jueves. 28.03.2024

Presentación de la nueva LOUA

ALMERÍA.- Tras la presentación del borrador de la nueva ley urbanística andaluza que tuvo lugar este pasado lunes 18 de diciembre, el asesor jurídico de AUAN, Gerardo Vázquez, que estaba presente en el acto que tuvo lugar en Sevilla, pide la protección de los derechos del ciudadano en el urbanismo andaluz.

Declara Gerardo Vázquez “la idea de esta nueva LOUA es buena, dado que trata de agilizar los plazos en la tramitación del planeamiento, no obstante, se echan en falta medidas que protejan los intereses de los ciudadanos de a pie.  En ese aspecto, estamos enfatizando, como medida primordial, la necesidad de que las viviendas en asentamientos irregulares tengan derecho a su agua, luz y escritura, a través de la figura jurídica de lo que se llama un AFO, al igual que ocurre con las parcelaciones; pues, al fin y al cabo, un asentamiento es una especie de parcelación, y no hay razón para que exista esta discriminación.” 

Preguntado, sobre las otras inquietudes de AUAN, declara “Aparte de ello, también consideramos importante que sea obligatoria la inscripción en el Registro de la Propiedad de los procesos encaminados a la demolición de viviendas, como lo es en otras comunidades autónomas, y para que los terceros inocentes no se vean ante la tesitura de haber comprado una casa con una orden de demolición. Asimismo, se echa en falta en esta nueva LOUA alguna mención de los derechos humanos al domicilio y a la propiedad del ciudadano, dado que estos derechos humanos marcan el límite de la actuación de la Administración.  Por otro lado, el borrador de la nueva LOUA establece el derecho del ciudadano a obtener información urbanística  del Ayuntamiento, pero no establece que dicha información sea vinculante ni siquiera la adecuada responsabilidad del Ayuntamiento si la información es errónea. 

Por último, añade el Sr Vazquez, “se alargan cada vez más los plazos que tiene la Administración para reaccionar contra la construcción de viviendas que podrían ser ilegales, pero a nuestro entender ello sólo es una muestra de la incapacidad de la Administración de actuar contra las ilegalidades urbanísticas. El plazo original de 4 años, recientemente cambiado a 6 años, ya era más que suficiente si existiesen los medios adecuados para luchar a tiempo contras las ilegalidades urbanísticas y ahí está la clave. Alargar el plazo a 8 años, como está previsto en el borrador de la nueva ley, sólo fomenta la inseguridad jurídica y quiebra confianza del ciudadano en los actos de la Administración, pues no es de recibo, para dar un ejemplo, que un ciudadano construya pensando que lo ha hecho legalmente, y una vez pasados 7 años, la Administración le diga, lo siento mucho, pero tu vivienda es ilegal y vamos a actuar contra ella.”

AUAN pide respeto a los derechos de los ciudadanos en la nueva LOUA