde que contrató a una empresa vinculada por la Policía con una trama corrupta de esas que parece que sólo se mueven por Madrid y que en Almería se puso las botas con los planes de eficiencia energética pese a informes contrarios de secretarios entre algunos aspectos que deben ser menores, pero sólo a día de hoy.

Lo que está claro es que tenemos que hacer un cursillo para ver en qué casos podemos acudir a instituciones como la Fiscalía General del Estado, quitando los que ya sabemos, como por ejemplo poner un tuit que pueda ser ofensivo.

Cantoria en llamas